La democracia reside en la voluntad del pueblo

El respeto a la decisión soberana del pueblo debe ser siempre la primera y principal condición de la administración del gobierno del presidente Evo Morales Ayma, porque la democracia reside en la voluntad popular y no en la concentración del poder como se pretende demostrar cuando no se respeta la libertad de expresión del soberano.

La experiencia fue interesante, provocando la lógica reacción del primer mandatario para enmendar el garrafal error cometido por sus más estrechos colaboradores, entre ellos el vicepresidente Álvaro García Linera y sus ministros, porque como dijo el propio Evo Morales, el reajuste del precio de la gasolina y el diesel es importante, es necesario pero no es oportuno por la situación de pobreza de la mayoría de los bolivianos.

Ojalá el presidente del Estado Plurinacional, Juan Evo Morales, tuviera la misma percepción cuando se trata de otros temas, por ejemplo la modificación planteada por diversos sectores y con más énfasis los periodistas, de los artículos 16 y 23 de la Ley Antirracismo que son opuestos a la libertad de expresión.

Con la experiencia vivida el presidente Morales, -como se dice en la jerga popular- probó algo de su propia medicina y con seguridad recordó lo sucedido con el entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, quien no supo escuchar al pueblo y confió en sus cooperadores más próximos, actuó con soberbia y pretendió imponer un incremento de dos puntos en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 13 al 15% y exportar el gas por Chile. El pueblo le dijo no, el insistió y tuvo que irse de Bolivia.

Por ello y para que no vuelva a suceder otro episodio que maltrate la vida democrática de los bolivianos, el presidente Evo Morales, debe darse un bañito de humildad, porque la autoridad no se impone por la fuerza, al contario se gana con el respeto y cariño del pueblo que es en definitiva el mandante, mientras se ejerce un cargo que resulta ser efímero y pasajero, función en la que muchos de embriagan de poder y cometen abusos y atropellos, sin respetar a las minorías o disidentes, que también son parte de la estructura democrática de un país libre y soberano.

El constante aumento de la subvención a los carburantes, es responsabilidad de la anterior y actual administración de gobierno, porque los directos encargados de conducir y buscar las mejores alternativas para el desarrollo y crecimiento económico de un país son sus autoridades, puesto que a ellas el soberano les confío esa misión.

Buscar salidas como el control de los movimientos sociales a través de prebendas para algunos dirigentes o la construcción de inmuebles, entrega de vehículos y otros beneficios, no siempre son el camino más directo, porque las bases siempre deciden lo que les conviene y rechazan cuando son afectados sus intereses, por eso se dice en el vulgo que “la voz del pueblo es la voz de Dios”. Así el gobierno tampoco puede estar apartado de la Iglesia Católica, que al final de cuentas durante las etapas más duras de los gobiernos totalitarios y autoritarios durante las dictaduras, fue la única que sacó cara por quienes ahora usufructúan el poder y quieren ser poderosos olvidando su pasado y pretendiendo imponer nuevos códigos de poder en Bolivia.

El presidente Morales Ayma al sincerarse con el pueblo en conferencia de prensa, reconoció que las Fuerzas Armadas fracasaron en su lucha contra el contrabando de carburantes que debían realizar junto a la Aduana Nacional que fue vencida por el contrabando, anunciando que se aplicarán ajustes. Eso le vendrá muy bien al Estado y la Nación boliviana, puesto que los efectivos militares que resultan ser los más consentidos del actual gobierno, en vez de pagar el bono “Juancito Pinto”, deberían estar cuidando las fronteras, además al mando de sus jerarcas, para que así al menos justifiquen sus jugosos emolumentos y se hagan acreedores a una jubilación con el 100% de sus ingresos, siendo los únicos privilegiados en el país.

El cuidado de las fronteras esta regido por mandato constitucional, como establecen los artículos 244 y 245 de la Carta Magna, en el título de las Fuerzas Armadas, debiendo ahora los militares en vez de ocuparse de quehaceres domésticos, que corresponden a otras instancias de las instituciones de gobierno, dar fiel cumplimiento y obediencia, en sus leyes y a los reglamentos militares, porque como organismo institucional no debe realizar ninguna acción política.

Por su parte las autoridades del Poder Ejecutivo tienen obligación de revertir la mínima ejecución presupuestaria que registra el Ministerio de Hidrocarburos que llegó al 13%, siendo la menor inversión de todas las secretarías de Estado, hecho que demuestra que no hay una adecuada conducción de la política hidrocarburífera en el país, que merece ser corregida para evitar mayores problemas económicos.

Luego de haberse superado el conflicto que anunciaba una serie de movilizaciones, protestas y en algún momento llegó a pedir la renuncia del presidente Evo Morales, ahora queda explicar a la población y con detalles la situación de la deuda interna y externa, la ejecución en rubro de inversiones de cada ministerio, gobernación y hasta sus dependencias, para saber si se administran bien los dineros del pueblo.

La situación no puede llegar nuevamente al estado de confrontación, porque el gobierno tiene la obligación de informar y transparentar su gestión, para así también justificar los gastos cuestionados, como la adquisición de una aeronave presidencial en 30 millones de dólares y la inversión de 295 millones de dólares para tener un satélite, mientras los niveles de pobreza y pobreza extrema se mantienen invariables en el 60% de la población boliviana. Primero habrá que atender las necesidades del pueblo antes de realizar nuevas inversiones al más puro estilo neoliberal, porque sólo con una política de economía social podremos llegar a la propuesta de una economía social comunitaria, lo demás son pamplinas.

(*) Periodista