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Vecinos de las ciudadelas mineras en desacuerdo con rescisión de contrato
11 nov 2010
Fuente: LA PATRIA
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Vecinos que son parte de las cinco juntas vecinales que deberían ser beneficiadas con el asfaltado flexible de sus calles se encuentran en desacuerdo con la decisión de rescindir contrato por parte del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, con la Empresa Sudamericana que se adjudicó la obra licitada hace tres años.
Algunos vecinos denominados de base, manifestaron su molestia con cuatro de los cinco dirigentes de las ciudadelas mineras que aprobaron en reunión con autoridades municipales la rescisión del contrato con la empresa Sudamericana sin haber consultado con los vecinos de las cinco juntas.
Al respecto el vecino Miguel Ángel Saavedra, lamentó lo sucedido en la reunión del martes 9 con la alcaldesa municipal, Rossío Pimentel Flores, porque consideran que la solución debió haberse dado con la participación de los interesados.
Los vecinos, el día de la reunión, estaban presentes en pasillos del municipio y pretendían participar en la audiencia concedida por la autoridad, situación que no pudo concretarse puesto que por orden de la edil, sólo ingresaron a su despacho cuatro dirigentes en representación de los vecinos de las cinco juntas vecinales San José “A” y “B”, Colquiri afines, Catavi-Siglo XX y barrio El Progreso.
“La solución debió darse ante todos los vecinos y no sólo con dirigentes porque ellos nos representan pero la decisión es de las bases y no pueden tomar decisiones unilaterales y si llegaron a algún acuerdo con las autoridades como la revisión del contrato de forma particular, eso estuvo mal”, informó.
Según el contrato firmado por el anterior alcalde municipal, Edgar Bazán, el proyecto debía concluir en diciembre del pasado año y se realizaron varias ampliaciones para lograr este propósito ante el incumplimiento de la empresa. La ampliación de plazos no sirvió de mucho puesto que no tuvo el resultado esperado, motivo por el que los vecinos proponen que se haga cumplir el contrato y se ejecuten las boletas de garantía, que según el contrato ascienden a 1.200.000 bolivianos.
“Eso es lo que corresponde que haga cumplir la Alcaldía Municipal, porque los vecinos no queremos que se rescinda el contrato, puesto que es hacerle un favor a la empresa constructora para que se libre de toda responsabilidad”, dijo Saavedra.
Como entidades que firmaron el contrato con la Empresa Sudamericana, el municipio y el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), deben saber que hacer y no esperar la decisión de los vecinos, ya que como afectados podemos sugerir, pero se debe hacer cumplir el contrato, nada más, refirió el vecino.
PREPOTENCIA
Por su parte Ethel Soliz, el mismo día de la reunión dijo que la alcaldesa Pimentel con actitud prepotente le habría impedido el ingreso a su despacho, motivo por el que explicó que simplemente los vecinos querían conocer la posición firme de parte de la institución municipal.
“Ella como cabeza del municipio, debería llamarnos a una reunión con una posición firme y darnos a conocer las acciones legales que debería emprender el municipio contra la empresa Sudamericana y no pedirnos que nosotros decidamos, además impidiendo que ingresemos a la reunión”, manifestó.
Fuente: LA PATRIA
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