Bolivia, 365 días después de ser proclamada “Estado Plurinacional”, no ha perdido aquella imagen autóctona que emergió con todas las condicionantes que impuso su naturaleza multicultural, en el momento de su nacimiento como República independiente y soberana en el contexto continental Latinoamericano, ni su cualidad “existencial y revolucionaria” que nace durante las sangrientas jornadas de la Guerra del Chaco y aquellas producidas en abril de 1952. Son las investigaciones periodísticas realizadas por Carlos Montenegro las que revelan las “manifestaciones que los zarpazos de la Guerra desnudaron (a Bolivia) de sus ropajes artificiales”.
Es la Guerra del Chaco, “la selva sin caminos y la miseria de la economía popular en la retaguardia que hablaban la verdad, contrastándola con la opulencia de los patronos mineros, inmunes al dolor y a las exigencias de la guerra”, dice Montenegro en uno de sus escritos que nos permite establecer un parangón con lo que hoy vive el país, cuyos gobernantes se muestran, aparentemente, como “los más extraños al destino de Bolivia”.
Los pueblos originarios que dieron el pleno respaldo al nacimiento del nuevo Estado Plurinacional de Bolivia, con su voto a favor de la nueva Constitución Política del Estado y de la estructura política que impulsó el proyecto, hoy expresan su desazón y, para no dañar la imagen creada con esa actitud, se limitan a ofrecer una segunda oportunidad para reencausar el proceso que debía rediseñar el futuro de los bolivianos a través de una nueva “política del cambio”, desechando la ya “tradicional propuesta electoral”, a la cual recurren los gobernantes cuando las “papas queman” y el pueblo toma conciencia del engaño.
Las observaciones de esos pueblos a la estructura administrativa del Estado, identifican que “el régimen gobernante no cambió nada” y que mantiene “el sistema neoliberal” a través de la vigencia del célebre Decreto Supremo 21060, “no derogado por el actual gobierno” y, observan además, que “existe ineficiencia y falta de iniciativas” para solucionar los “grandes y graves problemas sociales”, como son: la extrema pobreza, la miseria, la corrupción, cuyo origen es la ausencia de políticas de Estado para la creación o generación de nuevas fuentes de trabajo, coherente con el crecimiento demográfico y dirigido, especialmente, a los nuevos jóvenes que se incorporan cada año, a la vida económica activa del país.
El hecho que puso al descubierto estas debilidades fue el denominado “gasolinazo”, cuyo decreto provocó la masiva y violenta reacción de la población boliviana que, exacerbada ante el descontrol y desequilibrio de precios en el mercado interno, demandó la devolución del poder adquisitivo de su dinero que había perdido su limitada capacidad de compra en aproximadamente una hora, desde el anuncio realizado a través de una cadena nacional de medios audiovisuales. El discurso que durante los últimos cinco años sostenía la vigencia del Movimiento Al Socialismo en el poder político, se había desmoronado y el “gasolinazo” ponía al descubierto la fragilidad de la llamada “exitosa política económica” que proclamaba el ministro del ramo.
Este grado de ficción, a la cual nos acostumbramos, sometidos por el intenso caudal de la propaganda política gubernamental, de hecho nos recuerda algunos de los dramáticos pasajes históricos que vivió Bolivia en el pasado, en el último tiempo de la recuperación de la democracia y de la democracia pactada, cuyo signo lo marcaba el “fácil discurso” o la “brillante iniciativa de un nuevo giro en la política”, para consolidar “el proceso que tantas vidas ha costado al país”. Ante tanta repetición de los hechos, son los movimientos sociales, especialmente, los vinculados a los pueblos originarios de occidente y oriente, los que tienen una visión clara de lo que se necesita, así como, de lo que no se hizo y de quienes no cumplen ni cumplieron con Bolivia.
Esta tendencia de hace treinta años, sustentada por el inconformismo del pueblo y su natural rebeldía a la cual hace referencia el pensador, Franz Tamayo, ha logrado consolidar en la conciencia pública, la necesidad de una participación más activa en la definición y la decisión de solucionar la problemática que, de manera perenne, a conmocionado a la población. Este proceso que se da en las bases de la sociedad, son señales de la vitalidad que obtiene cada uno de sus habitantes, en la pugna por autentificar su presencia en el avance por alcanzar los ideales de bienestar social.
Ni las leyes que controlan la libertad de expresión que, en otras palabras, limita la libertad de pensamiento; ni la feroz armadura del sistema represivo basado en una ilimitada dosis prebendalista, facilitará la eliminación del inconformismo y la rebeldía, por cuanto ambos factores nutren la conciencia colectiva que aspira y lleva en su sangre, la necesidad de un mejor país, sin pobreza, ni miseria que someta a sus hijos en el sainete de la delincuencia.
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