La guerra en tiempos de paz

En tiempos de paz y reflexión, cuando el mundo entero recuerda el nacimiento de Jesús como el hijo enviado por Dios Padre para salvar a la humanidad de la inmoralidad, la violencia y la prepotencia vigente hace 2010 años, y rectificar su destino por un camino más tolerante, responsable y digno, el país es sacudido por el signo de la guerra y la confrontación que sólo podría generar un nuevo escenario fértil para el cultivo de la miseria y la pobreza en Bolivia.

Autoridades de gobierno se limitaron a explicar el contenido político de la decisión, en la perspectiva de la generación de recursos para el Tesoro General de la Nación, fundamentándola en el “contrabando despiadado” que castiga el nivel de ingresos del Estado. No ha hecho mención, ni siquiera en forma somera, a su incidencia en los precios de los productos de la canasta familiar y menos a las causas reales que provocaron tal determinación, lo cual habría significado reconocer el fracaso de su política hidrocarburífera, en parangón con el ineficiente control fronterizo profusamente anunciado por el gobierno, en su lucha contra la “perversa actitud de determinadas personas” y otros funcionarios de Estado que dedicaron su atención sólo a “pescar en río revuelto”.

Ambos fenómenos fueron analizados con la necesaria amplitud y deseo de encontrar respuestas concretas antes de la adopción de medidas traumáticas que pueden alterar el curso histórico propuesto como un patrimonio de la sociedad boliviana. La subvención a los hidrocarburos viene desde hace medio siglo, con mayor dedicación, desde la época de la “nacionalización del petróleo” el año de 1970, como una política de protección a los más pobres y desvalidos de Bolivia, tomando en cuenta la condición de país en menor desarrollo económico relativo.

Colocar los precios de los carburantes en el nivel de la cotización internacional del petróleo, ratifica lo afirmado por quienes se mantienen “en vigilia” sobre lo que acontece en materia petrolera. La política impuesta a partir de 2006, ha perfilado un “fracaso irreversible” del país como productor de líquidos y de gas natural y, de acuerdo con la Cámara Boliviana de Hidrocarburos, preocupa “el estancamiento en los volúmenes de producción de gas y del colapso en la producción de líquidos”, así como, la “creciente factura por concepto de importación de carburantes, cuyo ritmo … es sorprendente y preocupante en la medida en que resalta la creciente dependencia y el ascendente costo de las hasta ahora inevitables importaciones de líquidos para cubrir las necesidades del mercado interno”.

En concreto, la llamada “nacionalización” del año 2006 no logra los resultados como los expuestos en la propaganda política difundida por el gobierno durante los últimos 4 años y, contrariamente, los éxitos en los ingresos son producto de lo concretado antes del 2005 en materia de ventas al exterior, tanto a Brasil como a la República Argentina, cuyos precios fluctuaron hacia arriba mientras que los niveles de producción descendieron ostensiblemente. En esa dicotomía distorsionante, el país no visibiliza una respuesta de sentido común que compense su peligrosa tendencia. Esta la razón, por la cual, el Estado en el presente, no cuenta con el suficiente ingreso de divisas para enfrentar en forma gradual y sin traumas contra la sociedad boliviana, las políticas de reajuste que en peores circunstancias políticas se mantuvo el nivel de subvención a favor de los pobres.

Sin exportaciones de petróleo y mínimos resultados en la producción de gas, Bolivia cede su histórico posicionamiento internacional de productor petrolero y gas, para convertirse en importador de líquidos, concretamente, gasolinas, diesel oil, jet oil e, inclusive, gas licuado de petróleo que, hasta hace cinco años, significaba el sustento cotidiano del precio del pan de cada día, al cual, todos los bolivianos tenemos derecho.

El “gasolinazo”, como decisión gubernamental, podría no sólo generar una reacción en cadena de una peligrosa espiral inflacionaria, como la producida en 1982, sino abrir un peligroso proceso de imparable violencia social a nivel nacional, por las características de las medidas propias de los sistemas liberales y neo liberales que Bolivia ha experimentado en varias oportunidades y, no sólo, en el plano energético, sino en los vaivenes de las políticas monetarias.