En un tiempo democrático como el que vivimos, hay temas que no deberían tocarse; uno de ellos serían las angustias que viven muchas familias por acciones injustas de la administración de justicia o por el retardo que existe en el inicio de procesos.
La justicia, bien entendida y mejor administrada, se sabe que es un derecho consagrado en favor del ser humano; manejarla indebidamente o manipularla o condicionarla a situaciones de conveniencias personales, de políticas partidistas o intereses económicos o de cualquier índole es atentar contra el principio mismo que hace a la libertad y que no es otra cosa que el resultado de una actuación con equidad y ecuanimidad.
La justicia, también llamada instrumento de protección al ser humano es la prevalencia de derechos que nadie puede soslayar y menos ignorar para su correcta aplicación. La no administración oportuna de la justicia es atentar no sólo contra las víctimas de lo injusto sino contra quienes no saben administrarla porque, con su mala conducta, sólo crean desconfianza y temor en ellos por parte de la comunidad.
Vivir en democracia implica vivir en goce de libertades y derechos consagrados en favor del ser humano; pero, sobre todo, es vivir libremente confiado en que quienes administran la justicia a través de la vigencia de todas las instituciones, lo hacen conscientes de sus deberes y responsabilidades, conocedores, además, de los graves perjuicios que pueden causar en caso de no cumplir conforme a Derecho o sea en concordancia con la Constitución y las leyes.
Sea por intereses creados, por rencores o causales político-partidistas, por odios y mezquindades, por sentimientos de venganza o por cualesquiera otras causas, la administración de justicia en nuestro país no recibe la atención consciente y responsable que debería tener. Son muchos los casos que esperan la acción decidida, decisiva y honesta de los tribunales sea para sancionar faltas y delitos o establecer inocencias. Entre los muchos casos, bien se puede citar el del ex–Prefecto de Pando, Leopoldo Fernández que ha sido inculpado de muchos delitos en su gestión contra los derechos humanos pero que hasta ahora no se prueban y que dilatan la acción de los tribunales.
Los casos de Uncía, Caranavi, Ayo-Ayo, Huanuni, Chapare en que se han cometido excesos contra los derechos humanos esperan acciones de los tribunales de justicia. Hay muchos extremos que deben tomarse en cuenta atribuibles a la llamada “justicia comunitaria” que también merecería atención enérgica y urgente; pero, cuando las políticas del “dejar hacer y dejar pasar” también imperan en la administración de justicia, hay que esperar remedios a largo plazo o, en casos, que nunca se los toque y dejen graves precedentes en contra de quienes debieron cumplir deberes humanitarios al juzgar los casos puestos bajo su atención y responsabilidad.
Nuestras cárceles alojan a víctimas cuyos casos no se atienden por lenidad, flojera, deshonestidad, irresponsabilidad o intereses creados y ninguno de los poderes del Estado hace algo para remediar situaciones que son una afrenta para el gobierno y para el mismo Estado. Muchos casos (hasta por el extravío de una oveja en el área rural) llegan a eternizarse; otros que son “rematados” tan sólo por consignas político partidistas o revanchismos. ¿Cuándo será posible que el Poder Judicial funcione y actúe con la equidad, ecuanimidad y sentido de justicia que debería imprimir a sus actos y reparar tanta injusticia que hace de Bolivia un sitio en que “la justicia es la peor injusticia”?
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