Comisión Interamericana de OEA anuncia audiencia en Washington
Denuncias sobre violación de DD. HH. en Bolivia, expondrán instituciones periodísticas
21 oct 2010
Fuente: La Paz, 20 (LA PATRIA).-
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Delegados de cuatro organizaciones representativas del periodismo boliviano expondrán ante el 140º período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, brazo especializado de la Organización de Estados Americanos (OEA), el contenido y efectos de la política integral que el gobierno de Evo Morales ha decidido imponer en Bolivia, contra las libertades de expresión, información, opinión y que dañan severamente las garantías establecidas para el ejercicio pleno de la Libertad de Prensa.
Una representación de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), Confederación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, Asociación Nacional de Periodistas (ANPB) y de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), será recibida oficialmente el lunes 25 de octubre, en audiencia especial, por los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, en Washington y, de esta manera, iniciar un proceso de análisis y debate sobre la vigencia de las libertades básicas ciudadanas y de los derechos humanos en Bolivia, anunció hoy el Fiscal General de la Asociación de Periodistas de La Paz, Antonio Vargas.
Durante una conferencia de prensa, representantes del periodismo boliviano denunciaron que el gobierno ha desplegado en todo el país, una acción de presión sicológica y violenta contra periodistas y trabajadores de la prensa que dan a conocer sus opiniones de diferentes medios de comunicación; contra quienes realizan la campaña del millón de firmas para cumplir con el objetivo de la iniciativa ciudadana, así como, contra dirigentes de las cuatro organizaciones. Varias fueron las intentonas de secuestrar los libros que recaban las firmas de la ciudadanía en general, según las denuncias.
DENUNCIAS
Vargas, durante la conferencia de prensa, sostuvo que existe “una reducción en el Derecho a la Libertad de Expresión en los procesos electorales”, afirmando que es abierta la injerencia del Estado en la propaganda y las encuestas electorales, como mecanismos de información y opinión electoral y, por lo tanto, inconstitucional, pues al ser esta intervención fiscalizadora y punitiva excede la participación de los sujetos involucrados y compromete la participación de la sociedad.
En un segundo punto, denuncia las prohibiciones y sanciones para la campaña y propaganda electoral de los candidatos a cargos judiciales y explica que constituyen una clara violación de la libertad de expresión, información y, desde luego, a la libertad de prensa.
La Ley contra el Racismo y toda forma de Discriminación, desconoce el artículo 107 de la Constitución Política del Estado, criminaliza el trabajo periodístico, atenta contra el derecho al trabajo, vulnera de libertad de pensamiento, expresión, información e introduce al ente regulador en la figura de juez y parte.
Se refiere, finalmente, a que el proyecto de Ley de Transparencia y acceso a la información pública, elimina a la reserva de la fuente como “secreto inviolable” y la reduce a una clasificación de tercer tipo que puede ser dejada sin efecto por simple orden judicial.
Vargas afirmó que el gobierno lleva adelante “una política que vulnera el derecho fundamental de la libre expresión y construye una “arquitectura jurídica” restrictiva y punitiva para la sociedad boliviana en general y contra los periodistas y trabajadores de la prensa en particular.
Fuente: La Paz, 20 (LA PATRIA).-
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