Parque tomado en Buenos Aires vuelve a la calma aunque sin solución de fondo

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El parque público tomado en el Sur de Buenos Aires que fue epicentro en los últimos días de violentos incidentes en los que murieron tres inmigrantes continuó hoy (ayer) en paz tras la llegada de las fuerzas de seguridad, aunque el problema de fondo sigue sin resolverse.

Tras la ola de violencia desatada el martes pasado, cuando la Policía intentó desalojar el parque Indoamericano, en el barrio de Villa Soldati, la calma retornó a este predio de unas cien hectáreas luego de que el Gobierno argentino se decidiera a enviar este sábado miembros de la Gendarmería (policía de frontera) y de la Prefectura (guardacostas).

La llegada de los efectivos de seguridad fue celebrada con aplausos por los vecinos de Soldati que se oponen a la usurpación del paseo público y por los mismos "okupas", que se sienten blanco de lo que identificaron como "bandas armadas" dispuestas a desalojarles a los tiros.

Gran parte del parque, que está rodeado de asentamientos precarios (chabolas) y urbanizaciones de vecinos de ingresos medios a bajos, ha sido dividido en parcelas con palos y sogas por las casi mil familias que se asentaron en el lugar y que prometen no dejarlo hasta que el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires les dé viviendas.

De momento, al lugar han llegado camiones cisterna con agua potable y baños químicos portátiles, mientras que los ocupantes comen en "ollas populares".

El Ejecutivo de Argentina y el opositor que comanda la capital mantuvieron el sábado una reunión con representantes de los "okupas" en la que no se llegó a una solución de fondo para el problema.

El Gobierno de Cristina Fernández ofreció tierras, pero el alcalde de Buenos Aires, el conservador Mauricio Macri, no se comprometió a financiar la construcción de viviendas.

El único resultado concreto de la reunión tripartita de este sábado fue la decisión del Gobierno nacional de enviar fuerzas de seguridad a la zona para su "pacificación", algo a lo que se había negado en días previos, incluso pese a una orden judicial en ese sentido.

El Gobierno nacional y el de Macri mantienen abiertas diferencias respecto del papel de la Policía Federal, que depende del primero y que Cristina Fernández se niega a utilizar para reprimir demandas sociales.

Mientras, la Policía Metropolitana, que depende de Buenos Aires, no tiene poder suficiente para actuar.

"En el Gobierno de Cristina Fernández no se reprime el conflicto social con riesgo de vida", ratificó la designada ministra de Seguridad, Nilda Garré, quien asumirá ese cargo el próximo miércoles.

Los efectivos enviados al parque no tienen órdenes de desalojarlo, sino de evitar que otras personas entren a tomar el lugar.

De hecho, las únicas escaramuzas registradas en esta jornada se suscitaron cuando un grupo de personas que intentaba ingresar al parque cercado se enfrentó a las pedradas con la Prefectura, que le disuadió arrojando gases lacrimógenos.

Quienes ya ocupan el sitio comenzaron hoy (ayer) a ser censados por unos 250 trabajadores sociales del Ministerio de Desarrollo Social de Argentina para ser incluidos en las eventuales medidas que se tomarán para resolver el problema de fondo en nuevas reuniones convocadas para esta semana.

En tanto, la jueza que interviene en el caso, Elena Liberatori, recorrió hoy (ayer) el parque y se mostró conmovida por la situación de "vulnerabilidad social extrema" que viven los ocupantes.

"No es una ocupación de territorio. Es algo más trascendente: es pedir una vivienda digna", dijo la magistrada a la prensa.

Por su parte, el titular del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), Miguel Abboud, reconoció que el Gobierno de la capital "no tiene viviendas en stock" para asignar a los ocupantes, tres de los cuales, dos bolivianos y un paraguayo, murieron durante los violentos incidentes de los últimos días, sin que aun se hayan identificado a los responsables de los crímenes.

Macri relacionó la ocupación del parque con la supuesta "inmigración descontrolada" en Argentina de la mano del "delito y el narcotráfico", lo que provocó quejas de parte de Bolivia y Paraguay y acusaciones de parte del Gobierno de Cristina Fernández hacia el alcalde por su supuesta xenofobia.

Fuente: Buenos Aires, 12 (EFE).-