La medida que está en vigencia desde el último domingo y que se dictó a media mañana conmocionando a la población boliviana, recién va tomando cuerpo en la dimensión de su objetivo, según el Gobierno para anular la millonaria subvención que se gasta para sostener precios irreales en los carburantes y ordenar la ficticia economía que se vivía en Bolivia.
Lo que aún no se conoce es por qué no se aplicaron otros correctivos antes de asumir la drástica medida calificada como “gasolinazo”, posición desmentida para darle el carácter de “nivelación” a los precios que rigen en el exterior pero finalmente establecer que se trata de un verdadero “decretazo” que ocasionará profundos cambios en la economía de los bolivianos.
Si bien es cierto que se ordenaron acciones especiales por parte de la aduana para evitar el contrabando, se reconoce que tal acción fue insuficiente para frenar el ímpetu de un comercio financiado fuera y de grandes proyecciones en materia de utilidades. Se apuró la acción del ejército y tampoco fue posible detener el contrabando de nuestros carburantes a través de la extensa y desguarnecida frontera nacional.
Esas fueron las únicas medidas que se aplicaron para evitar la fuga de nuestro gas… y es justamente donde incide la interrogante popular que sabiendo del gran negocio que hacían los contrabandistas con las garrafas de gas, resulta que se elevan los precios de gasolina y diesel, productos que importamos y por cuyo negocio debemos una millonada, caso de Venezuela.
Hay otras interrogantes cuando se quiere encontrar la razón que impulsó al gobierno a dictar un decreto de fuerte incidencia en la economía familiar, por ejemplo saber si sólo una parte de las reservas estratégicas no hubieran servido para neutralizar el efecto de la fuga de nuestro gas a países vecinos…o preguntarnos si más adelante los 300 millones de dólares que se utilizarán en poner un satélite boliviano en órbita no servirían para favorecer la creación de empleos con salarios dignos y con la visión de fortalecer nuestra economía y no ponerla en riesgo con medidas que, con seguridad, desatarán reacciones que todavía no se han dado pero que ya se anunciaron.
Si no se ha pensado en los riesgos que implica dictar medidas antipopulares no se comprende todavía la prueba a que se somete por voluntad propia el partido gobernante, seguramente queriendo medir su popularidad la que, según expertos, en 48 horas ha descendido abruptamente.
Para nadie es desconocido que los subsidios a los carburantes eran realmente altos y la acción del contrabando de gas –especialmente– constituía una presión para nivelar ese rubro de actividad que es básico para armonizar el resto de la economía nacional, sin embargo la ciudadanía hubiera preferido que los cerebros financieros del Estado contribuyan con planes alternativos paulatinos y no violentos y traumáticos.
De todos modos, lo hecho, hecho está y ahora corresponde dialogar con los sectores laborales, los del transporte, los cívicos, inclusive los “movimientos sociales” para encontrar puntos de coincidencia que permitan sobrellevar la complicada situación de enfrentar gastos extras, con salarios disminuidos en su poder adquisitivo y pocas posibilidades de encontrar justa compensación.
Una verdadera prueba de fuego para los gobernantes.
Fuente: LA PATRIA
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