Cuando se generan distorsiones económicas en las finanzas públicas de un Estado, generalmente atribuidas a causas coyunturales y más de una vez con origen exógeno, las cosas se complican internamente y el mayor impacto de los desajustes recibe sin lugar a dudas el mayor contingente de ciudadanos que es el dependiente de salarios fijos y reducidos.
El proceso de las variables económicas se produce por etapas inflacionarias que a su vez pueden ser parte de un movimiento financiero externo que de algún modo afecta la economía de un país, puede ser el efecto de una ola especulativa originada en escasez de productos, ya sea por factores climatológicos (llámense el niño o la niña) o por una extremada salida de los productos básicos -vía contrabando- a países vecinos.
En el caso de nuestro país existe un problema de magnitud que sin explicaciones técnicas valederas es parte de los procesos inflacionarios que estamos soportando y que se lo conoce como el 21060, un decreto que fue aplicado para corregir un proceso hiperinflacionario de hace años y que, pese a cumplir su objetivo de entonces, sigue vigente favoreciendo al sistema de la libre oferta y demanda que abre las puertas del agio y elimina las opciones de ejercer control de precios y fijar topes (de piso y techo) para la comercialización de cualquier tipo de productos e inclusive mercaderías.
En todo el sistema comercial y en el que existen relaciones de compra y venta está primero la vigencia del famoso 21060, por tanto no hay autoridad que pueda ejercer control sobre la vigencia de precios y si esto se da en mercados de la ciudad hay que imaginar los problemas que confrontan las amas de casa para compensar el constante incremento de precios, cuando los salarios no pueden ser nivelados en función al desequilibrio que sufren por las “olas” especulativas que según el Gobierno no afectan mayormente al pueblo.
El problema vigente tiene efectos verticales en la escala socio-económica y por supuesto de subida y bajada, pues la inflación afecta en la base a la mayoría de ciudadanos y en la cúspide a los profesionales, empresarios y los trabajadores libres, por ejemplo los transportistas. Todos sienten el efecto de las variables en precios, pues todos tienen la obligación de alimentarse y los insumos básicos en los centros de abasto son los que han subido de precio.
En el momento actual hay una oferta salarial oficial del 4.5 %, pero por las condiciones económicas reinantes la dirigencia sindical de manera conjunta e inclusive los legisladores han planteado un incremento de hasta el 10 % que compensaría de algún modo el desfase “financiero” de la canasta familiar.
Claro que un proceso administrativo estatal de inflación, desnivel salarial y su secuela de inconvenientes no puede solucionarse con una simple nivelación de salarios, pues en ese caso se estaría avanzando hacia la hecatombe, por tanto lo que se precisa son políticas económicas realistas, que fomenten la creación de fuentes de empleo, que incentiven la producción, que garanticen los precios internos de nuestros productos y que no sean parte de un negocio “sucio” de contrabando.
La seguridad alimentaria es fundamental, pero es mayormente importante aplicar medidas administrativas que eviten el desnivel de precios con países vecinos, para que el hecho no nos afecte tampoco internamente, además que de las macro cifras se pase a la realidad objetiva de salvar los problemas con inversiones de alta rentabilidad futura. Es cuestión de políticas pero económico financieras y no meramente partidarias.
Fuente: LA PATRIA
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