El anulado decreto 748, en seis días de su vigencia, mostró un panorama especial al país o, mejor, confirmó lo que se decía semanas antes con relación a las intenciones socializantes que había demostrado el gobierno por cambiar las estructuras políticas del país.
Entre las medidas propugnadas estaba, innegablemente, la de atraer capitales a ser invertidos no sólo en la industria estractiva de petróleo y gas, en la minería, sino en la instalación de otras industrias que permitan al país crear riqueza y generar empleo.
Muchas veces, en la historia de los cinco años transcurridos del gobierno del MAS, se ha propugnado la necesidad de retornar a los antiguos sistemas como ser dar condiciones jurídicas a los inversionistas nacionales y extranjeros, evitar las “nacionalizaciones” o, mejor, estatizaciones, promover mayor producción de todo lo instalado y vigente en el territorio nacional; promover mayores exportaciones y darle a la economía los impulsos necesarios para un crecimiento armónico y sostenido.
El gobierno, imbuido de criterios estatistas, hizo caso omiso de toda sugerencia hasta que consiguió reconocer, implícitamente con el texto del decreto 748, que “más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer”; es decir, más vale y sirve el capitalismo que un socialismo extremo que lo único que traerá al país es más pobreza y dependencia.
¿Cuál sería la situación de nuestro país si continuaban las consecuencias de la disposición del 26 de diciembre?, ¿Cuáles serían los parámetros inflacionarios?, ¿Cuál sería la recepción internacional ante la posibilidad de un gobierno socialista instalado en un país denominado “plurinacional” (conformado por diversas nacionalidades o etnias o razas o clases sociales)?, ¿Cómo se aplicarían las medidas que rigieron en la ex–URSS, en Cuba y otros países y que fracasaron estrepitosamente?
Hay verdades que no se pueden soslayar: no podemos abrazar doctrinas que han fracasado en otros países; no podemos sacrificar al pueblo con medidas que implicarían mayor dependencia y sufrimientos; no podemos perder las libertades que han sido características de todos los habitantes de esta nación; no podemos – en nombre de razas, naciones, etnias, clases sociales (aceptadas y hechas propaganda sólo por quienes buscan, de todos modos, diferencias entre los bolivianos) que no comulgarían con las medidas restrictivas hasta en la provisión de alimentos.
En fin, referirse a las multiples razones que implicaría rechazo total a políticas de socialismos extremos, resultaría largo, tedioso e inútil porque la población boliviana no podría acogerlas y hacerlas práctica diaria de su vida. Es preciso reconocer, además, que la misma pobreza ha dado lugar a que buena parte de la población abrace el comercio (legal o de contrabando) que es capitalista como norma o forma de vida. ¿Se podría, por ejemplo, evitar que los llamados comerciantes minoristas o el mismo contrabando hormiga renuncie a “derechos adquiridos” (según pregonan ellos mismos) para discontinuar su labor y hacer lo que el nuevo sistema disponga?, ¿Cuánto tiempo tardaría el sistema en ponerse en práctica y ser aceptado por el pueblo? Se dirá: “como en Cuba”; pero, en Cuba fue a sangre y fuego, con el paredón al frente, con cárceles y atentados de toda laya, con apropiaciones de bienes y con la imposición de medidas que implicaban todo tipo de sacrificios, hasta el de perder las libertades consagradas y hasta “el derecho” de morir en las aguas del océano tan sólo por conseguir un poco de libertad. Triste sería el destino de los bolivianos si los planes socialistas tienden a concretarse.
Fuente: LA PATRIA
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