Se trata tan sólo de un enunciado surgido como resultado de un referéndum en el que la población de Oruro decidió sumarse a la mayoría de los distritos que inicialmente resolvieron su futuro en el marco de buscar su independencia y su liberación del poder central, por “voluntad propia”, salvando una errónea decisión anterior en la que “políticamente” se forzó en otra consulta popular a votar por el rechazo a la autonomía.
Pasó el tiempo y los promotores políticos del partido oficialista entendieron que era muy difícil ir contra la corriente, pues en la mayoría de los departamentos el cambio autonómico se convirtió en la principal lucha cívica y reivindicativa de todas las regiones.
Hay que recordar que el 6 de diciembre del pasado año los resultados del referéndum marcaron la cifra de 165.331 ciudadanos, cambiando su primera opinión sobre el delicado tema pero ya en una nueva opción abierta a la realidad, a la necesidad de enfrentar por cuenta propia el reto del desarrollo sostenible y directo, sin vueltas en el burocrático centralismo de Estado.
Tras un año de frustrados intentos de iniciar el trabajo de redacción del estatuto autonómico de Oruro… aquí estamos como al principio, es decir, como cuando las autoridades de la Prefectura movilizaron a los “grupos sociales y originarios” para que hagan número y fuerza en la aprobación de un estatuto que estaba muy lejos de interpretar el sentir de la colectividad orureña.
A la fecha no han cambiado mucho las cosas, sólo que ahora existe una mejor predisposición para que en el delicado trabajo de preparar un estatuto se consigne a los representantes natos de la institucionalidad departamental y se encare la elaboración del documento en base a un abierto debate, en el marco del respeto a las ideas, la libertad y la democracia lo que permitirá contar con
una normativa que refleje ansiedades, anhelos y planteamientos de los diversos sectores de nuestra población.
Es posible que el tiempo que nos separa de fin de año no sea el propicio para comenzar el delicado trabajo de elaborar el estatuto de la autonomía orureña, pero algo podría adelantarse en esa misión, por ejemplo en asegurar la mayor representatividad institucional en las mesas de trabajo que deberán comenzar su trabajo en enero próximo para recuperar el tiempo perdido en un año de inactividad y de vanos intentos por imponer una hegemonía sectaria y hasta atrabiliaria.
No hay retroceso en el cambio del sistema administrativo pero tampoco se puede prolongar indefinidamente la necesidad de establecer las mejores condiciones para desarrollar los derechos y obligaciones de una autonomía que responda a nuestros anhelos y satisfaga nuestras expectativas.
Lo primero es lo primero hay que asegurar la estrategia para el correcto uso de nuestras riquezas naturales, especialmente los recursos mineros que se convierten en la garantía de nuestra futura economía. Planes hay muchos, pero los importante es que cada uno se desarrolle sin ninguna intromisión política y al margen de cualquier presión partidaria. El estatuto autonómico debe elaborarse cuanto antes para que no siga siendo un mero enunciado.
Fuente: LA PATRIA
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