Dos sentencias dictadas en un periodo relativamente corto, disponiendo el encarcelamiento de dos alcaldes elegidos en los distritos de Sucre y Potosí con el apoyo mayoritario de sus seguidores y ahora con sentencias para cumplir condenas en recintos carcelarios, han desatado una ola de protestas tanto en la Capital como en la Villa Imperial, demandando libertad para esos políticos que tienen respaldo ciudadano y con cuyo voto dejaron en el camino a candidatos oficialistas.
Por supuesto que casi inmediatamente que se conocieron los resultados, ya se perfilaron en el frente oficial las intenciones de rechazar a esas autoridades que mostraron poderío con apoyo democrático y que “podrían interferir los planes del partido gobernante”.
Las cosas se están dando más o menos en ese contexto, complicando empero al Ministerio Público que ahora en tiempo muy diligente acusa, procesa y condena a las autoridades opositoras. El caso de los dos alcaldes es una muestra patética de ese accionar directo contra quienes no están en la misma línea del esquema gobernante, por lo menos así lo estiman los políticos de la oposición, los analistas y también los dirigentes sindicales.
Si esa es la suerte de los alcaldes opositores ¿cuál será la que arrincone a los Gobernadores de la oposición? No es difícil darse cuenta por el procedimiento de algunas gestiones preliminares que ya se dan por ejemplo con el caso del Gobernador de Tarija quien denunció hasta “un golpe de estado” contra su autoridad revelando que existe un aparato para “el descabezamiento de los opositores” y que funciona desde la contraloría general de la república y con el respaldo del Ministerio Público y el órgano judicial “como instrumentos para perseguir y encarcelar a los opositores”.
La democracia y la voluntad del pueblo estaría en duda si realmente desde los niveles oficiales y con el “poder en la mano” no acatan, no respetan la elección pluralista y abierta de una parte de la comunidad que decidió por la vía más limpia “darse” autoridades de su confianza para generar el desarrollo de sus regiones bajo el respeto a sus decisiones y sus expectativas.
Alcaldes de la oposición todavía quedan y están en funciones, lo mismo que la situación de algunos gobernadores de quienes las fuerzas del oficialismo señalan que -lo del mandato- “es sólo cuestión de tiempo”.
Las cosas van por esa vía, es decir esperar nada más que la aplicación de ciertas medidas que emergerán circunstancialmente desde alguna fiscalía o será refrendada en algún Juzgado en el que se tramiten acciones contra los que todavía “aguantan” en la oposición y cuyo respaldo popular simple y llanamente no tiene reconocimiento desde la cúpula política. Así se enfoca el delicado problema detrás de las líneas que marcan el escenario político nacional.
Seguramente los afectados recurrirán a instancias legales, posiblemente también haga su representación esa parte defraudada del pueblo cuyo voto y decisión se desconoce. Es posible que el asunto traspase nuestras fronteras con la esperanza de que los organismos defensores de los derechos humanos y del respeto a la democracia asuman alguna decisión sobre el caso de la oposición encarcelada en Bolivia.
Fuente: LA PATRIA
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