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Miercoles 19 de enero de 2011

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Miercoles 19 de enero de 2011
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Padres del Centro “Virgen del Mar” retoman predios y declaran vigilia
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Diversidad económica garantizará proceso de autonomía plena en Oruro
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Por decisión del Conare
Cossío se impone al MAS y logra su estatus de refugiado
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Caso Rózsa: Fiscal desconoce CPE y Ley de Imprenta e implica a periodistas
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Granizada afecta a tres comunidades de Sucre
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Municipios reciben Bs. 4 millones por combatir la desnutrición
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ALQUILERES
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ANTICRÉTICOS
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CASAS Y LOTES
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EMPLEOS
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MAQUINARIA
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TELÉFONOS
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VARIOS
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VEHÍCULOS
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Editorial
Contra el “poder” del contrabando
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Economía de palabras
La diáspora del cambio
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La educación en el Estado Plurinacional de Bolivia
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La noticia de perfil
Alvaro se fue a Cuba
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Paradojas en las tecnologías
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Humildad del voluntario social
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PICADAS
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Libertad de expresión
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Delgado y Valles se mantienen como directivos del Concejo
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En los mercados de la ciudad
Precio de la arroba de papa baja y el kilo de carne sube otro boliviano más
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Para tener un mejor registro
Sistema impositivo “virtual” es obligatorio según el SIN
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Cooperativistas dan plazo a la alcaldía para aclarar situación de sus terrenos
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Después del “gasolinazo” y del “desgasolinazo”
Gobierno necesita reestructuración de su política hidrocarburífera
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Futura norma del Gobierno y COB penalizan derecho a la huelga
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Ante el reclamo de la población
Subida de aranceles en Hospital General quedó sin efecto
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Determinación de asamblea
Si Emapa no entrega harina el paro de panificadores se inicia mañana
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Gestión 2010
Oruro generó Bs. 96 millones por regalías mineras en nueve meses
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Casi el 100% del centro de la ciudad tiene cobertura de gas domiciliario
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FOR ganó elecciones en la empresa minera Huanuni
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Circuito Turístico Lago Poopó
Gobernación espera concluir proyecto priorizando tramos
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Según el asambleísta Hugo Ticona
Ciudadanía orureña desconfía de anuncios gubernamentales
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Para ganar audiencia
Nuevo director proyecta replanteo de programación en radio Topater
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Vecinos piden distribución equitativa de alimentos
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Asociación de Vendedores de Periódicos celebró su 73 aniversario
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Daniel Arancibia, un joven talento orureño
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Parte Necrológico
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Agradecimiento e Invitación
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Invitación Necrológica
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Pinto: Pugnas en el MAS permitieron conocer la verdad del caso terrorismo
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Por reclamar sus fuentes de empleo
Una huelguista suspende ayuno y otras dos persisten en la medida
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Para la Secretaría de Minería de la Gobernación
Cuantificación de yacimientos calcáreos definirá creación de empresa cementera
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SOCIALES
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Condolencia
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Condolencia
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Fiscal Mollinedo prepara citación para involucrados en “vídeo-soborno”
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Gobierno ratifica el 22 como feriado por el día del Estado Plurinacional
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Refugio a perseguidos del gobierno desacredita a la justicia boliviana
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En Lima
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Número de víctimas por lluvias sube a 676 y aún hay 208 desaparecidos
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Bolivia - Nacional

Caso Rózsa: Fiscal desconoce CPE y Ley de Imprenta e implica a periodistas

19 ene 2011

Fuente: La Paz, 18, LA PATRIA

El secreto en materia de imprenta es inviolable

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Mientras la acusación contra 39 personas representativas de Santa Cruz se desmorona como castillo de naipes después de la revelación del soborno a Ignacio Villa Vargas, alias “El Viejo”, el fiscal del proceso por terrorismo separatista Marcelo Soza, anunció ayer que convocará a declarar a los periodistas que difundieron el video donde se muestra cómo un supuesto funcionario del Ministerio de Gobierno entrega dinero a ese denominado “testigo clave” del caso.

Esa convocatoria representa una violación y atentado contra la Constitución Política del Estado (CPE) y la Ley de Imprenta de 1925 que garantiza el secreto en materia de imprenta, es decir que los periodistas tienen el derecho de guardar en reserva la fuente de cierta información, que como es el caso del video, requiere protección, según la dirigencia de los periodistas y trabajadores de la prensa.

La Asociación de Periodistas de La Paz, (APLP), expresó formalmente su rechazo a la pretensión del Fiscal Soza y recordó que la Ley de Imprenta fue reconocida tácita y explícitamente como vigente por el Gobierno del presidente Evo Morales.

La APLP recordó que el artículo 130 de la ley suprema del ordenamiento jurídico nacional establece textualmente que “la Acción de Protección de Privacidad no procederá para levantar el secreto en materia de prensa”; es decir que ni siquiera en un recurso constitucional para salvaguardar información personal, se permite la revelación de fuentes.

La APLP recordó además que “la Ley de Imprenta está tan vigente que el Gobierno ha recurrido a esa normativa para enjuiciar a un medio de comunicación de La Paz por supuestas irregularidades en la información”.

La entidad colegiada rememoró que el “presidente Evo Morales y el portavoz de Palacio Quemado, Iván Canelas declararon explícitamente su reconocimiento a la vigencia de la Ley de Imprenta”.

El artículo 8 de la Ley de Imprenta establece que “el secreto en materia de imprenta es inviolable”.

SOBORNO

El jueves de la semana pasada, varios medios de comunicación recibieron copias de un video en el que aparece Villa Vargas en el interior de una vagoneta mientras recibe 31.500 dólares de una persona cuya voz fue identificada como la de Carlos Núñez del Prado, presunto ex funcionario del Ministerio de Gobierno y de la Defensoría del Pueblo.

Núñez del Prado virtualmente desapareció desde que se difundió el video y el Defensor del Pueblo, Rolando Villena dijo que el pasado viernes en la mañana, mientras varios canales difundían el pago irregular a Villa Vargas, encontró la carta de renuncia de Núñez del Prado.

Los responsables de los medios de comunicación que difundieron el video que muestra a Ignacio Villa Vargas recibiendo dineros para dejar el país serán convocados por el Ministerio Público para establecer quiénes entregaron esos materiales, dijo el martes el Fiscal jefe de la investigación sobre terrorismo, Marcelo Soza.

La fiscal de Distrito de La Paz, Betty Yañiquez, confirmó que el primero de los comunicadores a ser convocado a declarar será el director de Noticias de la Cadena A, John Arandia, informó ayer el Gobierno.

Soza por su parte dijo que se busca “establecer si esos videos son originales o montados”.

Sin embargo, el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti reconoció el lunes que Núñez del Prado sí fue funcionario de ese despacho.

Soza repitió los argumentos del ministro Llorenti dijo que Villa Vargas, no es un “testigo clave” en el caso terrorismo-separatismo, sino “un acusado”.

“Hay muchos elementos de juicio y de convicción en las 100.000 fojas que sustentaron la acusación sobre terrorismo”, justificó Soza.

“Debemos conocer cómo fueron obtenidos esos videos por parte de los medios de comunicación”, insistió.

“La Ley de Imprenta en su artículo 8 garantiza que los periodistas tenemos el derecho a guardar la reserva de la fuente, es decir, no revelemos la fuente que nos ha proporcionado la información, ese es el gran valor de la Ley de Imprenta”, insistió por su parte la APLP.

Fuente: La Paz, 18, LA PATRIA
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