Proyecto Oruro Puerto Seco se sumió en mantos de incertidumbre

¿Fotos en alta resolución?, cámbiate a Premium...

El anhelado proyecto Oruro Puerto Seco, durante la gestión 2010, fue motivo de incertidumbre a consecuencia de observaciones de índoles legal, administrativa y técnica, al margen del proceso judicial del ex prefecto Alberto Luis Aguilar y otros funcionarios de su administración por el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, conflictos que deben ser solucionados para empezar con la licitación y estructuración de la Sociedad Anónima Mixta, de acuerdo a Ley.

Los problemas judiciales de la ex autoridad departamental llegaron el 12 de abril, cuando el Juez Instructor Cautelar en lo penal Nº 1, Marco Chambi negó la solicitud de detención preventiva en el Penal de San Pedro de Alberto Luis Aguilar, por el supuesto delito de Conducta Antieconómica, Incumplimiento de Deberes y Uso Indebido de Influencias en el caso del proyecto Oruro Puerto Seco, interpuesta por el Ministerio Público, por el contrario, decidió aplicar medidas sustitutivas (arraigo).

En ese contexto, después de varias postergaciones, el estudio a diseño final del Puerto Seco fue entregado en acto especial efectuado en el Salón Ildefonso Murguía el 24 de mayo. Los documentos presentados por la consultora española Prointec, compilados en más de 20 archivos detallaban fundamentalmente aspectos de carácter técnico, reflejados en conceptos de ingeniería y arquitectura, como parámetros de dimensionamiento, modelos de negocios (los servicios que se prestará dentro de la infraestructura), además de la estructura organizativa del proyecto.

La futura infraestructura, también denominada por Prointec como una plataforma logística de negocios intermodal de mercancías del corredor bioceánico, luego de esta entrega debería tener el camino expedito para lanzar la convocatoria de su licitación y la estructuración de la sociedad anónima mixta, pues, de acuerdo a Ley, la gestión de los recursos para su ejecución estarían compartidos por el gobierno nacional, la gobernación y gobiernos municipales que participen en su estructura organizativa.

Sin embargo, esta etapa no prosperó y la entrega posteriormente fue observada por el actual Gobierno Autónomo Departamental. El 19 de agosto, el secretario de Planificación del Desarrollo, Franz Martínez manifestó que después del análisis del proyecto, se detectó una serie de irregularidades en el proceso de licitación, elaboración y presentación a diseño final, por tanto sería aceptado sólo hasta la etapa de “prefactibilidad”.

Al margen de las observaciones de índole técnico, una de las anomalías que fue detectada y que actualmente continúa sin solucionarse es la presentación del informe final, avalado por un acta de entrega, el pasado 31 de mayo de la presente gestión, documento que tiene la rúbrica del ex prefecto Aguilar, cuando en esa fecha ya no fungía como autoridad, hecho catalogado como usurpación de funciones, al momento se encuentra en etapa de investigación por el Ministerio Público.

La situación se complicó cuando comunarios de Soracachi, lugar elegido para el emplazamiento del proyecto, el 10 de septiembre exigieron a la Gobernación que se agilice la licitación y la estructuración de la sociedad anónima mixta, demanda que fue solucionada en la inclusión del proyecto al Plan Operativo Anual (POA) 2011, explicándoles además, de parte de la Gobernación el conflicto legal sintetizado en la entrega del estudio a diseño final.

Este contexto de dificultades, al contrario de mejorar, empeoró cuando se comprobó que el proyecto estará emplazado sobre el principal manto acuífero que provee de agua a la ciudad de Oruro. Hecho que fue anticipado al comenzar el mes de julio en medio de la Conferencia Magistral respecto al tema Puerto Seco, sus alcances y características expuestas por expertos profesionales nacionales y extranjeros en el Salón de Convenciones de la Facultad Nacional de Ingeniería, el 1 de julio.

Estas afirmaciones las hizo conocer Gonzalo Ugalde Canedo, perito en corredores interland, profesional que fue ejecutivo de varias instituciones importantes en el departamento, como el Servicio Local de Acueductos y Alcantarillado (SeLA Oruro).

Ugalde manifestó que Soracachi es una zona inviable por estar en el sector donde se encuentra el manto acuífero de Cala Caja, adelantando que si fuese contaminado por las actividades de la infraestructura portuaria, la ciudad de Oruro, dejaría de existir, debido a que es el único pozo acuífero que podría garantizar la dotación del líquido elemental, al margen de aconsejar que la ubicación pertinente por temas de accesibilidad y logística sería el sector denominado Jhatita, distante a 20 minutos de la ciudad.

Respecto a esta posibilidad que se presentaba, respecto al tema medioambiental, el secretario de Planificación de la Gobernación sostuvo que la intención no era truncar la ejecución del proyecto, al contrario, subsanar las observaciones legales, técnicas y administrativas.

Sin embargo, pobladores de Soracachi, al concluir noviembre alertaron con el inicio de movilizaciones, como el bloqueo de caminos si el gobernador Santos Tito no cesaba en sus funciones al secretario de Planificación, Franz Martínez, porque entendían que trababa el proyecto.

Se reunieron con la primera autoridad del departamento, Santos Tito, el 30 de noviembre con la finalidad de solucionar el conflicto, mas, la situación se agravó, ante la negativa de Tito de destituir a Martínez. El gobernador instó a representantes de Soracachi a viabilizar una salida al problema, sin buenos resultados.

Al día siguiente se inició el bloqueo del camino Oruro-Cochabamba, desarticulado al concluir la mañana por la fuerza del orden. Ya por la noche se reunieron en la Gobernación, arribando a un acuerdo en el que la principal institución del departamento respetaría la justificación científica de la localización del proyecto.

El jueves 2 de diciembre, tras la realización de una reunión interinstitucional, la postura en cuanto a la localización tuvo un giro de 360 grados, a consecuencia de la exposición de Juan Carlos Salazar. La investigación de este profesional orureño, además de datos proporcionados por el Servicio Local de Acueductos y Alcantarillado (SeLA Oruro), respecto a la sub cuenca Oruro-Caracollo, cambiaron el contexto de la problemática respecto a la localización del Puerto Seco en Soracachi por encontrarse sobre el principal manto acuífero Cala Caja que se estimaba podría ser contaminado, concluyendo en que si se realizan estudios complementarios y posteriormente actividades de prevención y protección, esta situación podría ser controlada.

Ese fue el accionar respecto al anhelado proyecto que se estima pueda empezar con el proceso de licitación el año 2011, sin embargo, aún circulan dudas y problemas que deben ser resueltos, priorizando los intereses del departamento y no solamente de un grupo o sector de Oruro.

Fuente: LA PATRIA