Ministerio de Transparencia procesa a un ex prefecto y dos alcaldes masistas
26 nov 2010
Fuente: La Paz, 25 (ANF).-
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La ministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Nardy Suxo, informó este jueves (ayer) que su despacho cuenta con dos sentencias ejecutoriadas en contra de dos ex alcaldes del Movimiento Al Socialismo y un proceso de investigación contra el ex prefecto de Oruro, Alberto Aguilar.
“Tenemos varios casos en contra de alcaldes del MAS y varias otras denuncias que las seguimos procesando”, dijo la autoridad al sostener que en su despacho cuentan con “denuncias claras y concretas”.
El caso más recurrente es el que investiga su despacho contra el ex prefecto de Oruro Alberto Aguilar y otros cuatro funcionarios por presunto acto de corrupción y daño económico de 91.000 bolivianos.
Además de la máxima autoridad departamental, están implicados: la secretaria departamental administrativa, Patricia Jaldín; el responsable del proyecto Oruro Puerto Seco, Víctor Hugo Moreno; el encargado del proceso de contratación, Tomás López, y el secretario del Departamento Jurídico, Fidel Gutiérrez.
La denuncia contra la ex autoridad y los funcionarios es por los delitos de uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes. En la contratación irregular de la empresa Prointec S.A., a la que se adjudicó el proyecto en diseño final del Puerto Seco por la suma de 10.379.899 bolivianos, sin considerar que la Prefectura no contaba ni con el 20 por ciento del monto contractual.
DENUNCIA
En cuanto a las investigaciones que realizó su despacho contra el gobernador de Tarija, Mario Cossío, la ministra Nardy Suxo, dijo que existen 21 procesos en su contra y otros dos procesos que esperan su aprobación en la Asamblea Plurinacional para dar inicio al juicio.
“Tenemos cinco juicios en la etapa preliminar y dos procesos en la etapa preparatoria, es decir, que están para señalamiento de día y hora del juicio”, dijo Suxo al mencionar que son varios temas que tienen que ver con obras, la construcción de centros de rehabilitación para menores infractores.
Además, están involucradas empresas de sus propios familiares. “Entonces estos son procesos que están en la justicia ordinaria y que tienen que ser procesados de acuerdo a norma”.
“Tenemos que decir que de estos casos (21) hay un daño económico de más de 39 millones de dólares. Esto por supuesto el Ministerio Público quien determine finalmente si es el monto adecuado”
Asimismo, dijo que hay 29 denuncias que se están procesando en el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, las mismas que aún están en etapa de recolección de documentación.
En cuanto a la situación del gobernador de Beni, Ernesto Suárez Satori, dijo que existe un proceso que tiene un requerimiento acusatorio, referido a incumplimiento de poderes, malversación de fondos, uso indebido de influencias, conducta económica y hay un daño económico aproximado de más de 1,3 millones de bolivianos. “Es un proceso que está en la etapa de recolección de documentación”.
A tiempo de descartar alguna acción política en los procesos, Suxo aseguró que, “estas autoridades no estaban acostumbradas a rendir cuentas, siempre esperaban dejar en la impunidad los hechos que han cometido, y cuando el pueblo pide que se investigue estos hechos de corrupción, entonces dicen que es una persecución política”. Por otra parte dijo que, “ellos tienen todos los medios para hacer una defensa en los estrados judiciales”.
MUNICIPES PROCESADOS
Suxo también dio a conocer acciones que lleva adelante su despacho contra ex autoridades municipales, como es el caso del ex alcalde de Punata Víctor Balderrana y el asesor legal de dicho Gobierno Municipal Rolando Torrico, por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, dentro la responsabilidad civil por el incumplimiento de contrato en la fase de ejecución del proyecto de ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario en ese municipio, que pondría en riesgo la recuperación de 950.710 dólares.
A ellos se suma la formalización de denuncia por el delito de legitimación de ganancias ilícitas contra Walter Calle Laura alcalde de Inquisivi y el ex alcalde de ese municipio Severino Calle Cachi. Ambas personas, dijo Suxo, incrementaron su patrimonio de manera exorbitante entre las gestiones 2002 y 2005.
En el otro caso se involucra al presidente del Comité de Vigilancia del Gobierno Municipal de Caquiaviri Julio Abdón Mollinedo Mamani, quien habría falsificado la firma de Paulino Mamani Huaycani para retirar 31.840 bolivianos, de cuentas del municipio. Por tanto es denunciado por los presuntos delitos de peculado, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado.
Fuente: La Paz, 25 (ANF).-
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