Tan lentamente como avanza una tortuga en un prado con muchos obstáculos, del mismo modo sin prisa y con pausas se desarrolla el proceso autonómico en el país, debido principalmente a causas que se originan en la burocracia administrativa de las Gobernaciones.
Las asambleas departamentales no están poniendo todo su empeño para que se cumplan algunas recomendaciones, que formuladas desde el ministerio del ramo debieran ser consideradas como instructivas determinantes para que la aplicación del modelo a lo largo y ancho del país.
Lamentablemente sucede que hasta el presente se hicieron muchos intentos pero con pocos resultados favorables en esa tarea de contar con la base estructural del sistema que son los estatutos autonómicos. En algunos distritos, los primeros que impulsaron la corriente, evidentemente ya se lanzaron los elementos necesarios para hacer viable este cambio estructural que permitirá liquidar el centralismo y permitir a cada región guiar sus pasos de manera independiente y en la búsqueda de claros objetivos de desarrollo sostenible.
Hay departamentos sin embargo, que no han podido estructurar las normativas pertinentes para consensuar criterios de sus sectores comunitarios de modo que se incluyan en los estatutos esos derechos y obligaciones que con igual sentido de responsabilidad deben comprometer a los habitantes del campo y a los que viven en las ciudades, sin que exista discriminación de ninguna clase y menos favoritismos generados en el ámbito político partidista.
Se entiende que una vez aprobados los estatutos autonómicos de las nueve asambleas departamentales recién se podrá pensar en la estructuración del marco legal que constituye la aprobación de las leyes que afiancen el marco normativo del nuevo Estado con autonomías.
Hay que recordar que todas las asambleas departamentales comenzaron a trabajar en el tema de los estatutos autonómicos a fines de mayo del pasado año, pero lamentablemente dirigieron su tarea a la solución de problemas logísticos de infraestructura en cada gobernación, pero sobre todo a la urgente adaptación personal al nuevo trabajo, pues la mayoría era nueva en las tareas de legislación, nacional y departamental, por tanto, buen tiempo se perdió en ese proceso que todavía tiene altibajos al no priorizar elementos específicos como los estatutos autonómicos, tan necesarios para definir la institucionalidad y profundización del sistema de autonomías.
Los pasos que faltan son delicados y merecen mayor responsabilidad por parte de los “actores departamentales”, las autoridades, los asambleístas, los parlamentarios, también los dirigentes institucionales de todo nivel para que juntos definan la que resultará la “Carta de Normativas Departamentales” que abrirá las posibilidades de asumir responsablemente los pasos a seguir en cada uno de los rubros que tienen que ver con el uso de nuestras riquezas, la explotación de las mismas, su procesamiento y exportación; pero al mismo tiempo, dejará abierta la oportunidad de crear impuestos regionales, como una forma de fortalecer los ingresos regionales, debiendo en todo caso coordinar las propuestas a través de los mecanismos que serán diseñados en el proceso de vínculos autonómicos del Estado Plurinacional.
Hay que avanzar con prisa en la elaboración de estatutos de manera que la demora en cumplir esa obligación constitucional no se convierta en freno a las expectativas del desarrollo departamental, que dependiendo del caso puede obstruir nuestros anhelos de crecer, sin depender y sin deber favores a nadie.
Fuente: LA PATRIA
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