Las causas y objetivos ocultos del “supergasolinazo”

La tarea de realizar un análisis crítico de las acciones del gobierno boliviano tropieza con una falta preocupante de transparencia de parte de aquellos que están obligados, por su condición de depositarios del voto popular, a hablar de frente a la gente de a pie y no con subterfugios, medias verdades, frases escondidas entre líneas o, directamente con mentiras. No obstante, existen los elementos de juicio suficientes para intentar entender la naturaleza de la subida abrupta de precios de carburantes, la que fue decretada por el régimen en pleno día de Navidad, cuando los ciudadanos del país se encontraban adormecidos por las fiestas de fin de año.

El Gobierno nacional esgrime como causa única de las drásticas medidas de política económica el contrabando creciente de combustibles como diesel y gasolina a países vecinos, debido a los precios muy bajos en el mercado nacional y muy superiores en el exterior, lo que hace que se pierdan aproximadamente 150 millones de dólares al año por el subsidio histórico a los carburantes. Y los objetivos que se pretende alcanzar serían, por palabras del Vicepresidente y los ministros, anular el contrabando de esos recursos energéticos e insuflar más dinero a los gobiernos municipales y departamentales y a las universidades. ¿Nos atrevemos a creerles?

El contrabando tiene un carácter estructural ligado a la pobreza de los habitantes de las fronteras que no tienen otro medio de sustento y que, paradójicamente, son la base social del movimiento que nos gobierna, esto al margen de las mafias que dirigen desde arriba este flagelo y que el Estado no ha podido desarticular a pesar de la participación de las propias Fuerzas Armadas en la interdicción. En pocas palabras, se ha producido un fracaso completo. Sobre lo de fortalecer más aún económicamente a sectores parasitarios que ni siquiera ejecutan en proyectos los fondos que manejan actualmente y si lo hacen los realizan con poco beneficio para la economía nacional -los ejemplos sobran-, no se trataría más que de una “cortina de humo” para despistar a incautos.

O sea que implementar un “gasolinazo tan desalmado para la economía popular” con causas y objetivos tan frágiles, hecho que llevará a una depauperación aún mayor de los sectores más desfavorecidos de la población, es una medida que tendrá un costo político elevado por sus connotaciones globalizadoras. El ahorrar 380 millones de dólares al año, lo que se invirtió en subsidios el último año, no justifica en absoluto condenar al pueblo a la miseria. En los hechos, el Gobierno demuestra su ineficiencia para frenar el contrabando, lo que contrasta con los grandes logros en la eliminación de la oposición política, cosa esta última que a la gente común y corriente le importa “un comino”.

Y así, nos atrevemos a señalar, provisionalmente y de manera hipotética, los hechos lo ratificarán o desmentirán, que el Gobierno está mintiendo por lo menos parcialmente y oculta las verdaderas causas y propósitos de sus decisiones tan radicales, a saber:

1. La falta de sostenibilidad de los bonos Dignidad, Juancito Pinto y Juana Azurduy, por lo que se requieren recursos frescos para su cumplimiento, lo que le daría un mayor respiro al proyecto del MAS.

2. El agotamiento de las reservas de petróleo y gas natural debido a la falta de inversiones por una política económica que solamente hace énfasis en el control de los parámetros de la macroeconomía, pero no hace nada efectivo en el sentido de desarrollar los sectores secundario y terciario de la economía. Prácticamente, la única fuente de acumulación para el consumo, que no para la inversión, es la extracción y venta de materias primas.

3. La intención de llevar a la quiebra a los productores agroindustriales del oriente, los que se constituyen en enemigos del régimen, que dependen fatalmente de un combustible subsidiado para cubrir sus costos.

4. Finalmente, y quizás lo más polémico, la necesidad de acumulación económica originaria para el desarrollo de la nueva oligarquía en proceso de formación.

El Gobierno masista está jugando con fuego y puede quemarse. No es recomendable poner en el tapete un recurso extremo, el del “supergasolinazo”, a no ser que realmente la situación de la economía esté muy mal y la supuesta “bonanza” no sea más que una burbuja que pueda reventar en cualquier momento y nos conduzca a una grave crisis de insospechables consecuencias para el futuro de Bolivia.

(*) Politólogo