31 de Octubre: histórico día de la Liberación económica de Bolivia

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La economía boliviana caracterizada por su extrema dependencia de los “barones del estaño” y las corrientes renovadoras que emergen desde las minas para enfrentar la caótica situación política y imperiosa necesidad de imponer cambios estructurales en Bolivia, después de siete meses de producirse la revolución del 9 de abril de 1952, los trabajadores mineros de todo el país se convierten en protagonistas de la histórica nacionalización de las minas, el 31 de octubre del mismo año.

La firma del Decreto de Nacionalización a cargo del entonces presidente Víctor Paz Estenssoro, responde al clamor popular no sólo como una consigna obrera, sino como una visión nacional trabajada, fundamentalmente, a partir de la Guerra del Chaco y en base al pensamiento de la liberación de la economía nacional propuesta por la dirigencia universitaria de finales del año de 1928, con el respaldo ideológico de Tristán Maroff, quien califica a la gran minería como culpable del atraso, la dependencia y la extrema miseria de los pueblos extendidos en el territorio nacional.

De esta manera, la nacionalización de las minas que transfiere los bienes de Patiño Hochschild y Aramayo a manos del Estado Boliviano, se convierte en una medida revolucionaria imprescindible para la liberación económica de Bolivia y de la cual habla la Tesis de Pulacayo, aunque no especifica como propuesta concreta la nacionalización de la minería aprobada por los trabajadores mineros, en 1946.

El gobierno de Paz Estenssoro, que comparte responsabilidades con la Central Obrera Boliviana, en mayo de 1952 organiza una Comisión Nacional de Minería con la específica atribución de estudiar y proponer políticas dirigidas a revertir los bienes mineros a favor del país y, con la creación del Ministerio de Minas y Petróleos, se otorga el tiempo necesario a las empresas mineras para que adopten sus previsiones correspondientes. Los tres consorcios mineros, ordenan la suspensión de embarques de equipos y materiales destinados a la gran minería, así como, frenan el suministro y provisión de fondos desde el exterior, para el pago de las obligaciones con sus trabajadores.

Estas medidas precautorias de las empresas, provocan el descontento popular y, a través de sus sindicatos, organizan la gran marcha de septiembre que exige, en términos perentorios, la inmediata firma de un Decreto Supremo que nacionalice la minería. El debate al interior de la comisión perfiló dos posiciones claras y concretas: El retorno a la centralización del cien por ciento de las divisas producidas por las exportaciones de los minerales, de acuerdo con la Ley de Bancos de 1939, además de un reajuste en los tributos mineros a favor del Estado Nacional. La segunda propuesta, señalaba como medida concreta, la expropiación de los bienes de los tres barones del estaño a favor del país y la administración directa a manos de la Corporación Minera de Bolivia, creada el 2 de octubre, es decir, un mes antes de la firma del Decreto de Nacionalización. En el voto, gano la segunda propuesta, la cual se encuentra escrita en el informe de la comisión presentada a consideración del gobierno.

De las balas a las lágrimas

El gobierno de Paz Estenssoro decidió embarcarse en el proceso de la liberación económica de Bolivia, con la firma del Decreto de Nacionalización de las empresas mineras que desde principios de siglo, explotaron sin control ni autorización, todo el mineral de estaño necesario en el mundo, convirtiéndose en un poder inmisericorde y omnímodo en Bolivia. Eligió como escenario, el sitio donde en 1940, Patiño ordenó la masacre de mineros en los campos de María Barzola y fue en aquel paraje altiplánico y árido, donde se concentraron decenas de miles de mineros y trabajadores de las fábricas para presenciar el significativo e histórico acto que fortalecía el proceso de la Revolución Nacional.

El Decreto de 31 de octubre de 1952 que nacionaliza las empresas Patiño, Hochschild y Aramayo, con indemnización a establecerse y bajo el sistema de control obrero con derecho a veto. El Grupo Patiño significaba el 46 %; el grupo Hochschild, el 25.4 % y el grupo Aramayo, el 6.9 % de la producción boliviana de estaño, de acuerdo con los antecedentes del libro “Historia de la Minería Boliviana”, del escritor Orlando Capriles.

El documento dice: El acto de nacionalización de las minas produjo dos efectos jurídicos: El primero de reversión de los yacimientos cuya propiedad fue siempre del Estado, y, el segundo, de expropiación conforme al justificativo constitucional de necesidad pública y utilidad social de los bienes muebles, inmuebles, acciones y semovientes. El informe “Ford, Bacon Davis”, de diciembre de 1956, estableció que pasaron a poder del Estado las siguientes propiedades: 24 minas en trabajo, una preparada pero sin labores (Matilde), otra arrendada a una compañía extranjera (Corocoro); 20 minas en operación alquiladas a terceros, 24 reconocidas parcialmente pero sin labores; numerosas construcciones como ingenios, fundos rústicos, oficinas, laboratorios, campamentos y un ferrocarril (Machacamarca – Uncía).

Así es como ocurrieron los hechos y se gestaron las decisiones que revolucionaron la vida en las minas, durante más de 40 años antes de la firma del Decreto que rememora la liberación económica de Bolivia. En 1940, las balas del ejército oligárquico, regaron con sangre minera los campos de María Barzola y en 1952, las lágrimas de los mineros y de sus familias, regaron estas áridas tierras con la esperanza de nuevas condiciones de vida. La historia de la minería en Bolivia, no ha terminado.

Fuente: La Paz, LA PATRIA.-