Un fenómeno previsible que está poniendo en vilo a políticos opositores, periodistas, sacerdotes, autoridades electas legítimamente y muchos ciudadanos de a pié, tiene que ver con la campaña desatada para lograr el control absoluto de todas las instituciones del Estado, de manera que, ya sin disimulo, se instale en el país un régimen totalitario.
Ahora, como habrán podido advertir, las leyes son usadas como armas políticas, luego que jueces y fiscales fueron nombrados a dedo por el Ejecutivo. Es que las leyes, son como las armas, por si solas, son sólo son normas jurídicas; mientras estén en buenas manos, en aquellas que son respetuosas del ordenamiento jurídico; esas, no hacen daño. Igual, Las armas por sí solas no matan. Las leyes sirven para preservar el Estado de Derecho, en el que los ciudadanos se desenvuelven sin temor y confiados que, si no cometen delitos, pueden desarrollar una vida normal, productiva y con la tranquilidad de un ciudadano honorable. Pero, si esas armas (en este caso las leyes) están en manos de inescrupulosos, en quienes están para cumplir órdenes superiores, antes que para administrar justicia, o de poderosos de nuevo cuño, dispararán a matar a cualquiera que se les ponga en el camino, con o sin fundamento, con o sin razón. Es entonces cuando las leyes se convierten en un peligro para los ciudadanos de un país.
Asi, las leyes ya no sirven para administrar justicia; se convierten en instrumentos de represión y de amedrentamiento. Ignorar las leyes; o lo que es peor, interpretarlas a voluntad de jueces y fiscales para defenestrar a quienes tímidamente hacen oposición, resultan más letales aún. Al extremo de ignorar la voluntad del soberano que eligió a un gobernador, a un alcalde o a un concejal. Se oponen a la decisión manifestada por el pueblo en las urnas y con cualquier acusación, sustentada o no, desconocen los resultados de la votación que se dieron en un proceso eleccionario.
En estos casos el Ejecutivo justifica esta forma de actuar manifestando que “nada tiene que ver el gobierno”, es “responsabilidad del ámbito judicial” y las autoridades electas van a la cárcel, porque es decisión de esa “justicia”. Ejemplo ya hay varios (y con seguridad habrán muchos más).Hablamos de René Joaquino y Jaime Barrón, ciudadanos elegidos por voto popular y desconocidos con una simple acusación, igual que otras autoridades electas en otros municipios del país, y que no responden a las órdenes emanadas del Palacio de Gobierno.
Pero, por otro lado, existen leyes que no son tomadas en cuenta, no sirven para nada y no se las toma en cuenta, ni se las aplica como en el caso de “La Calancha”, o a quienes asesinaron en el marco de la llamada justicia comunitaria. Es que los responsables de esos asesinatos son afines al oficialismo y para ellos no son aplicables las leyes. Jueces y fiscales ni se ocupan de esos casos, porque podrían perjudicar “el proceso de cambio” y su estabilidad laboral, se vería en serio peligro.
Judicializar la política para ocupar espacios perdidos en las urnas, es norma de este gobierno. Pero, no se puede ser impune por siempre, y actuar tergiversando el ordenamiento jurídico para lograr réditos políticos.
Por lo menos…esa es mi opinión.
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