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Domingo 30 de enero de 2011

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Revista Dominical

Comentarios sobre política económica, responsabilidad del estado, cambio estructural, ajuste fiscal y costo social

30 ene 2011

Fuente: LA PATRIA

Por: Fernando Gómez Suárez - Docente universitario de la FNI

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Cuando pensamos en política y Estado no podemos aislar la directa relación que tiene el Estado sobre la vida económica de cada uno de nosotros y su accionar que está dirigido hacia un fin especifico apoyado en la existencia de un plan, un esquema o un programa. En esa lógica estableceremos una serie de comentarios de matiz netamente económico a raíz del reciente abrogado Decreto Supremo 748 que tenía por finalidad eliminar los subsidios para lograr un alivio fiscal en las arcas del Estado para además garantizar la inversión petrolera en la producción de líquidos. Decreto que por su naturaleza generaba un cambio en la cadena de costos y por ende de los precios de todos los productos.

Si bien el mercado es una forma de organizar la actividad económica y bajo algunas condiciones opera eficientemente, en los últimos dos años se empiezan a notar cambios significativos con un aparente tinte especulativo y que en forma directa toca a los consumidores. Circunstancia que justificó la intervención gubernamental vía control de exportaciones del aceite, de la carne de pollo, de la soya, etc. Pero no sólo el mercado puede fallar, sino también el gobierno puede hacerlo.

Esta observación constituye una advertencia, que conviene tener presente cuando se juzga la acción de uno u otro sistema. Es absolutamente correcto decir que ciertas intervenciones estatales adecuadas pueden corregir deficiencias en la operación del mercado y por este camino ayudar a obtener mayores niveles de bienestar para la población; pero también es cierto que existen ciertas fallas en los procesos de decisión pública que pueden llevar a un resultado contrario y que se han puesto de manifiesto cuando se empieza a cuestionar la subvención a los carburantes y el bien publicitado impacto negativo sobre nuestra economía.

En este contexto debemos recordar que el Estado tiene la obligación de cumplir un papel adecuado en la administración independientemente de su línea política sea socialista, capitalista o mixta, que es la de precautelar en primer lugar, el crecimiento económico o desarrollo económico y que contempla como fin único el esfuerzo del Estado para contribuir, con la actividad privada y pública al avance de la técnica, de la producción y al mejor aprovechamiento de los recursos naturales, así como al aumento de la productividad del trabajo, todo con el fin de elevar continuamente el nivel de vida de la sociedad. En segundo lugar, buscar la estabilidad económica que tiene a los precios como su referente más importante y que en los últimos meses no ha podido ser controlado provocando un inusual escenario con sintomatología de escasez e inestabilidad de precios en los artículos de primera necesidad. La respuesta inmediata está concentrada en la empresa estatal Emapa que no está logrando abastecer a la creciente demanda y tampoco está logrando establecer un referencial de precios que imite el mercado para evitar incrementos de precios de los productos básicos en expendios diferentes a los de Emapa. En tercer lugar, el Estado también debe priorizar sus políticas para una eficaz distribución de la riqueza que difiere de la mentada mejor re-distribución de la renta en la que están inmersas políticas impositivas, programas de seguridad social, políticas agrarias, programas públicos de viviendas, políticas de salarios mínimos y programas de educación y salud, que buscan eliminar desigualdades.

Sin embargo, existen algunas tendencias como las que plantean como óptima una distribución del ingreso basada en las necesidades de las personas, hasta quienes creen que la distribución que se da en forma natural no debiera ser alterada, pasando por quienes piensan que lo importante no es la igualdad sino superar el problema de pobreza, preocupándose en definitiva de asegurar un nivel absoluto mínimo de ingresos protegido de los efectos inflacionarios. Finalmente, en cuarto lugar el Estado está en la obligación de lograr un nivel de empleo estable y creciente dentro de la actividad formal que es la que inyecta recursos a la economía en su conjunto.

Si los lineamientos básicos de política económica y responsabilidad del Estado en cuanto a su administración nos dan directrices claras es menester discernir sobre la coyuntura actual y las señales que tenemos respecto de la salud pública y que requiere enfrentar en forma inmediata el primer escollo: determinar la forma de eliminar la subvención a los hidrocarburos. Surgen las interrogantes de ¿cuándo lo hacemos?, ¿cómo lo hacemos?, ¿quién está dispuesto al sacrificio? y que dada la coyuntura no será fácil la aplicación de un ajuste por las connotaciones sociales que esta acarrea.

Generar un escenario donde socializamos la enfermedad pero evitamos hablar de la fecha y el procedimiento de la cirugía es pensar en un futuro inmediato lleno de incertidumbre que nos impide fijar un horizonte de corto plazo con objetivos cuantificables, alcanzables y motivadores que en definitiva inviten a generar verdaderas políticas de transformación. Hoy estamos atravesando la fase del auge de la informalidad viendo cómo nuestra ciudad se sumerge en esta actividad convirtiéndola paulatinamente en una ciudad mercado de venta de productos importados, artículos de consumo, artículos nuevos y usados en cuanta calle o avenida sea posible. A la par, existen importantes proyectos inconclusos que han demandado una fuerte inversión en recursos económicos, como ejemplo tenemos: la carretera Oruro- Pisiga, carretera Huanuni - Llallagua, distribuidor vehicular Tagarete.

Es el momento de reconducir un Estado que está dando señales de tener frágiles cimientos que se ahondan cuando se trata de ordenar la casa a la par de mantener subsidios y bonos que cumplen un rol social importante pero que dificultan el accionar económico y nos imposibilitan ver la cara desmaquillada de la economía; también podemos advertir que las nacionalizaciones representan el gran reto de generación de riqueza que no se concreta y ponen de manifiesto la pérdida de competitividad de las mismas.

Hoy urge un cambio estructural que es más que un simple ajuste fiscal y financiero; el cambio estructural consiste en readecuar el Estado de forma acelerada acorde a las nuevas condiciones que impone la nueva democracia y la economía que se está aplicando con activa participación del Estado. Hoy como nunca, la política debe ser funcional a la economía en la perspectiva de cuidar el capital humano que debe especializarse en construir país y no en fortalecer la cultura de las marchas, los bloqueos, las crucifixiones y las huelgas de hambre que no hacen otra cosa que mostrar la fragilidad de un aparato generador de empleo sin horizonte y permite que nuestros recursos humanos estén en las calles clamando mejoras en vez de estar en los centros productivos construyendo riqueza beneficiosa para toda la sociedad. En suma existe un gran desafío que es el de lograr la armonía entre la economía y la inversión social y posibilitar en el futuro inmediato la generación de excedentes que afirmen la política económica y que no se den exclusivamente por las condiciones favorables de intercambio.

Otro sector que tiene que volver a retomar su rol es el sector privado que debe coadyuvar al Estado, quien debe acelerar la creación de iniciativas que fomenten la inversión privada para comprometer su aporte en la política social.

Hoy como en los años setenta vivimos un auge en cuanto a precios de las materias primas en los mercados internacionales y hoy también como en esos años no estamos siendo capaces de cambiar nuestra condición de país exportador especializado en materias primas. Este contexto externo favorable nos debe permitir lograr el rediseño del Estado en forma inmediata y urgente. La abrogación del decreto 748 ha sido la señal de alerta para enterarnos de que las condiciones en el país no son las más favorables para la implementación del gran proyecto de nuevo Estado. Hoy es el momento de ver en escena a los organismos del Estado junto a las organizaciones sociales y porque no también en calidad de invitados a los organismos internacionales en el marco de la concertación democrática generando los planes, programas y proyectos que muestren la directriz de lo que se ha venido a llamar la construcción del nuevo modelo de Estado.

El momento político-económico es el adecuado para permitirnos discutir, poner en agenda, y lograr consensos ya sea regional o sectorialmente para encontrar soluciones pactadas que se adecuen a la realidad y permitan en el corto plazo generar el ansiado cambio.

Hoy los habitantes del Estado boliviano estamos esperanzados en lograr retomar la senda del progreso con industrias públicas y/o privadas pujantes, con nuevos emprendimientos que nos hablen del fabricado en Bolivia con las mejores manos, pero sobre todo de retomar la senda de la estabilidad de precios, de las mejoras en niveles de empleo formal lejos de actividades informales frecuentes, como la venta de ropa usada y, venta de artículos en calles y avenidas.

Hoy tenemos la difícil tarea de privilegiar y priorizar las políticas económicas fiscales y monetarias como herramientas para lograr el control de la inflación.

Lamentablemente si no medimos los efectos de la aplicación de la política económica desde una visión clara de lo que significa la problemática social que parte del bolsillo del ciudadano; esta puede llevarnos a cometer errores de mala asignación de recursos, que no sólo impactarán en la solución de los graves problemas y que distraen la actuación del Estado. El problema de fondo se encamina a encontrar los caminos más llanos para derrotar a la pobreza y lograr la tan ansiada equidad social y es ahí donde el Estado en la actual coyuntura tiene que generar políticas de empleo pero de aplicación inmediata para atender las necesidades diarias de los más pobres. Sin embargo, debe quedar establecido que estos mecanismos sirven simplemente como sustitutos transitorios que buscan cubrir las deficiencias y en ningún caso ofrecen una solución definitiva al problema básico de la debilidad en la generación de empleo formal que requiere retomar altos niveles de inversión pública y privada como único camino para generar empleos de largo plazo en las cantidades que requiere nuestra economía.

Pero no podremos lograr el cambio si no contamos con la participación de cada uno de nosotros como gestores de cambio dejando nuestra vieja cultura de extender la mano para que el Estado salvador sea quien nos entregue dadivas logradas bajo la presión de marchas, bloqueos y crucifixiones.

Es hora de la reflexión sobre lo que le ocurre a nuestra amada Patria en términos económicos, políticos y sociales; pero es hora también de que nos constituyamos en incansables luchadores dispuestos a dejar nuestros cómodos balcones desde donde miramos los hechos que se constituyen en historia digna de grandes lamentos y desde donde también nos atrevemos a botar la envoltura del helado, de la leche o del caramelo que endulza nuestra vida cuando muy bien podemos buscar el basurero para depositar ese desecho y empezar a encontrarnos con el cambio anhelado que gestara un país diferente con más riqueza humana, con más riqueza material y más riqueza espiritual.

Fuente: LA PATRIA
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