Pese a que la ley sobre racismo y toda forma de discriminación está aprobada, la resistencia que dos artículos de la misma ha generado en la opinión pública en general, pero de manera especial entre los profesionales de la prensa al pretenderse vulnerar los principios que rigen sus tareas y que no son otros que los referidos a la libertad de expresión y de informar luego, obligan a un debate abierto sobre este delicado asunto.
Lo cierto es que han surgido muchas observaciones al texto de la normativa al punto que autoridades del propio Gobierno, e incluso los impulsores de la misma, han admitido que se necesitan ajustes para ponerla plenamente en práctica y cumpla la misión de hacer iguales a todos, sin discriminaciones, pero… y éstos es lo más importante también con iguales derechos y similares responsabilidades.
De nada valdría una ley que sólo favorezca a sectores y olvide segmentos de la misma colectividad que deben ser parte de un conjunto de hechos del cotidiano vivir, en armonía, en paz y sin resabios de aquellos odios que por lo visto son la causa del resentimiento todavía existente y del malestar que persiste entre quienes se sienten “ofendidos y lastimados”, como alguien dijo, desde hace 500 años.
Por tanto si se pone en el tapete del debate el polémico contenido de la muy controvertida ley está claro que además de los artículos 16 y 23 hay otros elementos que también deberían ser estudiados para adecuarlos al tiempo presente, rompiendo la atadura de conceptos con un pasado oprobioso ,pero ya vencido y superado.
Se habla de la necesidad de lograr acuerdos y consensuar un reglamento a la Ley es una instancia totalmente válida y en algunos casos necesaria para apropiar la validez de las normas, sin que su efecto sea resistido o su cumplimiento afecte sentimientos y condiciones de la libre expresión y la libertad de prensa, que son nada más que la base de la democracia que no puede cambiarse bajo ninguna alternativa que ponga en riesgo la libertad y la justicia.
Hay necesidad de seguir debatiendo, más ahora que la ciudadanía ha mostrado su posición de apoyo a los periodistas y los medios al estampar miles de firmas que serán presentadas a la instancia legal correspondiente respaldando el pedido de enmendar un artículo, el 23 y eliminar el 16 para luego adecuar la Ley a las necesidades objetivas de la comunidad.
La mesa de negociación debería ser una instancia válida, siempre y cuando se acuerden las reglas de juego, que respeten derechos y obligaciones, que permitan confrontar ideas con ideas y no con medidas autoritarias. De avanzar este proceso en ese sentido con seguridad que los bolivianos tendremos una verdadera Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, que cumpla esos fines y no que siga siendo instrumento que alienta odios y rencores. Defender los derechos de las personas es defender la democracia y sus atributos de libertad y justicia. Vayamos por ese camino.
Fuente: LA PATRIA
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