Los periodistas del país continuarán -por un tiempo más- recolectando firmas de la ciudadanía que voluntariamente accede a los libros abiertos en todas las ciudades del país como un modo de expresar una opinión y decidir una clara posición en defensa de la libertad de expresión y la libertad de prensa.
Este hecho ha generado opiniones contradictorias en los niveles de Estado, pues hay quienes reconocen el valor de la expresión popular a través de la firma que estampan en libros legalmente habilitados que en su momento pueden definir la realización de un referendo para dar vigencia o eliminar dos artículos observados en la Ley 045, mientras que los más recalcitrantes le quitan mérito a la conducta democrática de la población.
En todo caso lo que se observa a simple vista es la unánime posición ciudadana de utilizar el mecanismo de los libros para expresar su voluntad y hacerlo sin presiones de ninguna clase como insinuaron algunos políticos del oficialismo al querer minimizar el movimiento de miles de ciudadanos.
Hay un objetivo de alcanzar el millón de firmas y ya se cubrió mucho más del cincuenta por ciento de tal propósito y las filas de ciudadanos persisten en las plazas, parques y en otras instituciones donde los periodistas habilitan más y más libros para tener el respaldo necesario al momento de reclamar su derecho en la gestión oficial por la “iniciativa” ciudadana pertinente.
Las disposiciones constitucionales son claras al respecto, reconocen la iniciativa ciudadana y en su caso la variante popular para rematar en la convocatoria al referéndum para que los bolivianos y bolivianas podamos definir por la vía más democrática, que es el voto ciudadano, la vigencia o no de una ley que en dos de sus artículos vulnera -ahora- las más preciadas libertades de la ciudadanía, la de expresión y la de informarse correctamente.
No es necesario que desde el Gobierno se insista en sentar frente a frente a los legisladores oficialistas y a pocos delegados del sector de los periodistas para que aquellos (los más) ratifiquen su posición de avanzar con la Ley sin cambiar ni una coma, en tanto que los menos lo único que harían con su presencia en una mesa de diálogo desigual sería avalar dos artículos que coartan los principales derechos ciudadanos.
Algo que satisface a la propia comunidad es que por fin y a raíz del problema suscitado con la promulgación de una Ley y la intención misma de autoridades para mantenerla inalterable, pese al reclamo de la ciudadanía, ahora se está instrumentalizando como hecho válido y plenamente reconocido en la nueva Constitución, promover la iniciativa ciudadana y popular para expresar la voluntad del pueblo y que las leyes sean instrumentos normativos para el cumplimiento de aquellas disposiciones que deben mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, sin dividirlos y sobre todo sin enfrentarlos.
La misión de los periodistas continuará hasta mostrar que la fuerza del pueblo se mide en la instancia democrática, abierta, justa, real y sin ninguna presión.
Fuente: LA PATRIA
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