Por supuesto que entre estas dos formas de actividad cotidiana, de la mayoría de los ciudadanos de nuestro país, hay una diferencia abismal así se quiera minimizar el índice vigente de hasta 73 por ciento de empleos no seguros y sólo un 27 por ciento de actividades que tienen respaldo de permanencia y se encuadran a los factores de orden legal, seguridad social y otros.
Justamente la aprobación -sin consenso- de la Ley de Pensiones desató una serie de opiniones y protestas entre sectores laborales del país que consideran un “retroceso” en los beneficios que deberían mejorar las condiciones de los trabajadores activos pero también garantizar la vida de los pasivos para que el resto de sus días gocen de cierta comodidad y dignidad junto a sus familiares.
Las cosas no se dan de ese modo y los actuales trabajadores ven con mucho temor el futuro de sus rentas y en fría coincidencia su porvenir, y el de algunos de sus dependientes, cuando se asegura que el nuevo sistema de pensiones no tiene garantía de sostenibilidad por su modelo y por ausencia de adecuada fiscalización, pues la fijada ahora corresponderá a “organismos” del Estado que no son confiables, desde su origen y el cumplimiento de normas estrictas. La opinión sindical -acudiendo a muchas experiencias- señala que el mismo Estado no puede fiscalizarse, por tanto su vigencia es ilegal y los recursos de los trabajadores activos y pasivos estarían en grave riesgo.
Estudios de organismos internacionales reflejan algunos parámetros sobre el empleo en la región -caso Sudamérica- y resulta que lo que sucede en Bolivia es que no ha mejorado el índice de empleo, mucho menos la calidad del mismo, consiguientemente índices de niveles políticos no corresponden a cubrir la expectativa que aún tiene la ciudadanía para alcanzar un cambio cualitativo en materia de empleo seguro y no meramente temporal como sucede con la actividad informal.
Mucho se habla de programas de apoyo e incentivo a pequeños y medianos empresarios, resultando de esos proyectos un mínimo aprovechamiento pues lo rescatable es que grupos organizados se convierten en “eventuales patrones”, pero no siempre pueden absorber la enorme cantidad del desempleo existente, además de resultar dificultoso su acceso a los sistemas financieros para tener capitales de operaciones y de respaldo en las tareas productivas, pese a una gigante campaña mediática que muestra como un hecho sencillo la obtención de recursos para impulsar la micro, pequeña y mediana empresa cuando en la practica en realidad sucede lo contrario.
De momento y en materia de empleo hay serias contradicciones cuando se habla de “trabajos dignos” que son muy pocos, pues la mayoría de la gente gana lo que puede con tareas eventuales informales, siendo parte mayoritaria de las actividades ilícitas del contrabando, el comercio informal y la marcada evasión tributaria.
Hay mucha esperanza en la comunidad para que se presente un cambio de verdad es decir que se transforme la actual situación de incertidumbre y se garanticen empleos con salarios dignos, seguridad social plena, derecho a la jubilación y garantía que permita a la familia vivir sin sobresaltos. Ese es el cambio que se espera, pasar de la informalidad a la seguridad laboral.
Fuente: LA PATRIA
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