2010, el año en que el MAS decidió la toma del poder total
22 dic 2010
Fuente: LA PATRIA
Por: Pedro Glasinovic Villafán - Sub director de LA PATRIA
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El 26 de julio, durante un acto político en Cochabamba, el vicepresidente Álvaro García Linera confirmó el inicio de una “ofensiva estratégica” para consolidar la denominada “revolución democrática”, con la toma definitiva del poder total, o poder político-económico-cultural.
Dijo que el MAS y los movimientos sociales enfrentaban el desafío de tomar el poder ya no sólo del Gobierno, “sino del poder para tener la capacidad de decidir y mandar sobre la política y la economía” del país.
El anuncio tuvo como correlato la ejecución de acciones políticas que han arrinconado a la oposición hacia el impedimento legal provocado por procesos judiciales.
Desde la reelección del presidente Evo Morales en diciembre de 2009 el gobernante MAS ha impuesto un ritmo inusitado para despejar su camino de “refundación” de Bolivia con la apertura de procesos judiciales contra varios opositores y la aprobación de leyes de la nueva estructura de órganos de poder.
JUDICIALIZACIÓN
El analista político Marcelo Silva dijo que lo que se vive en Bolivia se resume “en esa palabrita que es la judicialización de la política”. Los procesos abiertos por el Ministerio Público contra políticos opositores en ejercicio de funciones derivan rápidamente en la suspensión de cargos, estipulada por la nueva Ley de Autonomías. Mientras se redacta este resumen anual, aún se registran en Tarija los remezones provocados por la suspensión del ahora ex gobernador Mario Cossío, en huelga de hambre contra lo que calificó como “golpe de Estado del MAS”.
En La Paz, el alcalde Luis Revilla, del opositor MSM, también enfrenta el mismo riesgo después de haber sido imputado por los delitos de falsedad material y malversación por haber justificado gastos de representación con documentación supuestamente fraguada.
Pero no son los únicos casos, durante el 2010 se conocieron varios procesos contra disidentes y opositores.
En Sucre, el alcalde electo Jaime Barrón fue destituido después de ser acusado de haber protagonizado los vejámenes contra campesinos el 24 de mayo de 2008 en esa Capital. En Potosí, el alcalde electo René Joaquino corrió una similar suerte al ser suspendido y sentenciado a tres años de cárcel por haber comprado vehículos a medio uso.
MÁS PROCESADOS
Otros procesados son el Gobernador de Santa Cruz Rubén Costas por haber acusado al Vicepresidente García Linera de haberse beneficiado con el narcotráfico y el Gobernador de Beni, Ernesto Suárez por supuesta malversación económica.
En Cochabamba, la presidenta del Concejo de esa ciudad, Ninoska Lazarte, ex diputada de Podemos fue convocada a prestar declaraciones por un caso de supuesto incumplimiento de deberes por no haber respaldado con pruebas sus denuncias de una intervención de venezolanos en el proceso de carnetización.
Lazarte después de ser citada por un fiscal de La Paz en julio pasado, dijo que con esa citación se “demuestra una vez más que el Gobierno continúa con su cacería de opositores”.
En La Paz, Revilla y el ex alcalde Juan del Granado enfrentan otro proceso por delitos de acción pública promovido por el dirigente de los comunarios de Alpacoma, Alejandro Goytia Paca. Revilla y Del Granado fueron acusados de cometer los delitos de falsedad ideológica, peculado, defraudación y otros.
También en Sucre, la ex alcaldesa Aydée Nava, la concejala Lourdes Millares y el ex dirigente cívico John Cava son juzgados por el mismo caso de “racismo” que destituyó a Barrón.
Los ex presidentes cívicos de Santa Cruz Branko Marinkovic y Guido Nayar, actualmente con paradero desconocido también están acusados en el caso de supuesto “terrorismo separatista”. El fiscal Marcelo Sosa anunció que esta semana se culminará con el proceso de acusación e imputación.
OTROS PROCESADOS
Otros procesados, como el ex prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, preso en San Pedro por el caso Porvenir de Pando, del 11 de septiembre del 2008, esperan el inicio del juicio oral.
El senador por Pando, Roger Pinto también es juzgado por supuestas irregularidades y recuperó su libertad después de guardar detención domiciliaria.
El analista Carlos Cordero advirtió que las acciones políticas contra los opositores posiblemente pasen desapercibidas por las fiestas de fin de año, pero “pueden repercutir más adelante cuando el ciudadano se manifieste en elecciones”.
Fuente: LA PATRIA
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