Viernes 10 de diciembre de 2010
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Los derechos humanos universales son una categoría antropológica de las personas. No pueden ser una opción porque no hay otra similar en valor, en dignidad y en excelencia. Puede una sociedad determinada no reconocerlos y actuar como si no existieran, o como si dependieran de la sanción del poder legislativo. Esa actitud será legal, puesto que legislada, pero no justa. Como legales fueron los campos de concentración alemanes y soviéticos, el apartheid en Sudáfrica o la esclavitud durante siglos. Ninguna autoridad puede darlos o retirarlos legítimamente, lo único que puede hacer es reconocerlos en su ordenamiento jurídico o conculcarlos con una legislación injusta, segregadora y excluyente.
Estos derechos humanos -políticos y sociales- pertenecen a todos los seres humanos. No bastan éstos o aquéllos para dar apariencia de democracia, sino todos. Todo lo más que pueden hacer los poderes políticos es reconocerlos, como se hace en las Cartas Magnas. No en las Otorgadas. Pero, aunque no lo hicieran, como de hecho sucede cada día en tantos lugares del mundo, industrializados y empobrecidos, cuando los conculcan, no hay que esperar orden de mando alguna: es preciso arrebatarlos y ejercerlos.
