La Ley Avelino Siñani-Elizardo Pérez es para el control ideológico, cultural y gremial
18 dic 2010
Fuente: La Paz, 17 (ANF).-
La Ley Avelino Siñani-Elizardo Pérez “es un instrumento político para acumular más poder y control gremial”, asegura la Fundación Milenio al señalar diez pecados “capitales” de la nueva norma que espera su promulgación para entrar en vigencia.
Esta ley “intenta utilizar la educación para el control ideológico, cultural y
gremial de los estudiantes y docentes”, remarca al lamentar que una vez más “queda pendiente la necesidad de construir una respuesta efectiva a los problemas fundamentales de la educación boliviana”.
El Informe Nacional de Coyuntura de la Fundación Milenio identifica diez pecados de la Ley de Educación llamada “Avelino Siñani- Elizardo Pérez”.
PECADOS CAPITALES
Intentando diferenciarse del Programa de Reforma Educativa, de 1994, la ley sancionada comete su primer pecado, pues “realiza una contradictoria mezcla de ideas y experiencias” del sistema al que pone fin la nueva norma, “en una matriz anti-neoliberal, centralista, etnicista y autoritaria”.
La Reforma, que llega a su fin, “formuló un pensamiento pedagógico centrado en el estudiante, una metodología constructivista y un nuevo diseño curricular (común y diversificado)”, además de mejorar la infraestructura, crear bibliotecas escolares y formar maestro en Escuelas Superiores, lo que es criticado por la nueva norma.
“La búsqueda de una revolución educativa sin un claro horizonte político, social, económico y cultural” es el segundo pecado que identifica Milenio al recordar que al iniciar la gestión el 2006, el Gobierno señaló que “su horizonte era el capitalismo andino-amazónico bajo un discurso nacionalista, populista e indigenista. Dos años después, el rumbo cambió hacia el socialismo comunitario”.
“Esta desorientación se refleja en la formulación de las bases y fines de la nueva ley educativa. El rumbo de la propuesta de cambio educativa se empantana en un juego de adjetivos: educación “descolonizadora, liberadora, revolucionaria, anti-imperialista, despatriarcalizadora y transformadora de las estructuras económicas y sociales”. Adjetivos y más adjetivos”, critica el análisis.
“Una revolución educativa sin un diagnóstico serio” constituye el tercer pecado, pues los autores de la ley “renuncian a la necesidad de un diagnóstico del estado de la educación boliviana, a una evaluación de las propuestas de cambio y a una crítica del Programa de Reforma Educativa para construir un planteamiento serio de transformación de la educación boliviana en las actuales condiciones pedagógicas, sociales, culturales, económicas e ideológicas”.
La “formulación improvisada y apresurada” es el cuarto pecado, pues en octubre se mantenía la estructura de 8 años de primaria y 4 de secundaria y en diciembre se plantean 6 años de primaria y 6 de secundaria. “¿Qué estudios científicos sustentan dicho cambio?” cuestiona Milenio.
El “predominio de la intraculturalidad sobre la interculturalidad” es el quinto pecado de la Ley, que además reitera la “ciudadanía diferenciada, unos con más derechos (indígenas originarios campesinos) que otros (indígenas originarios de las ciudades). Los no indígenas tienen menos derechos que los anteriores”.
El “retorno al monopolio de las Normales en la formación docente”, además sólo las estatales, es el sexto pecado. “Las universidades públicas y privadas quedaron excluidas, lo mismo que las normales privadas. Por tanto, es el retorno al antiguo monopolio”.
Como séptimo pecado, la Fundación Milenio señala que la Ley “fortalece la inercia del trabajo docente”, además que “no se toca el escalafón y se consagra la inamovilidad docente”.
“La educación técnica se reduce y marginaliza a dos horas suplementarias” en secundaria para alcanzar el título de técnico medio, lo que constituye el octavo pecado, puesto que “esta concepción reduce la educación técnica como una “yapa” del currículo”.
El “retroceso al tradicional centralismo administrativo”, es el noveno pecado de la Ley que pronto será promulgada. “Se liquidan los avances descentralizadores de los recientes 28 años de vida democrática y se niega la realidad autonómica de la Bolivia contemporánea”.
El último pecado es la creación de “condiciones para la coptación del poder”, puesto que “el control social y la participación social en educación está orientada no tanto al mejoramiento de la calidad de la educación cuanto a la puesta en marcha de mecanismos de captación social”, además con el apoyo financiero del Estado.
Fuente: La Paz, 17 (ANF).-
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