Estigmatizar, de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, se define en uno de sus conceptos, como “desdoro, mala fama o afrenta”, sobre cuya base el gobierno ha iniciado y mantiene vigente una profusa campaña mediática en busca de encontrar razón para “estigmatizar” la posición de la Iglesia Católica Boliviana, respecto a una abierta presencia de la producción, distribución, tráfico y comercialización de cocaína procedente de la región central del territorio boliviano.
La economía de la cocaína está directamente ligada a la economía de la coca y, lamentablemente, ha sido la base sobre la cual se ha “estigmatizado” no sólo a los habitantes de las regiones productoras de coca, sino a todos los bolivianos. Quienes experimentaron y experimentan, de alguna manera, las consecuencias de aquellas prácticas de indignidad y afrenta, son los compatriotas que realizan viajes hacia y en todos los países del mundo, a partir de aquellos años en que mantenía sometido al país, los duros regímenes dictatoriales de los años setenta.
Durante aquellos años se inician las actividades ilícitas de fabricación, tráfico y comercialización de cocaína y, paralelamente, se estimulan los cultivos de coca no sólo en los Yungas de La Paz, sino en las breñas del Chapare Tropical, donde la calidad de la hoja es menos atractiva para el “p’ichu” que aquella producida en la tradicional región del norte de La Paz, a la cual se la califica como la “legendaria y sagrada hoja de los incas”. Es común escuchar en las poblaciones de Villa Tunari, Chimoré e, inclusive, en regiones del norte de Santa Cruz, que “aquí se mastica coca de Coripata”, expresada hasta con un aire de orgullo y vanidad.
De esta manera, Bolivia como país tiene “mala fama a nivel internacional”, como lo tienen Colombia y Perú, además de Ecuador, cuyos niveles efectivamente son muy superiores a los producidos en nuestro territorio. Esta “mala fama”, la sembraron los gobiernos militares del pasado y, “como hierro candente que imprime una marca sobre un cuerpo”, se mantiene el estigma contra los bolivianos mientras actualmente crece la producción de coca y de cocaína en el país.
Escuchar del gobierno que la Iglesia Católica “está estigmatizando” a los niños del Chapare, como un “mea culpa”, no tiene sentido en el presente y menos en la actual circunstancia, cuando está por demás demostrado que es alta la productividad y que el narcotráfico utiliza todos los medios posibles para cumplir sus objetivos trazados. Sabemos también que desde los satélites que circundan la Tierra, las naciones desarrolladas controlan y contabilizan con precisión que en Bolivia la producción de coca, por poco, se ha duplicado en el último quinquenio. De esta manera, los informes internacionales sobre producción de cocaína, no debería llamarnos a la protesta porque no se trata sólo de “estigmas”, “ni difamaciones” y menos de “afrentas” que dañan la imagen de todos los bolivianos. Se trata de una real situación difícil, por cierto, contra la cual debemos todos unirnos y luchar para reducir los cultivos de la hoja; declarar una alerta roja contra la “economía de la cocaína” y “cerrar filas” en torno a la defensa de la salud de nuestros niños y jóvenes que enfrentan una muy difícil como peligrosa disyuntiva.
La población en general, sus instituciones y, en especial, el gobierno debe dirigir su mirada hacia la juventud y la niñez, hoy en peligro, y comenzar a trabajar en políticas de emergencia para salvar a miles de personas que cayeron en las redes del consumo de la cocaína, cuyos niveles cada día crecen ostensiblemente. Bolivia, por lo menos, ha perdido entre dos a cinco generaciones y no sólo por el vicio, sino por una evidente falta de fuentes de trabajo idóneo, digno y dentro de los marcos legales vigentes. Atacar a cualquier sector de la sociedad que habla de los riesgos que genera la producción, tráfico y comercialización de cocaína en Bolivia, no puede significar un hecho que provoque reacciones adversas y genere estigmas contra las personas.
La lucha contra las drogas, en el presente, es motivo de preocupación en las nuevas democracias del continente, como lo ha sido en el pasado, especialmente, en los países donde los traficantes logran penetrar clandestinamente con estas sustancias dañinas y donde el mercado es tan sensible, como sensible es generar nuevos adictos dependientes que se convierten en amenaza latente contra la sociedad en su conjunto. El problema básico no radica en que el mercado está abierto, porque no lo está; tampoco en que existe producción, porque no es legal dicha actividad. El problema radica, fundamentalmente, en adoptar políticas conjuntas para erradicar cultivos de coca, controlar las rutas del narcotráfico y establecer sistemas educativos a profundidad para crear en los jóvenes y niños, una firme convicción de rechazo al mal del siglo que nada bueno trae para la humanidad.
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