Como pudo apreciar la opinión pública de Bolivia y de todo el mundo, los artículos 16 y 23, de profundo carácter antidemocrático, de la llamada Ley Contra el Racismo y la Discriminación, fueron impuestos de manera totalitaria y contra viento y marea, por el partido oficialista, que hizo oídos sordos a todos los pedidos para su anulación o reforma. Durante más de un mes, el intento del Gobierno de aplicar esa disposición, calificada en forma universal como “ley mordaza”, fue objeto de enérgicas formas de oposición por parte de instituciones sociales, culturales y obreras, ya cansadas de ser objeto de medidas contradictorias e inclusive contrarias a la realidad y la Constitución.
Naturalmente, disponiendo a su favor con toda clase de recursos ejecutivos, legislativos y judiciales, así como del omnímodo poder estatal e ilimitados recursos políticos y económicos, el oficialismo aprobó y puso en aplicación tan ofensivos artículos que atentan contra los principios más elementales de la existencia individual y los Derechos Humanos. Sin embargo, la disposición prácticamente quedó en cuarentena porque no contó, en ningún momento, con el mayoritario apoyo de la población. En esa forma, si bien la medida fue aprobada en medios parlamentarios sin dificultad, sólo constituyó una victoria pírrica para quienes la habían proyectado, sancionado y promulgado. En ese sentido, sus auspiciadores podrían decir con propiedad: “Una victoria más como ésta y estamos perdidos”.
Prácticamente fracasada la primera ofensiva oficialista contra la prensa libre, enmascarada con argumentos de lucha contra el racismo (ideología a la que todos los medios de comunicación del país y la población boliviana en su conjunto se oponen abiertamente), ahora el oficialismo se propone otro segundo asalto antidemocrático con el objetivo de “reglamentar” la medida “a como dé lugar” y sin tomar en cuenta opiniones que permitan salvaguardar los sagrados derechos humanos de pensar, emitir ideas, exponer opiniones y utilizar libremente el lenguaje, atributos exclusivos que diferencian al hombre de las reacciones instintivas de los animales.
El intento oficial de no modificar los dos artículos cuestionados y proceder a su “reglamentación”, también ha sido nuevamente rechazado de plano por la mayoría de las organizaciones de periodistas así como de los medios de comunicación de todo el país, que han levantado muy en alto la bandera de la libertad de pensamiento y expresión. El argumento central para esa oposición es que los dos artículos en cuestión constituyen abiertas decisiones de censura autocrática y que, por consiguiente, la reglamentación de esa medida significaría, automáticamente, que la censura en general sería objeto de aceptación y, por tanto, que puede ser aplicada en detalle, actitud que fue calificada acertadamente por un periodista, que sentenció que sería aceptar la pena de muerte, escogiendo el arma con el que se va a ser ejecutado.
Las organizaciones e instituciones de prensa del país, excepto algunas contrarias a la independencia de pensamiento y libertad de expresión, anunciaron a toda voz que no participarán en la redacción de una supuesta “reglamentación” de los dos artículos antidemocráticos, de la “ley mordaza”. Esa actitud demuestra que los periodistas del país, convertidos en la fuerza de vanguardia del pueblo, en momento en que han desaparecido los partidos políticos, están dispuestos a dar una nueva batalla contra una dictadura autocrática incompatible con la democracia, seguros, además, que la van a volver a ganar, sosteniendo, en todo caso, que se oponen con firmeza a la ideología racista y la conducta discriminatoria.
Fuente: El Diario, La Paz, Octubre 15 de 2010
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