Las 400.000 firmas pertenecientes a similar número de personas que respaldaron en todo el país, a trabajadores, periodistas y empresarios de medios de comunicación movilizados en torno a la defensa de la libertad de expresión, como un principio natural que sustenta el derecho a la libertad de información, prensa y opinión, se convirtieron en un parámetro objetivo y palpable que el país en general, sobre todo desea mantener vigente el sistema democrático con todas sus virtudes, cualidades y beneficios que son parte del ejercicio de los derechos humanos mundialmente reconocidos.
No constituye en esencia, una simple manifestación del soberano que, por la “linda cara de periodistas o presentadores de televisión”, hayan estampado su firma en los libros habilitados legalmente por las cinco instituciones representativas del periodismo boliviano, para emprender una campaña pública, sincera y constitucionalmente legítima y legal (Art. 11 de CPE p. III), con miras a preservar el sagrado derecho a expresarse de la forma y manera, propias de cada persona, habitante de Bolivia y en ejercicio pleno de sus derechos ciudadanos.
Estas 400.000 personas que firmaron los libros atendiendo una convocatoria desarrollada sin respaldo pecuniario ni medios para cubrir costosas campañas mediáticas, se convierten en portadoras de un honroso comportamiento y conciencia digna. Por el contrario, la reacción del gobierno mantiene coherencia con el objetivo final trazado fuera de nuestras fronteras y con el ritmo muy intenso que caracteriza a su campaña mediática de desprestigio sustentado por “el clisé” de “la lucha contra el racismo y la discriminación”.
El destino final de su estrategia, es controlar los medios de comunicación para liquidar la vigencia de la prensa independiente, libre y responsablemente ética, inclusive, cumpliendo el mandato que rige en Bolivia por los principios establecidos en la propia Constitución Política del Estado, cuyo artículo 107, sostiene: “El Estado garantiza el derecho a la comunicación y el derecho a la información”, así como, en su parágrafo II, dice: “El Estado garantiza a las bolivianas y bolivianos el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información, a la rectificación y a la réplica, y el derecho a emitir libremente las ideas por cualesquier medio de difusión, sin censura previa”.
La norma constitucional, insiste en su parágrafo III: “El Estado garantiza a las trabajadoras y los trabajadores de la prensa, la libertad de expresión, el derecho a la comunicación y a la información. Estos derechos se ejercerán de acuerdo con el principio de responsabilidad, mediante las normas de ética y de auto regulación de las organizaciones de periodistas y medios de comunicación y su Ley”. Estos principios rigen también en la Convención Americana de los Derechos Humanos (Arts. 13 y 14).
En palabras del Vicepresidente del Estado, sólo uno de los libros sería suficiente respaldo para atender el principio constitucional denominado: “iniciativa legislativa ciudadana” y sería suficiente para atender el tema de los artículos impugnados por la población en general y las 400.000 personas que firmaron por la derogatoria de los arts. 16 y 23 de la “Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación” que, dicho sea de paso, los periodistas y otras instituciones internacionales, comprometen su apoyo sin menos cavar ni liquidar principios y libertades que rigen en todo el mundo.
Pese a esas palabras, el gobierno insiste en la necesidad de contar con una Ley que reglamente su vigencia, además que esta experiencia no es la primera, sino que ya existe como antecedente, la solicitud que el presidente de la Cámara de Diputados puso en práctica aquel principio constitucional, para endurecer las penas que rigen en el Código Penal. Dicha iniciativa fue aprobada y sancionada por la Asamblea y promulgada por el Órgano Ejecutivo.
Queremos entender, finalmente, que no reconocer la existencia de 400.000 firmas en los libros (no cuadernos) de las organizaciones periodísticas, no significa asumir una posición de soberbia ante el ejercicio de un valor democrático que ennoblece a la sociedad boliviana, sino un simple desliz de carácter circunstancial fácilmente remediable con la vigencia plena de la Constitución Política del Estado.
Nuestra historia está llena de experiencias más difíciles de las cuales Bolivia ha sabido encontrar el camino de la tolerancia, el diálogo y el entendimiento, antes de asumir el duro experimento de la confrontación y la violencia. También, nos recuerda hechos muy opuestos con resultados que todos hemos lamentado a su tiempo.
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