Destrucción de libros: ¿Patología de quién?

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Hace algunas semanas me permití algunas reflexiones –para algunos, seguramente ‘irreverentes’– frente a la tesis optimista que interpreta la alfabetización como la puerta liberadora de todos los males que pueden cebarse en ese ser que llamamos HOMBRE, como si aquéllos radicaran exclusivamente en la ignorancia. Lo que, en realidad, me separa de aquellas tesis, no es propiamente una ciega antipatía a la práctica de la lectura, sino un concepto menos ‘ideal’ de la existencia humana, por lo menos en la forma como nos la muestra la realidad histórica. O quizás todavía más en el fondo de la cuestión, una vivísima oposición a simplificar las cuestiones ambiguas, como suelen ser todas aquellas en las que tienen parte la especie (las únicas realmente ‘históricas’). Hay otro tema, hasta cierto punto relacionado con dicha cuestión: el de la destrucción de libros y de sus verdaderas causas.

Ya de entrada uno percibe el olor a manipulación; concretamente, la que funciona mediante la simplificación; y así, es natural que se imponga una tarea de ‘complicación’ o ‘complejización’; es decir, de ‘ambigüización’; que equivale, en buenas cuentas, a dejar de contar un cuento, con unos mismos predictibles ‘buenos’ (víctimas) y unos mismos predictibles ‘malos’ (malandrines) a lo largo de los siglos y aun milenios.

Y lo primero que nos sale al encuentro es el hecho de que podemos encontrar como causa de destrucción de impresos, simplemente el descuido. Y me refiero en primer lugar a quien tendría el deber de cuidar de ellos: el estado. Y hay que subrayar que este descuido estatal no tiene color ideológico; incurren en él tanto los autoproclamados progresistas como los descalificados por sus enemigos como carcas (aunque los primeros quieran hacernos creer otra cosa, para lo cual nunca dejan de contar con ‘angelicales’ intelectuales orgánicos).

Este descuido puede presentarse bajo mil y una modalidades. Y no podemos dejar de incluir entre ellas la que hace que ni siquiera lleguen a existir los libros que merecerían, y por tanto deberían, existir. ¿Causa? La tenacísima idea de que el estado es ‘pobre’… (¡naturalmente, para la cultura!). No para otros miles de menesteres que la casta política ha declarado, sin declararlo, imprescindibles (aquí, en primerísimo lugar, el pago de la inflacionada planilla burocrática; o los viajes por el planeta). Vaya, que se trata de un problema de ‘prioridades’; y estas ‘prioridades’ se basan, en último término, en un credo político-picaresco. Quiero decir que este presunto pauperismo del estado acaba traduciéndose en que centenares de títulos que sólo habrían podido existir con la ayuda pública, nunca llegarán a existir porque aquella ayuda les ha sido negada.

Pero no creamos que el descuido estatal sólo se manifiesta en este asesinato preventivo. También lo podemos observar cada vez que algún ciudadano le ofrece en venta la biblioteca propia o de alguno de sus antepasados. El resultado neto final que podemos prever sin necesidad de poseer el don de la profecía es que el ciudadano de marras tendrá que deshacerse de mala manera de su patrimonio bibliográfico, porque el estado ha alegado su ‘falta de fondos’. Otra cosa sería si el ciudadano ofreciera los libros en donación: en tal caso el estado incluso podría estar dispuesto a sufragar el costo de una placa que ‘inmortalice’ el nombre del donante; pero vale más no escarbar demasiado sobre el ‘destino final’ de los libros donados… en las bibliotecas públicas (basta acudir a los mercados callejeros para toparse con abundante material cuyos sellos denuncian su antiguo propietario público).

Y sin seguir en este tipo de casuística, el estado maltrata y acaba destruyendo el patrimonio bibliográfico del país, sobre todo negando a los libros las condiciones de conservación que éstos exigen; y ya sabemos que los libros, en malas condiciones de conservación, acaban pereciendo. Pereciendo exactamente igual que si hubiesen perecido en una pira escandalosa y espectacular (pero pública).

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Otra cara del tema de la destrucción de libros por ‘odio’ a ciertas ideas, está directamente vinculada con los fenómenos históricos de ‘homogeneización’ de las ideas de la gente; o dicho por pasiva, en la imposición de un ‘sistema único’ de ideas: el sistema defendido y promulgado por el estado (¡otra vez el estado!). ¿Cuál fue el primer estado que impuso ciertas ideas? Algunos dirían más bien: ¿cuál fue el primero que no las impuso? Es decir, que la imposición ha solido dominar en la historia humana. Pero este tipo de generalizaciones caen también en el tipo de simplificaciones ya mencionado y descartado. En efecto, por una parte pasan por alto las más o menos sutiles diferencias en el cuánto de la uniformización; por otra, están aquejados de ceguera ante la evolución a lo largo del tiempo. Y sobre todo: se les escapa los malvados contraefectos que la ‘tolerancia’ teóricamente hegemónica conlleva para otras dimensiones de la vida social.

Decir ‘tolerancia’ como situación ideal situada más allá de la fuerza coactiva ideológica de los estados, equivale a decir ‘anomia’ (ausencia de normas); en plata: equivale al ejercicio de la fuerza coactiva penal, al margen de las ‘opiniones’ del ciudadano; y no se trata solamente de la reacción del ciudadano ante las decisiones de los gobernantes: se trata de un sinfín de áreas de coincidencia/discrepancia entre los ciudadanos de que se nutre la mayor parte de la actividad típicamente ‘social’ (fuera del trabajo remunerado que ha de permitir el cumplimiento de las obligaciones fiscales). En primer lugar, una sociedad sin convicciones ‘impuestas’, liberada por tanto de las coacciones ‘ideológicas’, pone a prueba la noción más elemental de democracia, pues resulta que se agrieta en mil opciones que impiden su traducción en un sistema jurídico fundamentalmente respaldado. Cabría decir que también en este orden de realidades, hay ciertos remedios peores que ciertas enfermedades.

En este contexto, la religión había venido funcionando tradicionalmente como la primera ‘argamasa’ social; pero tanto la individualización como la secularización ciudadanas dejan la colectividad ‘en seco’. Y para lo que venimos tratando: en tales circunstancias, ¿por dónde pasa el consenso que permita trazar la línea separadora entre lo ‘tolerable’ y lo ‘intolerable’? La respuesta entusiasta diría: no existe ya la base para tales distinciones. Luego, si no existe nada ‘intolerable’, quiere decir que todo es tolerable. ¿Puede haber mejor descripción de la anomia?

Una mirada a los programas televisivos o al mundo de la industria editorial (por ejemplo, la maquinaria que mueve los premios literarios y reflejada por la oferta impresa en los catálogos de las casas editoriales), permite hacerse una idea tangible de la práctica de ciertas teorías (por lo demás, a remolque de lo que ya venía ocurriendo en el campo de las vanguardias plásticas y de lo que ha empezado a ocurrir en el de la llamada ‘música’ llamada ‘popular’.

¿Cuál es el papel del estado en estos campos? Teóricamente, en la conquista de una fundamentalista plena ‘libertad de expresión’, laisser faire, laissser passer; es decir, mirar, pero no inmiscuirse. ¿Es realmente así, cuando se trata de libros (que es nuestro tema)? Ni los más postmodernos adalides de la ‘tolerancia’ se atreverían a defenderlo, por lo menos si se tratan de portavoces de partidos parlamentarios, y si prestamos atención a las legislaciones vigentes. Y no se atreven a defenderlo porque han de reconocer que, así como en el mercado de mercancías, tampoco en el de la circulación de ideas se puede aceptar que se ‘auto-regula’; esto además de que no todas las ideas circulantes son igualmente inocuas; y si las hay nocivas, la defensa de la sociedad obliga a intervenir. Por todo ello sigue habiendo ‘libros prohibidos’ y ‘censura de libros’ y editores o libreros condenados en tribunales por vender títulos puestos ‘fuera de la ley’ (a veces, simplemente ‘desaconsejados’ o cuya circulación queda sometida a ciertas precauciones restrictivas, como el acceso a ciertas películas).

No hay base histórica, pues, para seguir apedreando las prácticas inquisitoriales o nazis, como si hoy las democracias vivieran rigurosamente en su antípoda. Lo demás es cuestión de más y de menos; es decir, de unas dosis presuntamente virtuosas de ‘tolerancia’ y de ‘represión’. Pero cualquier dosis en cualquier lugar se topa siempre con una minoría marginal de disidentes, inconformes que a veces pueden llegar a ser mediáticamente chillones, pero que políticamente demuestran ser tan insignificantes como insignificante es su hipotética representación parlamentaria.

Resumiendo: hablando de ‘libertad’ en circulación de libros, no cabe limitarse a contraponer su prohibición (siempre mala) a su permisión (siempre buena). Simplemente porque no puede excluirse la posibilidad de que haya escritos peligrosos para la sociedad. En esto el ejemplo de las prácticas nazi y comunista deberían vacunar para siempre. Y a propósito de esto cabe preguntarse: ¿por qué en países como Alemania o Francia la militancia ideológica nazi es frecuentemente perseguida y no lo es de la misma forma la militancia ideológica comunista? Pregunta que sólo admite respuesta fuera del maniqueísmo (siempre vituperable, pero para quienes aceptan sus dogmas en nuestros días, debería bastarles su presunta incompatibilidad con la ‘tolerancia’ y el ‘relativismo’ propios de la postmodernidad).

Basten por ahora estas consideraciones para comprobar que en tal materia no caben, en general, la manipulación; y en concreto, una de sus modalidades: la simplificación de lo complejo.

Fuente: LA PATRIA