Una explicación señalando que el déficit de lo que fue la Prefectura del Departamento y ahora se conoce como la Gobernación, supera en cinco veces el presupuesto de inversión de ese organismo, sólo puede tipificarse como una evidente “quiebra financiera”.
Cuando ocurre esa delicada alteración, en cualquier instancia financiera, lo prudente es el cierre o la liquidación del ente afectado por una situación que pone en riesgo la continuidad de sus operaciones… salvo que reciba una dosis de apoyo financiero para salvar la crisis.
En materia de administración política los hechos tienen otros matices y en este caso, el de Oruro, la Gobernación debe seguir funcionando aún sin tener la suficiente cantidad de recursos para encarar sus programas de gestión y menos para cubrir el millonario déficit que heredó de la gestión pasada en manos de un antecesor oficialista.
Por lo que se sabe son tres los distritos que confrontan el mismo problema, aunque el de Oruro con una mayor incidencia en el monto y el perjuicio que se ocasiona en la continuidad de planes en ejecución o en el inicio de obras que fueron programadas y tal parece seguirán todavía en una larga lista de espera.
Varias comunidades del área rural resultan las más perjudicadas ya que allí no se cumplirán programas que al no tener respaldo financiero no podrán ejecutarse, por lo menos hasta que alguien reponga los fondos mal utilizados en una cuestionada administración prefectural.
Precisamente el grave problema de la Gobernación en el momento actual radica en la recuperación de más de 500 millones de bolivianos que no fueron convenientemente utilizados, pero si discrecionalmente gastados. Sin esos recursos la Gobernación, así tenga completas las partidas de su presupuesto de la gestión 2011, estará arrastrando la millonaria deuda creada en la última administración y que debería ser reemplazada desde el Poder Ejecutivo, ya que por lo observado será inútil cualquier intento de recuperar fondos de la ex autoridad prefectural y su entorno partidista.
La nueva autoridad que ostenta el título de Gobernador tiene una difícil misión que es la de sanear la economía de la institución, pero no sólo en la perspectiva de obtener algunos financiamientos adicionales desde el Poder Ejecutivo o de manera más sencilla acudir a organismos internacionales para que con un “poco de muñeca” o posiblemente con “mucho pesar” por lo sucedido dispongan de presupuestos de emergencia que salven la situación y eviten el colapso de la Gobernación.
Si bien se trata de buscar una solución de emergencia a la crisis lo correcto es que desde el Poder Central se instruya una minuciosa investigación del caso y se extremen todas las instancias para establecer responsabilidades, aplicando las sanciones que correspondan a culpables y encubridores por el delito de causar daño económico a una entidad pública. Por poco más o poco menos, se cumplen operativos manejados desde el ministerio público y el Ministerio anticorrupción involucrando a políticos de oposición.
La ciudadanía se pregunta en Oruro ¿por qué no se procede de igual modo con ex funcionarios que malgastaron los recursos del pueblo?
Fuente: LA PATRIA
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