En el 2010, los avasallamientos fueron el pan de todos los días

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En la gestión que acaba, los avasallamientos también fueron parte de la vida cotidiana de los orureños y el pan de todos los días como hace cuatro años, en medio de denuncias de agresiones, maltratos, amenazas y la detonación constate de cachorros de dinamita para atemorizar a quien se interponga en los actos irregulares que comete un grupo de gente, liderizado por unas dos personas.

Estos hechos, denunciados desde el 8 marzo de 2006, no pueden ser controlados por la falta de acciones conjuntas de autoridades, poniéndose al parecer por encima de las denuncias de las víctimas el tema político, como se constató en junio del mismo año cuando debería haberse intervenido y expulsado a los avasalladores de predios ubicados en la zona Este.

Los denominados dirigentes de los avasalladores, se dedicaron a la venta de lotes intervenidos, sembrado miedo y caos como si se tratase de la “tierra de nadie” debido a la falta de acciones de las autoridades para evitar abusos que sufren algunos pobladores, legítimamente establecidos, por la pretensión de otros de obtener un terreno en forma gratuita, pero por la fuerza.

Las personas que cayeron en la trampa de obtener un lote de forma gratuita fueron engañados puesto que en vez de haber obtenido este bien con legalidad comprando un terreno directamente de los propietarios, tuvieron que pagar montos elevados en primera instancia para ingresar simplemente al lugar.

Una vez que ingresaron al lugar tuvieron que pagar montos excesivos de dinero por obtener un pedazo de terreno o lote y pagar multas por no asistir a reuniones y marchas de protesta realizadas en contra de personas que presentaron su derecho propietario en instancias judiciales, que en el momento preciso no tuvo valor ante intereses personales y políticos.

Este tipo de irregularidades comenzaron hace cuatro años, en el mes de marzo, cuando un grupo diminuto de personas decidió avasallar terrenos en varias zonas de la ciudad, usando como excusa por su hazaña la falta de recursos económicos para la compra de un lote donde construir una vivienda digna.

La decisión de intervenir las zonas avasalladas, el 10 de julio del mismo año, provocó la muerte de un policía de seguridad, Santiago Orocondo, quién la noche antes de la intervención durmió en la propiedad intervenida, situada en la zona Sudeste, cumpliendo órdenes de los dirigentes que les obligaban a pernoctar en el terreno dentro de carpas de plástico, caso contrario perderían el espacio que dispusieron sus dirigentes.

Cuando se inició el avasallamiento aproximadamente 200 personas se encontraban asentadas en propiedad privada, pero como la decisión de intervenir fue a destiempo y en la zona menos indicada, el número de avasalladores se incrementó a aproximadamente 8.000 personas que continúa creciendo ante la promesa de obtener un lote de forma gratuita.

Esta ilegalidad, de haber sido frenada a tiempo seguramente no tendría las consecuencias que ahora arrastra, puesto que sólo algunos se beneficiaron con recursos que generan diariamente las familias humildes que son utilizadas para sembrar miedo en las movilizaciones que realizan.

PROPIETARIOS

Por su parte, los propietarios de los terrenos avasallados, hasta el momento no logran acuerdos con estas personas que tras haberse comprometido a pagar a precio social por los predios en los que irrumpieron y tras haber dado una cuota de arranque incumplieron con el pago total, al contrario, en la última temporada se dedicaron a realizar amenazas y apedrear sus domicilios para atemorizar a toda su familia.

Ante la falta de apoyo de las autoridades, simplemente piden que se cumpla la resolución judicial que determina la expulsión de las personas de su propiedad, para poner fin a la pesadilla que soportan desde hace cuatro años y que les provocó un sinfín de problemas.

Recuerdan que tras los problemas que atravesaron el 2006, asumieron una actitud de comprensión ante la necesidad de muchas familias, firmando un acta de entendimiento junto a varias autoridades a nivel departamental, municipal y representantes del Instituto Geográfico Militar (IGM), para garantizar la concesión de por lo menos 8 mil lotes vendidos a precio social.

Posteriormente, mediante movilizaciones y a la fuerza, se logró que el municipio elabore los planos de las urbanizaciones donde se asentaron, tomando en cuenta que la construcción de viviendas se realizaba sin contemplar el espacio para las áreas de equipamiento, áreas verdes, definición de calles y otros aspectos que son importantes para el establecimiento de nuevas urbanizaciones.

Éste es un resumen de lo sucedido al principio de los avasallamientos y sus repercusiones, aunque a partir de una resolución municipal, los conflictos resurgieron, además de nuevos avasallamientos y movilizaciones para conseguir la entrega de títulos ejecutoriales de terrenos que ocupan desde hace cuatro años o la devolución de su cuota de arranque que pagaron para la adquisición legal de un predio.

Los propietarios de terrenos avasallados, piden a la ciudadanía reflexionar sobre estos hechos, puesto que a las personas que no les conviene la solución de este problema son los dirigentes, quienes viven de extorsionar a la gente y, a politiqueros que utilizaron a las personas con el pretexto de lograr servicios básicos de forma gratuita como el agua, energía eléctrica, alcantarillado y otros, ante la falta de autoridades que hagan cumplir las normativas legales.

Fuente: LA PATRIA