Lo evidente es que los primeros días del año nuevo y tras lo sucedido entre el gasolinazo y la abrogación de la medida se generó una especie de “suspenso” en las actividades particularmente de los contrabandistas, esos que operan en las zonas fronterizas y desde donde se escurre el gas y el diesel boliviano hacia “rescatadores” que hacen millonaria inversión para alcanzar inmediatas y voluminosas ganancias con los energéticos bolivianos.
Ese hecho no es desconocido y por tanto se convirtió en el detonante que obligó a las autoridades de Gobierno asumir ciertas medidas para reducir al máximo sus perjudiciales connotaciones en la economía nacional y en los planes estructurales del desarrollo sostenible planificado para su aplicación global.
Los artífices de la medida que se lanzó en un momento poco oportuno, que además no midió las consecuencias de una lógica reacción popular, perdieron el norte de sus acciones y precipitaron al Gobierno a una “casi confrontación” entre bolivianos que menos mal se resolvió con un “paso al costado”, pero que por lo visto no retrocede en la intención de nivelar el precio de los carburantes, pero ahora en forma paulatina, posición anticipada y rechazada de inmediato por los sectores laborales y cívicos que ya no “se tragan el anzuelo”.
Lo ideal tiene que ser eliminar las subvenciones o por lo menos disminuirlas de manera paulatina, previa una tarea de armonización de criterios con dirigentes de todo los sectores, pero a cambio ofrecer alternativas seguras para que la ciudadanía, la gran mayoría desocupada encuentre posibilidades ciertas de cambiar su modo de vida, con empleos seguros, con salarios dignos y sobre todo con políticas de incentivo a la producción y no con medidas políticas de amedrentamiento y persecución que distorsionan las buenas intenciones de aplicar cambios para alcanzar el bienestar colectivo.
Es muy urgente que los componentes del gobierno, los directamente responsables de los lineamientos administrativos, trabajen con sentido realista es decir sintiendo y viendo la situación de las familias, sus necesidades y sus inquietudes para que sean esas las prioridades de los planes oficiales, dejando de lado aquellas políticas de alto contenido partidista que se convierten en las trabas del despegue productivo que necesita el país después del experimento de una primera gestión de ajuste que todavía no engranó en su verdadero contenido social
No hay que desestimar la importante inversión extranjera mediante contratos o asociaciones de libre acuerdo como lo señala la propia Constitución y que en su momento favorecerán al desarrollo de los proyectos más importantes en la visión emprendedora del Estado que debe abrir las puertas del país a quienes están mostrando las mejores intenciones de aportar con capitales y moderna tecnología para avanzar en la modernización de nuestro sistema productivo necesitado de una inyección tonificante de ideas, recursos y técnicas que no pueden ni deben menospreciarse.
Es muy importante que los gobernantes tomen previsiones en sus futuras medidas de manera que las mismas no signifiquen un elevado costo social que alteren las conductas de la comunidad y confronten a los bolivianos entre sí.
Fuente: LA PATRIA
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