Política Nacional de Comunicaciones

Presionado por los acontecimientos, el gobierno se vio obligado a trabajar en una Ley o Política Nacional de Comunicaciones, al parecer en parte para neutralizar la disconformidad de los periodistas por la inclusión de los Arts. 16 y 23 en la Ley 045, y más que todo para reordenar la forma improvisada y caótica en que el gobierno está promulgando leyes para implementar el proceso de cambio.

LEY DE IMPRENTA

Vigente desde el año 1925 y tal como su nombre indica, tuvo como objetivo regular el trabajo de la prensa escrita y no así de los “medios”. Como por ese tiempo ni remotamente se soñaba que las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) como la radio, la TV, el cable, la fibra óptica, microondas, satélites, etc, iban a irrumpir en forma tan vertiginosa como lo vemos en la sociedad moderna; entonces es necesario complementar la citada ley o elaborar una política nacional de comunicaciones que englobe a todas esas tecnologías.

En ese sentido y a fin de que por una parte, en ejercicio del poder hegemónico gubernamental no se impongan leyes aisladas, erráticas y coyunturales; y por otra parte, en previsión a que los medios y la opinión pública no se extralimiten en el ejercicio de la libertad de prensa y expresión, el gobierno en consenso con los periodistas, trabajadores, empresarios y los representantes de la opinión pública, está obligado a elaborar la citada política en el tiempo más breve posible.

DESARROLLO TECNOLÓGICO

Los periódicos, por razones técnicas y económicas, ya no gozan de la preferencia masiva del público y están siendo paulatinamente desplazados por la radiodifusión y especialmente la televisión que cada vez es más sofisticada, interactiva y de enorme impacto social en cuanto a los contenidos que difunden y su inmediatez (transmisión en vivo). Para la TV, son suficientes algunos segundos o minutos para emitir mensajes subliminales capaces de influir subconscientemente en las decisiones de la tele-audiencia. La conformación de redes nacionales amplía enormemente su influencia en una gran cantidad de público y a costos cada vez más bajos.

Si a este bagaje de medios técnicamente perfeccionados añadimos el Internet, las redes sociales (facebook, twitter, libro electrónico), ligados directa o indirectamente al teléfono móvil o celular, entonces estamos frente a un enorme sistema tecnológico de telecomunicaciones que si no es regulado oportunamente mediante políticas coherentes, racionales, democráticas y transparentes, corremos el riesgo de ingresar en un caos y desorden generalizados.

Para nadie es desconocido que la profusión de estos sistemas sin una reglamentación adecuada, dará lugar a formas modernas de neo colonización y trans-culturización masiva a través por ejemplo de video-grabaciones extranjeras en desmedro de la producción nacional que revalorice nuestra cultura. La carencia de normas, favorece la difusión de programas vacuos del género argumental como telenovelas, teleseries, teledramas, películas, muchas de ellas cargadas de violencia, erotismo/sexualidad que subliminalmente inducen al libertinaje sexual y la maternidad inmadura, que en nada contribuyen a modelar una cultura respetuosa y moralmente aceptable. Los programas educativos de ciencia y tecnología, son muy reducidos y de poca difusión.

Las cooperativas de telecomunicaciones y las universitarias, merecen una regulación especial por su naturaleza y fines específicos. En varias de ellas observamos que su trabajo se guía más por el afán de lucro que de fomento y difusión de los valores, principios y educación acorde a su naturaleza, distorsionando los fines para los que fueron creados. Las iniciativas personales preñadas de discrecionalidad e incompetencia, ejecutas por personal administrativo con ínfima capacidad de gestión -amén de indicios de corrupción que la ciudadanía percibe, especialmente en la adquisición de equipos como la TV Digital y la telefonía inalámbrica-, están desvalorizando a los medios y desprestigiando a las instituciones que las cobijan.

Pero, la producción y emisión de programas nacionales sin la previa cuantificación y calificación de su calidad por personal especializado -sin interferencia política- solo incentivará y ahondará los problemas sociales que ya se presentan por la emisión de programas independientes con lenguaje vulgar y chabacano, y poses corporales indecentes e inmorales en la TV.

Además de la necesidad de poner un freno a la discrecionalidad en la emisión de programas inapropiados, en el Plan debe también introducirse un capítulo especial referente a los Ciber-Derechos que no es otra cosa que dirigir la aplicación de los Derechos Humanos en el escenario de las nuevas TIC. El propósito sería el de proteger a los niños, adolescentes y la juventud de los peligros que les acechan como la pornografía, sexting (contenidos eróticos/pornográficos, vía celulares), ciberbullying (acoso a estudiantes por medio de la red) y grooming (acoso de mayores a menores, vía web). (La Prensa, 23.09.2010).

El diario vivir nos demuestra que algunos administradores de canales de televisión, no estarían adecuadamente preparados para el manejo y la gestión en términos de una utilización que beneficie a la mayor parte de la población. Tampoco se observa un mayor compromiso en la difusión de programas que tomen en cuenta el lenguaje y la idiosincrasia de la pluralidad de naciones constitucionalmente reconocidas.

EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN

Si bien constitucionalmente se ha reconocido a la educación como “una función suprema y de primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación de sostenerla, garantizarla y gestionarla”, observamos que no se está dando la importancia debida a las TIC como un complemento necesario en la formación del educando. Si concordamos en que la inmensa mayoría de la población está expuesta a la influencia de los medios, especialmente televisivos, vemos sin embargo que hasta ahora no se han elaborado planes y programas para utilizarlos como un refuerzo a los fines que persigue el sistema educativo nacional. En base a ese criterio, de principio debe reconocerse la existencia de dos sistemas paralelos en la educación moderna: la formal y la comunicacional.

Lastimosamente, observamos que esta última no se halla incluida en la discusión democrática y la formulación de la ley y los planes educativos, dejándose en la mayor parte de los casos la función educativa al criterio de los propietarios de los medios de comunicación, los que al no contar con políticas de responsabilidad social respecto a su rol educativo, formativo y de entretenimiento, pueden verse tentados y con capacidad suficiente para contravenir, sustituir y hasta subvertir los fines y objetivos de la política educativa nacional. El descuido o tardanza estatal en implementar políticas en esta área, ha ocasionado por ejemplo la desviación de algunos conductores de programas de televisión y estaciones de radio, al utilizar expresiones que denotan actitudes raciales y discriminatorias.

Finalmente, las estaciones de radio y televisión estatales también deben reorientar su programación ampliando los espacios culturales y educativos, eliminando la intromisión política partidaria, excepto en periodos eleccionarios, pero bajo la supervisión del Órgano Electoral. Por definición, son empresas de los bolivianos, pagadas por los bolivianos y por lo tanto deben servir a todos los bolivianos y no así a un segmento en particular.

En resumen, dado que la radio y la televisión ejercen una enorme influencia en la sociedad, es urgente regular y mejorar el contenido de los programas, establecer los derechos de la teleaudiencia y el efecto de la programación en los telespectadores de diferentes edades, particularmente en niños y adolescentes, regulando cuidadosamente la difusión de escenas de violencia y libertad sexual.