Las viejas condiciones de querer que el Estado se encargue de todo, inclusive convirtiéndose en “tienda de barrio”, es nada más que el seguimiento de un modelo que dejó de ser efectivo hace muchos años atrás, pero que por alguna extraña razón, más de costumbre que de estrategia, se mantiene en algunos países amigos que tenemos donde las colas (filas) para adquirir los principales insumos alimentarios de la canasta familiar son parte de la cotidianidad de las sufridas amas de casa u otros miembros de la familia obligados a comprar por el sistema de “cupos” reducidas cantidades de lo más necesario.
Como emergencia de algún desacierto en la aplicación de medidas de control para –supuestament – frenar la inflación, en Bolivia las cosas se han invertido y los productores se vieron obligados a reducir su actividad, lo que significó una clara disminución de alimentos básicos en los mercados de consumo, caso concreto del azúcar, el arroz y la harina.
No faltan los “idealistas políticos cerrados” esos que siguen creyendo que el Estado es “el encargado de solucionar todos los problemas de la gente”, y las condiciones de la evolución administrativa gubernamental señala todo lo contrario, debiendo encomendarse a los sectores productivos esa tarea de generar en las mejores condiciones los productos de alto consumo para el pueblo, de manera que no falten alimentos principalmente y que los excedentes sean dispuestos para la exportación.
Lo que se observa es que algunas posiciones de la estrategia política se han impuesto en el modelo que está dominando el tiempo actual, hasta llegar al punto delicado de sustituir responsabilidades, arrinconando a los inversionistas y productores, disponiendo la importación de algunos alimentos con inversión estatal abriendo una franca competencia con los almacenes de abarrotes que –al decir de los gremiales– representa una deslealtad con el sector que en su momento puso el hombro para apoyar el cambio propuesto por el partido gobernante.
El modelo económico que sigue rigiendo las actividades del comercio nacional, producto de una “medida de emergencia” en otro periodo difícil del país, sigue siendo ahora la causa para distorsionar el valor de los salarios y disminuir el contenido de la canasta familiar, el D.S. 21060 que admite y alienta la libre competencia, impulsando el vaivén de los precios y poniendo en peligro a parte de la industria y el comercio del país, limitados y obligados a reducir producción y ventas, mientras aparecen las “tiendas de barrio” del Estado donde las colas de ciudadanos se asemejan a las que son parte de la costumbre “populista” de un país que ha hecho de sus ciudadanos una especie de “pobres por decreto”.
Hay algunos signos positivos en contados casos, por lo menos se asegura que el precio del pan de batalla no subirá aunque está demás decirlo que su peso ya bajó. Ciertas verduras se acomodan al ritmo de compra de la ciudadanía y es tan notoria la estrechez económica familiar que hasta las “carniceras” se quejan por la falta de clientes, mientras, los otros productos sólo se pueden comprar a precios políticos en las tiendas de barrio oficiales o con algún sobreprecio en los almacenes y negocios de los gremiales particulares.
Lo que todos esperan es que se produzca un “cambio de dirección” en la política gubernamental, de modo tal que se retorne a la regularidad de un Estado dedicado a gobernar con políticas emprendedoras y no mantener un modelo caduco en que el Estado hace de todo, hasta promover las filas para proveerse de alimentos. Hay que alentar la producción nacional valorizando y garantizando las inversiones de manera que las partes del Estado, gobernantes y gobernados, asuman el rol que les corresponde para impulsar la Bolivia digna y libre que todos queremos.
Fuente: LA PATRIA
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