Sólo faltan catorce años para que la Ley de Imprenta sea centenaria después de haber regido como vigilante de la vida misma de un país democrático, que en muchos periodos de su azaroso avance sufrió penosos atentados a los derechos y las libertades ciudadanas, más no claudicó ante el empeño de otros muchos de transformarla, alterarla o liquidarla.
Son 86 años de vigencia de la añeja Ley de Imprenta, un instrumento que de acuerdo a ciertos criterios es sólo escudo para periodistas, y puede ser, puesto que en varios de sus artículos defiende el desenvolvimiento legal y regular de la gente de prensa, por ejemplo en su artículo octavo determina que “el secreto de prensa es inviolable”. No hay mejor garantía para que el periodista pueda decir verdades que el ciudadano común espera para saber con certeza lo que ocurre en su entorno, en los niveles del Estado y a lo largo y ancho del país.
La Ley de Imprenta es también una garantía para la población en su conjunto ya que con la vigencia de esta normativa se exige excelencia, idoneidad y profesionalismo a los periodistas y los comunicadores de modo tal que no distorsionen las informaciones y lleguen a los lectores únicamente con la verdad que se origina en una fuente informativa que está justamente en el pueblo, donde el desarrollo de las actividades en muchos casos impiden que ese pueblo pueda expresarse libremente.
El ciudadano está respaldado por la Ley de Imprenta para denunciar lo que considera irregular, injusto e ilegal y el periodista es responsable de proteger la fuente de su información como garantía del derecho a mostrar todo aquello que daña a la comunidad. El periodista está a su vez garantizado por el artículo 8 de la Ley de Imprenta que puntualiza que el secreto de fuente es inviolable.
En los últimos días se han desatado muchas noticias relacionadas con casos que están vinculados con acciones políticas, mucho se habló tiempo atrás de la existencia de algunos “secretos” en el desarrollo de ciertas investigaciones y lo que la comunidad espera es que justamente se aclaren esos entretelones para saber quién dice o dice la verdad, cómo la expresa y en qué proporción tales hechos afectan la seguridad del Estado o la situación de ciertos políticos.
Hay mucha “tela que cortar” y todo puede quedar en el limbo si no existieran las condiciones favorables para seguir escudriñando en esa tupida red tejida con mentiras, amenazas, sobornos y especulaciones… entre éstas últimas las que se han mencionado recientemente, poniendo en duda la seriedad del trabajo de periodistas y comunicadores o queriendo implicar a los mismos en la maraña de los hechos irregulares.
Frente a peligrosas actitudes que surgen justamente en el Ministerio Público, tal parece ajeno a la vigencia y la observancia de la Ley de Imprenta, los periodistas reivindican el derecho “al secreto de fuente y su inviolabilidad” en el marco de la vigencia de la Ley de Imprenta, instrumento normativo que por su seriedad y su contexto de servicio a la comunidad llegó como pocas a celebrar 86 años de vigencia y continuará hacia su centenario. Hay que adecuarla al tiempo presente es cierto, pero esa responsabilidad será de los propios periodistas y comunicadores y no de los políticos de turno.
Fuente: LA PATRIA
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