“Las restricciones a la libertad de expresión son peores para los confinados de Pando”

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El ex Gobernador de Pando Leopoldo Fernández dijo su verdad. En contacto con ANF el estratega del Consejo Nacional de la Democracia (Conalde), que entre 2007 y 2009 reunió a los prefectos opositores a Morales, se declaró víctima de restricciones a la libertad de expresión que aseguró son una “decisión de Estado” y que afectan tanto el trabajo de la prensa como el derecho a la defensa.

El ex candidato a la vicepresidencia por la opositora Convergencia Nacional denunció que se le prohíbe el uso de la palabra durante el juicio que le siguen por presunta autoría intelectual en los luctuosos hechos de septiembre de 2008 y dijo que las denuncias de algunos coimputados en el caso revelaron que hay una innegable conjura entre el tribunal que lo juzga y la abogada de la acusación.

LF.- No fue un abogado mío sino el de otro acusado, que durante la última audiencia presentó una solicitud de recusación contra dos de los jueces por haber sido sorprendidos confraternizando con el comité impulsor del juicio, en un céntrico café de la ciudad de La Paz, apenas minutos después de una audiencia anterior, lo que es causal de remoción de ambos.

En el segundo caso tampoco, fue la abogada del ex concejero Ronald Musuco, la Dra. Miranda, que presentó denuncia formal contra la abogada de mis acusadores Mary Carrasco por coaccionar a su defendido a despedirla, a cambio de beneficiarse e inculparme en el proceso.

En todo caso, ambos sucesos fueron denunciados oficialmente por los afectados, no con afán de obstruir el proceso, sino con el propósito de garantizar el debido proceso y la posibilidad de una defensa equilibrada, algo que hasta ahora se nos ha negado.

ANF.- Pero el tribunal de sentencia rechazó la moción de la defensa y desestimó la recusación.

LF.- Eso es lo más interesante, porque la legislación prevé que un juez que es recusado no puede pronunciarse sobre su propia recusación, pero ayer el Tribunal de Sentencia dejó a consideración de los jueces denunciados definir si dejaban o no el proceso. Eso sólo pasa en Disneylandia. En nuestro sistema procesal, debe ser otra instancia imparcial, otro juez que se pronuncie sobre la admisión o rechazo de la recusación. Uno mismo no puede ser su propio juez; no puede ser juez y parte.

Hay demasiadas irregularidades, demasiadas arbitrariedades y vicios de nulidad. Pero como el Poder judicial ya no es independiente del Ejecutivo, se pisotean las normas sin rubor.

ANF.- El juez ciudadano Sebastián Chipana, del Tribunal de Sentencia, denunció haber recibido mensajes de texto amenazadores en su celular a nombre suyo.

LF.- Yo no soy tan torpe para cometer una grosería que sólo le facilitaría las cosas al gobierno.

ANF.- Un diputado denunció ayer, tras suspenderse la audiencia en el juicio por los hechos de Porvenir, que a Leopoldo Fernández se le estaba privando del derecho a la defensa, que no se le permitió tomar la palabra durante el proceso, y que se le negó ese derecho a su abogado.

LF.- Una decisión estructural de este gobierno es suprimir el ejercicio de la libre expresión. Y créame que esa decisión se la sufre más en las celdas de los confinados de este gobierno que afuera.

Leopoldo Fernández es materia de este proceso, es el principal acusado, es incomprensible que no se me permita defenderme. Eso demuestra que no existe debido proceso. Hubiera dado lo mismo que me mantengan en mi celda y me juzguen en ausencia. Me tienen ahí para pretender que éste es un juicio normal y legal, pero al tribunal no le interesa lo que yo tenga que decir.

Parece que mi sentencia ya está dictada. Al menos el juez ciudadano recusado el viernes fue honesto cuando, en un lapsus, adelantó criterio y nos llamó “los culpables”.

Fuente: La Paz, 31 (ANF).-