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Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /home/lapatri2/public_html/impresa/index.php on line 8 Medios 76%, Gobierno 24% - Periódico La Patria (Oruro - Bolivia)
Han pasados los meses desde el debate fuera del Parlamento sobre la Ley Contra al Racismo y Toda Forma de Discriminación y su Reglamento y ese tiempo transcurrido permite una aproximación a los primeros saldos de esa normativa.
El más notorio es el repunte de la confianza ciudadana en los medios de comunicación privados, el cual se refleja en diferentes encuestas. Hace un lustro, la confianza en éstos presentaba una tendencia a niveles de descenso históricos. La última encuesta del año, publicada por la revista “Poder y Placer” confirma que en la nueva década, la prensa recupera su primerísimo lugar. La cifra no deja de ser llamativa, 7.6 bolivianos confían en los periodistas, número que abarca a citadinos y pueblerinos.
La misma encuesta consigna que sólo 2.4 bolivianos aprueban la gestión del gobierno, es decir la cifra exactamente inversa. El resultado se da después de una amplísima campaña de organizaciones de prensa entre la ciudadanía para defender la libertad de pensamiento y de expresión. Campaña contrarestada por el gobierno con permanente publicidad pagada y con declaraciones del vocero Iván Canelas.
Otro saldo se expresa en dos figuras parlamentarias: Un senador oficialista, Eduardo Maldonado, que expresó voluntad de diálogo, separado por ello de su cargo. Sin embargo, este congresista camina tranquilo por su pueblo y la gente lo saluda y apoya.
Al otro lado, un par de senadores, también oficialistas, que prefieren los métodos violentos y de enfrentamientos, ambos de La Paz, E. Rojas y F. Surco, que son recibidos con silbidos en sus lugares de origen.
El primer anuncio oficial después de la aprobación de la Ley fue la prohibición de leer determinadas obras nacionales en centros educativos. La idea provocó rechazo general entre los especialistas, los intelectuales y los ciudadanos. La misma autoridad, Félix Cárdenas, intentó varias veces organizar un matrimonio originario sin conseguir postulantes.
En Oruro, miembros del Concejo Municipal, apropiándose de la Ley anunciaron proceso con el matutino “La Patria” por llamarlos concejiles. Hubo que mostrar las líneas del diccionario para evitar que la palabreja sea asumida como “discriminatoria”.
Un grupo de periodistas, varios de ellos con empleos en la administración pública, organizó una plataforma paralela para dividir a uno de los gremios que siempre lució su unidad. Fracasó. Además deberá responder a futuro por qué aceptó un reglamento que incluye el cierre de medios, así sea de forma temporal, y el enjuiciamiento penal de periodistas. Ese grupo no consiguió el respaldo de periodistas de la guardia vieja ni de los premios nacionales. Tenemos como saldo, igualmente, una federación paceña apócrifa, incapaz de convocar a una asamblea y sin rendición de cuentas de sus actividades.
La arremetida oficial contra los periodistas continúa, pero no debilita. Lastimosamente, distrae de las tareas pendientes que tienen los organismos de prensa para fomentar la autorregulación, el mayor control para que cada medio respete la intimidad de las personas y avance en un periodismo al servicio del bien común.
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