Las nacionalizaciones anunciadas en nuestro país -sin que una mayoría se concreten, caso capitalizadoras de YPFB, por carencia de contratos que, se dice, estarían aún en estudio-, no siempre tienen los finales felices que las autoridades esperan y, si hay concreciones, surgen, casi inmediatamente, demandas en pos de indemnizaciones que, de no cumplirse, los interesados recurrirían a arbitrajes internacionales.
El gobierno -con grandes experiencias como la nacionalización de las minas y el caso de la Gulf Oil- sabe muy bien que las políticas que buscan estatizar las empresas privadas, no dan resultado. Al margen de ello, lo dejado como enseñanzas por la ex–URSS, China, Cuba, Nicaragua, Corea del Norte y otras naciones donde imperó el comunismo, son muchas y sus enseñanzas deberían ser más que suficientes para evitar el yerro del socialismo extremo.
Innegablemente, fueron malas las políticas nacionalizadoras en nuestro país, sobre todo aquellas determinadas por nacionalismos cerrados o por pretensiones socialistas que sólo agravarán nuestra pobreza. El sentirse contrarios al capitalismo, viviendo en un país capitalista como es Bolivia, ha determinado dar pasos equivocados cuyas consecuencias pueden ser muy graves.
Ese capitalismo del que vituperamos constantemente, tiene sus reglas y, cuando los pobres precisan de él, se someten a sus condicionamientos. Es una verdad que no es posible soslayar. Atenidos a esas reglas, se han aceptado inversiones, trabajo, creación de riqueza y generación de empleo; pero, de un momento a otro, decidir nacionalizar porque “nos arrepentimos de lo que hicieron otros gobiernos y hay que corregir mediante la estatización” fue sólo dar un paso, firmar decretos y decir: “ahora, somos dueños de lo que nunca debió estar en manos extranjeras”.
El capital extranjero, inversionista en su momento, reclama pagos y en el menor tiempo; caso contrario, exigiría arbitrajes internacionales conforme a compromisos: en el sector eléctrico habrían compañías que demandan el pago de algo más de 1.500 millones de dólares; entre las nacionalizadas hay otras que reclaman como Petrobras Panamericana Energy, Shell, Repson YPF, Ashmore y Oiltanking, Grupo Graña y Monter y otros que exigen pagos. Hay firmas, como Atlas Precious Metal (caso Karachipampa que exige montos que el gobierno ofrece pagar sólo una parte); Rurelex demanda también indemnización por la planta Guaracachi por más de 110 mil dólares.
Totalizar todo lo que se debería por las “aventuras nacionalizadoras” de nuestro gobierno, llegaría a cifras alarmantes que el país no está en condiciones de pagar. Por otro lado, los trámites, defensas del Estado boliviano mediante consorcios caros de abogados y oficinas tramitadoras es sumamente oneroso y, en casos, más costarían los trámites que el pago mismo de lo que hay que cancelar por concepto de indemnizaciones.
Aparte de lo anotado, hay el caso muy grave de Entel (más de 100 millones de dólares) y, además, pagar obligaciones de Eurotelecom Internacional (pasivos contingentes) también por más de 100 millones de dólares que están en juicio ante la Corte Suprema de Justicia, pero con el peligro de que, de todos modos, sería otro rubro en que perdería Bolivia. Los casos, en general, son graves y ocultándolos no se saca nada. Será buena toda información pormenorizada de todos los casos y, sobre todo, que sirva la experiencia…
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