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Investigan secuestro de inmigrantes presionados por sus vecinos
24 dic 2010
Fuente: México, 23 (EFE).-
Las autoridades mexicanas empezaron hoy (ayer) a investigar el presunto secuestro de hasta 50 inmigrantes que viajaban en un tren de carga en el Sureste de México, ante la presión de sus vecinos centroamericanos que denunciaron el caso y exigieron su pronta resolución.
La Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía federal) inició los interrogatorios de un grupo de trece hondureños, guatemaltecos y salvadoreños que supuestamente presenciaron el secuestro masivo de entre cuarenta y cincuenta inmigrantes, incluidos mujeres y niños, en el Sureño estado de Oaxaca.
Los trece inmigrantes se encuentran en calidad de testigos en un centro del Instituto Nacional de Migración (INM) en Iztapalapa, en el Este de Ciudad de México, a donde fueron trasladados desde el Sureste del país para que puedan presentar ante la fiscalía federal sus denuncias.
La idea es que ofrezcan su versión y que después sean repatriados a sus países de origen a tiempo para pasar la Navidad con sus familias, dijeron a Efe fuentes de la fiscalía.
Según los testimonios, recabados por el consulado de El Salvador en el estado de Chiapas, un refugio católico para inmigrantes, la prensa local y por el personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH, defensoría del pueblo), el secuestro tuvo presuntamente lugar en un tren el pasado jueves 16.
Un grupo numeroso de inmigrantes se subió al tren de carga en la población chiapaneca de Arriaga, como lo hacen cientos de miles todos los años para intentar atravesar México y llegar a EE.UU., y se encontraron más adelante con un operativo del INM en la localidad oaxaqueña de Chahuites, donde fueron detenidos 92 inmigrantes indocumentados.
De acuerdo con el relato de los testigos, kilómetros más adelante una veintena de hombres armados con palos, machetes y armas de fuego pararon el tren, de madrugada, y secuestraron a un grupo de cincuenta personas.
El primero en denunciar los hechos fue el sacerdote Alejandro Solalinde, quien administra un albergue de indocumentados, y después la cancillería de El Salvador, que exigió una investigación sobre los hechos, petición secundada por los gobiernos de Honduras y Guatemala en una declaración conjunta de las tres naciones.
La CNDH también envió personal a la zona y recogió las declaraciones de 18 inmigrantes: los 13 que están prestando declaración y cinco que prefirieron continuar su travesía por territorio mexicano.
En principio el gobierno mexicano descalificó la versión de Relaciones Exteriores de El Salvador y dijo que la información no tenía “sustento”, pero después manifestó “su preocupación por llegar al fondo en las indagatorias”.
Los tres vecinos centroamericanos de México han demandado encontrar a los responsables y “dar lo antes posible” con el paradero de los presuntos secuestrados.
El canciller hondureño, Mario Canahuati, se quejó hoy de la “falta de acciones” de las autoridades mexicanas para proteger a los inmigrantes.
La Cancillería mexicana emitió un comunicado este miércoles en el que asegura que el gobierno de México “realizará todos los esfuerzos a su alcance para acelerar las indagaciones y, de ser el caso, localizar a los culpables y ponerlos a disposición de las autoridades judiciales”.
Además, en esa nota la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México manifestó “su sorpresa por el tono y contenido de las declaraciones formuladas por el Ministro de Relaciones Exteriores de El Salvador (...) alusivas a las acciones” del gobierno mexicano para el “reto compartido” que supone la migración.
También rechazó “categóricamente cualquier aseveración que ponga en duda la determinación” con la cual el gobierno mexicano ha asumido la lucha contra el crimen organizado, que toma muchas veces a los indocumentados como blanco de secuestros, homicidios y extorsiones.
La denuncia del presunto secuestro se produce después de que en agosto pasado 72 inmigrantes indocumentados de Centro y Suramérica, 58 hombres y 14 mujeres, fueran asesinados en el estado de Tamaulipas, en el Noreste de México, presuntamente a manos de Los Zetas, una organización criminal con operaciones en varios estados del país.
Fuente: México, 23 (EFE).-
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