ONU pide a la prensa participar de reglamentación de ley antirracismo

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La representante de la Organización de las Naciones Unidas en Bolivia, Yoriko Yasukawa, pidió ayer a los gremios periodísticos, participar de la reglamentación de la ley contra el racismo y toda forma de discriminación cuyos artículos 16 y 23 atentan contra la libertad de expresión, con un discurso similar al del gobierno del presidente Evo Morales.

Yasukawa que es responsable de un programa de cooperación económica para redactar leyes de desarrollo constitucional en la Asamblea Legislativa Plurinacional pidió que los periodistas participen del proceso que el Gobierno lleva a cabo con un dirigente de la Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz que fue desconocido por sus bases.

“Nos parece muy importante que en el proceso de reglamentación exista la mayor participación posible, una apertura a opiniones de todo tipo”, dijo la representante de la ONU.

Mientras tanto, los periodistas y la sociedad civil continúan con el proceso de recolección de un millón de firmas en todo el país para presentar un proyecto de ley que derogue los mencionados artículos que penalizan la labor de la prensa en Bolivia.

Yasukawa manifestó que es lamentable que hayan surgido puntos de discordia en el proceso de lucha contra la discriminación y el racismo, porque requiere “del trabajo conjunto de todos los bolivianos y los países de la ONU para combatir este flagelo”.

“Llamaríamos a los medios que, en lo posible, participen en este proceso”, insistió.

“Sabemos que muchos no están de acuerdo con participar en este proceso, pero nos parece que en una democracia es muy importante buscar todos los espacios de diálogo por muy limitados que sean”, reiteró.

Por su parte, dirigentes de los periodistas que, la semana pasada se reunieron con Yasukawa, lamentaron que esa misma posición de invocar a la democracia no haya sido expresada durante el proceso de elaboración de la ley y sólo cuando fue aprobada.

La reglamentación no cambiará el fondo de la ley, reiteraron los dirigentes.

RECHAZO INTERNACIONAL

Pero pese al apoyo de la representante de la ONU al Gobierno y la ley con “artículos mordaza”, organizaciones internacionales de prensa y defensa de la libertad de expresión ya desplegaron una intensa campaña de alerta mundial por lo que consideran un atentado contra ese derecho humano fundamental.

En una carta abierta al presidente Evo Morales y su gabinete el Comité Internacional para Protección de Periodistas, CPJ (por sus siglas en inglés) expresó “nuestra preocupación por algunas disposiciones incluidas en la nueva ley contra la discriminación que amenazan coartar la libertad de prensa en Bolivia”.

“Lo exhortamos a impulsar modificaciones en la ley que resguarden las garantías constitucionales sobre libertad de expresión”, dice la carta.

El pasado 8 de octubre, el Senado boliviano aprobó la Ley contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, que tiene por objetivos la prevención y sanción de actos de racismo y discriminación. El texto de la ley dejó a numerosos periodistas y medios de comunicación bolivianos preocupados por las sanciones que podrían enfrentar por el ejercicio del periodismo, según la CPJ.

De acuerdo con el artículo 16 de la nueva ley, “el medio de comunicación que autorizare y publicare ideas racistas y discriminatorias será pasible de sanciones económicas y de suspensión de licencia de funcionamiento”. El artículo 23, por su parte, establece que “una trabajadora o trabajador” o “propietario” de un medio de comunicación que difundan ideas similares serán pasibles de penas prisión de entre uno y cinco años, y no podrán alegar inmunidad o fuero alguno.

Organizaciones de libertad de prensa, tanto a nivel local como internacional, incluyendo 24 miembros del Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión (IFEX) dirigieron el 7 de octubre una carta al presidente de la Asamblea Legislativa, Álvaro García Linera, expresando sus preocupaciones por los detrimentos que la nueva ley puede causar a la libertad de informar en Bolivia.

“El CPJ está particularmente preocupado por el lenguaje amplio e impreciso utilizado en los mencionados artículos, que pueden ser usados para restringir o castigar al periodismo”, dice la misiva.

“Por ejemplo, la nueva ley puede ser invocada para solicitar sanciones civiles, e incluso penales, contra medios de comunicación o periodistas que publiquen o emitan una entrevista con alto valor informativo en la cual el entrevistado efectúa declaraciones que las autoridades pueden considerar racistas o discriminatorias”, se advierte.

“Igualmente, estamos preocupados de que la difusión de opiniones de terceras personas -por ejemplo, un sitio de Internet que permite al público emitir comentarios- puedan promover investigaciones del gobierno y posibles sanciones contra el medio de comunicación”, asevera la CPJ.

Más aún, el lenguaje amplio de los artículos podría promover la autocensura entre los periodistas, e incluso permitiría al gobierno suprimir discursos que considera racistas o discriminatorios sin determinar claramente lo que esos términos significan, según el comunicado.

La CPJ le recordó al Gobierno que “la Constitución de Bolivia garantiza la libertad de expresión y eso incluye el derecho de realizar declaraciones que puedan ser contrarias a los intereses de determinados grupos o individuos. Si esas expresiones no son toleradas, tal garantía constitucional no tiene razón de ser”.

Fuente: La Paz, 20, LA PATRIA