La ONU en Bolivia y su defensa de los derechos humanos
08 ene 2011
Por: Adhemar Avalos Ortíz
Yoriko Yasukawa y Dennis Racicot, funcionarios oficiales del Sistema de las Naciones Unidades, señalaron, de manera muy respetuosa, algunas debilidades del sistema judicial boliviano y piden, no podrían exigir debido a sus delicados cargos que requieren mucha diplomacia, medidas para garantizar que la justicia funcione de manera independiente, sin presiones y con transparencia, velando por la vigencia de derechos. Juicios transparentes, independencia del Órgano Judicial, prudencia al momento de lanzar acusaciones, prescindir de presiones a los jueces y fundamentos reales en los procesos contra autoridades y ex autoridades son algunas de las observaciones que realizaron hace un tiempo los altos representantes.
Yoriko Yasukawa afirmó a la prensa boliviana que “Los derechos humanos son amplios y abarcan todas las esferas de la vida. Casi todos requieren esfuerzos de largo plazo para que sean cumplidos, la problemática de la igualdad es importante”. Ella cree que al hablar de derechos humanos, en el fondo, se habla de construir una convivencia más grata, pacífica y amistosa. Pero, con la desigualdad existente no se puede garantizar esa convivencia, la que por sus palabras es definitoria en el sentido del respeto a la opinión de las personas. Y los que hoy progresan o prosperan, en una buena cantidad de casos, es gracias al paraguas proteccionista de la ONU y otras organizaciones internacionales gubernamentales y no gubernamentales, aunque no quieran ni deseen reconocerlo ni estimarlo en todas sus implicaciones.
Dennis Racicot dice que es importante tener una perspectiva a través del tiempo, resaltando el festejo del 62 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, un hito importantísimo en la historia. Y hace poco nos visitó la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Navanethem Pillay. Ella afirmó que “Bolivia vivía transformaciones importantes desde la década del 90 y los cambios en los últimos cinco años parecerían inscribirse en una línea muy importante…”, no sabemos cuál será, la reivindicación de los derechos de las etnias sistemáticamente marginadas o quizás la de la radicalización de un régimen autoritario.
A través de la nueva Constitución se intentó superar la exclusión pero, no se observan resultados reconocibles en el nivel de vida de los bolivianos, que no exclusivamente pueden vivir de símbolos culturales, sino especialmente de comida que cada vez está más onerosa debido a las reglas de la libre oferta y demanda vigentes en Bolivia.
La Alta Comisionada señaló además que “La administración de justicia es un problema del Estado que no es nuevo”. El sistema de justicia está en crisis profunda y se ha profundizado en este año a partir de prácticas de violación de los derechos fundamentales de las personas. El debido proceso y la presunción de inocencia, principios fundamentales de cualquier sistema democrático constitucional se encuentran seriamente amenazados por decisiones judiciales arbitrarias y fuera de todo contexto de mínimo respeto a los derechos humanos.
Otro problema álgido es la toma de justicia por las propias manos que tampoco se investiga como es debido; los casos de Uncía y de Olorio son representativos. Estos asuntos inquietantes no tienen investigación suficiente a nivel policial y judicial. El acceso a la justicia es aún un problema y por eso todavía hay un manto de impunidad que se agrava con el “dejar hacer, dejar pasar” permitido por los que detentan el poder fáctico. La percepción visible es que Bolivia se ha convertido en un laboratorio con avances en temas largamente omitidos, pero lo que realmente preocupa es una suerte de oscurantismo parecido al de la Inquisición de la Edad Media y sus normas restrictivas del ejercicio de la libertad humana, a lo que en el Siglo XVI fue norma de operación del poder.
La Alta Comisionada se refirió a las susceptibilidades que se crean por la suspensión de autoridades y juicios a políticos: “Aquí en 2008 había un temor de un enfrentamiento violento generalizado, lo que no sucedió porque los bolivianos pudieron ponerse de acuerdo. Los mismos bolivianos deben tener más fe en su propia capacidad de superar conflictos”. Algo difícil en la coyuntura, por no decir imposible, ya que persiste la idea de que el poder y su conservación valen todo, al final es maquiavélico y subvierte la palabra, condenando a los ciudadanos a callar o ser castigados por su osadía de desafiar a los gobernantes y legisladores elegidos por el pueblo. Son muchas buenas intenciones de los funcionarios internacionales, pero la realidad nos muestra que resultan insuficientes para cambiar las tendencias dominantes debido al monopolio del poder público.
(*) Politólogo
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