Ataques contra el catolicismo fueron la característica del actual gobierno

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Una serie de ataques contra la Iglesia Católica derivó en movimientos de solidaridad de los creyentes ante determinaciones gubernamentales como la aprobación de leyes que eliminan la participación de la Iglesia, con el fin de evitar que exista un ente contestario ante hechos que no se enmarcan en la vivencia de los bolivianos.

Tal el caso de normativas referidas a los derechos de las personas y relacionadas con la Iglesia como la de eliminación de la materia de religión de la currícula educativa, la pretensión de legalizar el aborto establecido en la ley de derechos sexuales y reproductivos, el intento de aprobación de una normativa permitiendo que niños de 12 años puedan tener relaciones sexuales de mutuo acuerdo, temas que fueron rechazados por la Iglesia por considerar que no estaban basados en nuestra forma de vida y las costumbres de la población.

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De esta manera se emprendió una lucha sin fundamento contra la religión católica, plasmada también en el artículo 4 de la Constitución Política del Estado, que expresamente dispone que el Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales de acuerdo con sus cosmovisiones sin reconocer a la Iglesia como religión universal planteada en la carta magna que fue modificada.

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

Ante este tipo de acontecimientos se emprendió una diversidad de campañas sobre temas de interés general de la población como el rechazo al proyecto de ley sobre los derechos sexuales y reproductivos, donde se permitía que niños a partir de los 12 años puedan tener relaciones sexuales de mutuo acuerdo sin ningún tipo de sanción, lo cual fue modificado gracias a la socialización emprendida por la Iglesia Católica y sus feligreses que realizaron movilizaciones para evitar que esa normativa sea aprobada como se había planteado.

Además que a través del mismo proyecto de ley se permitía la legalización del aborto, despenalizando esta normativa basada en el derecho de la autonomía corporal de la mujer, motivo por el que se recordó al gobierno que el derecho fundamental de todo ser humano es el derecho a vivir y que la vida comienza a partir del momento de la concepción.

De esta manera se emprendieron campañas de concienciación y socialización sobre estos temas de suma importancia para toda la sociedad, en defensa de la vida y la familia.

En una diversidad de documentos emitidos a la población, los líderes espirituales recordaron que la doctrina social de la Iglesia Católica enseña que siempre debe existir comunicación para lograr que las personas tengan conocimiento del trabajo social que realiza la Iglesia.

Durante el proceso de concienciación, miembros de la Iglesia recordaron al gobierno y legisladores, su deber de velar por los derechos fundamentales de todo ser humano, razón por la cual instaron a escuchar a la población y no claudicar ante presiones políticas impuestas desde afuera, que simplemente instaba al libertinaje “por ser una copia fiel de una ley similar aprobada en Estados Unidos donde no se respetan costumbres y la cultura de los pueblos andinos”.

AYUDA A LOS DESPOSEÍDOS

Durante el año, en las homilías de los sacerdotes y fiestas de guardar como la Semana Santa y Corpus Christi, se instó a la población ayudar a los desposeídos como labor fundamental y principal de la Iglesia, obras de bien social que se demuestran en la entrega de víveres, ropa, abrigo, refugio, educación, salud y otros. Ese trabajo lo impulsan tanto sacerdotes como párrocos de los 13 templos que funcionan en la ciudad, con la colaboración de los feligreses.

La ayuda social se advierte en el apoyo que brindan también religiosas en hogares de niños y la administración de albergues para jóvenes, la atención en dispensarios a un costo mínimo, ante problemas de salud que atraviesa la gente necesitada y de escasos recursos, la provisión de un plato de almuerzo como el que se brinda en los comedores populares dependientes de la Iglesia.

De esta manera se demuestra el verdadero trabajo social, ayuda moral, espiritual y económica que necesita el pueblo.

Asimismo, los religiosos fueron criticados porque emitían opinión ante los continuos reclamos por la falta de conocimiento para gobernar con sabiduría, también por la insensibilidad demostrada ante algunas acciones que emprende la Iglesia en beneficio de todo el pueblo y no sólo de algunos sectores.

Los sacerdotes y religiosas durante el año 2010, al verse frente a los constantes cambios de las normas relacionadas con los derechos de la población, instaron a los feligreses a la reconciliación, teniendo la facultad de perdonar para convertir a Bolivia en un país unido.

“Hay que tener la capacidad de Dios de perdonar, de reconciliarnos, convertir a nuestro país en espacio de comunicación y perdón si es que realmente creemos en este Dios, un país reconciliado asegura la paz para todos, un país en el que se perdonan los unos a otros, si nos perdonamos y nos reconciliamos entre nosotros haremos de Bolivia el país, no de las maravillas humanas, sino de las maravillas y la grandeza de un Dios que camina con su pueblo”, dijo monseñor Julio Terrazas en una de sus intervenciones durante la celebración litúrgica dominical.

LEY ANTIRRACISMO

De la misma forma, la Iglesia, junto a periodistas y medios de comunicación, emprendió una campaña de socialización sobre las consecuencias de algunos artículos establecidos en la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación que fue aprobada por el gobierno, los mismos que encierran algunas denotaciones como el riesgo de judicializar la opinión pública, mejor entendida como la libre expresión, derecho que tiene todo ser humano de discernir y disentir ante algún tema de su interés.

EDUCACIÓN

Al cerrar la presente gestión se advierte que en la próxima, que empezará dentro de dos semanas, la lucha por defender la doctrina católica será aún más ardua, puesto que al haberse aprobado la Ley Avelino Siñani-Elizardo Pérez existirán muchos cambios a nivel educativo afectando la administración normal de algunas unidades educativas, la anulación de ítems de maestros de religión y otras disposiciones que se encuentran en la norma.

Fuente: LA PATRIA