Añejo diferendo limítrofe el 2010 alcanzó los niveles más altos de conflictividad

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El conflicto limítrofe entre los departamentos de Oruro y Potosí alcanzó el 2010 su pico más alto en conflictividad, situación que llevó al Gobierno nacional a tomar cartas en el asunto en base a la implantación del proceso de conciliación y delimitación que se prevé culminaría los primeros meses del 2011.

La primera semana de este año que concluye, la relación entre poblaciones de Oruro y Potosí se tensionaron, cuando el Ministerio de Autonomía tuvo que retroceder en base a presión de comunarios de Culta y de instituciones del departamento a dejar sin efecto la Resolución Administrativa 012/09, emitida por esa instancia gubernamental, en la que el departamento estaría perdiendo cerca de 14 km2 de territorio.

Al pasar los meses, el proceso administrativo planificado por el Ministerio de Autonomía, se llegó a tensionar, entre incursiones a territorio orureño de parte comunarios potosinos en la franja limítrofe, en junio izaron la bandera de su departamento en el cerro Pahua, denotando así una clara actitud expansionista, la misma fue corroborada por el propio gobernador potosino, Félix González Bernal, durante la reunión de gabinete que fue suspendida a petición de la gobernación de Oruro el viernes 18 en La Paz, argumentando que no respetaron los acuerdos de la pacífica convivencia dentro de este proceso de conciliación.

Tras algunas intervenciones de los comunarios de Coroma, distrito indígena perteneciente al municipio de Uyuni de la Provincia Antonio Quijarro del Departamento de Potosí, surgieron los pedidos para que prosiga la audiencia de conciliación y que se declare en rebeldía a la representación de Oruro, las amenazas de bloqueo de carreteras y otras medidas de presión fueron recurrentes, sin embargo esta figura no progresó.

Ya el 24 de junio, en conferencia de prensa, el gobernador Santos Tito dio cuenta del estado del proceso de conciliación establecido en el Decreto Supremo Nº 26520 del 21 de febrero de 2002 (con la finalidad de reglamentar las normas específicas del Proceso Administrativo de Creación, Reposición, Supresión y Delimitación de Unidades Político Administrativas), que reglamenta la Ley Nº 2150 Ley de Unidades Político Administrativas (UPAs).

En este ínterin, mientras se desarrollaban las reuniones de gabinete en la sede de Gobierno, el diputado Franz Choque solicitó la recusación del viceministro de Organización Territorial, ex constituyente por Potosí, Gregorio Aro Rasguido, autoridad competente del Ministerio de Autonomías dentro del proceso de conciliación en el sector de Coroma - Quillacas (Oruro-Potosí), por no ofrecer garantías de imparcialidad.

La situación a mediados de julio giró en su solución debido a la promulgación de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, pues estableció dejar al “procedimiento administrativo” la resolución de los problemas de delimitación interdepartamental.

El problema llegó en agosto a su nivel más elevado en grado de conflictividad por la decisión del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), pues ingresaron en una huelga de hambre y bloqueo de caminos que se extendió hasta mediados de agosto, al margen de incluir otras series de demandas que hacen al desarrollo del hermano departamento.

Ante esta postura, el Comité Interinstitucional de Defensa Territorial del Departamento de Oruro, liderado por el gobernador Santos Tito, se declaró en estado de emergencia.

El 4 de agosto en la ciudad de Cochabamba, el Ministerio de Autonomía convocó a una reunión para que se logre articular un espacio de diálogo y consenso, sin embargo quedó truncado por la inasistencia de la delegación potosina. El Órgano Ejecutivo llamó a otro encuentro, esta vez, en la ciudad de Sucre, en la que estuvieron presentes los ministros de la Presidencia y de Autonomía, Óscar Coca y Carlos Romero, respectivamente, que también quedó truncada.

Los días pasaban y la situación se agudizaba, en ese contexto el Comité Civico de Oruro decide protagonizar la Marcha de la Reivindicación orureña, que también concentra el pliego petitorio dirigido al Gobierno Nacional.

El 15 de agosto en Sucre, después de varias reuniones frustradas, se arribó a un acuerdo que consta de cinco puntos, denominado “Acuerdo entre el Gobierno Nacional y los departamentos de Potosí y Oruro”.

El primer punto del documento señala que la nueva Ley de Unidades Territoriales será consensuada por las nueve gobernaciones del Estado Plurinacional (proceso que empezó el miércoles 18 de agosto en la sede de gobierno) conjuntamente el sistema municipal y el ministerio de autonomías, en base a un anteproyecto de la Ley propuesto por el Ministerio de Autonomías, donde se analizará la disposición transitoria 16º de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, en referencia a 180 días de pausa en este tipo de acciones, figura que en su momento fue interpretada erróneamente.

El segundo punto se refiere al trabajo de conciliación y demarcación que se efectuaría en el terreno (in situ), junto a una comisión mixta, integrada por el Ministerio de Autonomías, el Instituto Geográfico Militar (IGM), las Unidades Técnicas de Límites (UTLs) de ambas gobernaciones, comunidades colindantes y municipios afectados por este conflicto.

El tercer punto menciona que como instancia veedora y pacificadora se recurriría a un organismo o autoridad neutral, designado por el Ministerio de Autonomías y las gobernaciones de Oruro y Potosí, quedando marginado automáticamente el viceministro potosino de Organización Territorial, Gregorio Aro Rasguido como autoridad competente en el proceso de conciliación de conflictos limítrofes.

El cuarto punto del acuerdo indica que la Comisión de Conciliación y Demarcación, luego de concluir con el trabajo de campo emitiría un informe técnico jurídico, posteriormente en base a sus resultados debía elaborarse un anteproyecto de delimitación y demarcación definitiva a ser elevado a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su aprobación.

Finalmente, el quinto punto hace referencia a la garantía de convivencia pacífica entre colindantes, al margen de la elaboración de actas de pacificación entre los comunarios en conflicto, promovidas por la Comisión Mixta, quedando encargadas para su cumplimiento las gobernaciones de ambos departamentos, municipios, autoridades originarias, así como los Ministerios de Gobierno y Autonomía, estas actas debían ser elaboradas y firmadas en el lugar de conflicto en presencia de dichas autoridades.

Luego de la firma de este acuerdo se produjeron otras reuniones con la finalidad de abordar los procesos del trabajo de conciliación y demarcación limítrofe, dividido en la firma de actas de pacificación, trabajo de gabinete y de campo.

El proceso de firma de actas de pacificación resultó complicado, por la susceptibilidad de comunarios de la franja limítrofe, en tanto se produjeron hechos de violencia como la quema de chozas en el sector de Ornoni (municipio de Santuario de Quillacas), actitud que fue deplorada por el ministro de Autonomía, Carlos Romero, convirtiéndose en parte querellante ante el Ministerio Público para el esclarecimiento de ese siniestro.

El proceso de conciliación y demarcación pasó la primera etapa que consistió en la firma de actas de pacificación y actualmente el trabajo se encuentra en la segunda etapa, rotulada como trabajo de gabinete, que sufrió alteraciones en el cronograma inicial, figura consensuada entre partes, pues en realidad esta etapa consignaba 20 días hábiles, luego de la conclusión de la primera fase, del 22 de noviembre al 14 de diciembre.

Sin embargo, el trabajo de gabinete se dividió en dos partes, la primera culmina este 22 de diciembre con la presentación de pruebas documentales, literales, históricas, geográficas y cartográficas.

Los documentos presentados al Ministerio de Autonomías, mediante la Dirección de Límites, se someterán a un proceso de evaluación y análisis, para concluir con la redacción del informe, proceso continuo hasta el 19 de enero del 2011 con la participación de la Comisión Mixta, para proseguir con el trabajo de campo, con la finalidad de solucionar definitivamente este añejo diferendo.

Fuente: LA PATRIA