Empresas contra la salud

Además de las previsiones de gastos para sueldos, seguridad social, proveedores y gastos corrientes, muchas grandes empresas incluyen en sus presupuestos partidas para multas. Parece que les resulta más económico pagarlas que cumplir la ley.

En julio, GlaxoSmithKline anunciaba a sus accionistas su decisión de reservar 1.000 millones de dólares para cubrir costes legales. La empresa tenía pendiente un litigio que cuestionaba la calidad, la seguridad y la efectividad de algunos de sus medicamentos. Ahora pagará la multa de 700 millones de dólares que acordó con el gobierno de Estados Unidos por comercializar productos adulterados que se producían en una fábrica de Puerto Rico. Entre esos “medicamentos” se encuentran el antidepresivo Paxil, Avandia, para tratar la diabetes, y Kytril, para las náuseas.

Se habla de la multa, de los 96 millones de dólares que se llevará la empleada de la empresa que dio el chivatazo y de multas similares que han pagado otros gigantes de la industria. El año pasado, Pfizer pagó una de más de 2.000 millones de dólares por comercializar productos que no habían sido aprobados por la Food and Drug Administration (FDA).

Pero no se llevan a cabo investigaciones de posibles daños en quienes han consumido esos productos. Si así fuera, la empresa tendría la capacidad para afrontar arreglos extra-judiciales como los de Shell y Royal Dutch, acusadas de colusión con el gobierno nigeriano a la hora de reprimir y asesinar a activistas que protestaban por daños al medioambiente. Con estas empresas sólo parecen funcionar los acuerdos con las administraciones de turno para pagar multas o los acuerdos extrajudiciales con las partes afectadas. Muchas veces se trata de particulares en situación de desventaja ante los gabinetes jurídicos que respaldan a las grandes multinacionales. Una vez sufridos los daños, quince millones de dólares bastan para un ciudadano nigeriano que no podría asumir los costes de un juicio resuelto en su contra.

Las normativas, la falta de mecanismos legales y la falta de interpretaciones progresivas del derecho nacional de muchos países resultan insuficientes. Al no prevenir ni reparar las violaciones de derechos humanos que cometen empresas trasnacionales, dejan ver la primacía que tiene la supuesta “seguridad jurídica” que “necesitan” las multinacionales para invertir y garantizar un supuesto “desarrollo” local, aunque en contra de la población. Las derechas neoliberales utilizan la demagogia para demonizar a políticos que se han atrevido a cuestionar y a meter en cintura a empresas que hasta entonces no cumplían la ley.

Los directivos de estos gigantes multinacionales se esconden en el secretismo de sus actividades y en la personalidad jurídica de la empresa para eludir una posible responsabilidad penal. Al situar la responsabilidad en personas concretas en lugar de imponer cantidades asequibles, ésta funcionaría mejor que las multas para asegurar que las empresas cumplen con la ley.

Tanto GSK como Pfizer dicen tener programas de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) porque donan dinero a organizaciones de la sociedad civil para sus proyectos o porque llevan a sus empleados a hacer “voluntariado corporativo” una vez al año. La RSC se convierte en una simple operación de marketing si la empresa no cumple primero con los derechos laborales, sociales y medioambientales. Este “lavado de cara” mejora su reputación mientras se disparan las ventas. El consumidor asocia el producto con “acción social”.

La sociedad civil está llamada a replantear el papel las grandes multinacionales en los procesos políticos que salvaguardan derechos como la salud. Legislar para prohibir la financiación de campañas políticas y las actividades de cabildeo (lobbying) limitaría el daño que hacen algunas multinacionales con la complicidad de Estados vendidos.

(*) Coordinador del CCS y periodista, ccs@solidarios.org.es