La Democracia del Silencio

La judicialización de la Libertad de Expresión pone en duda el respeto a la democracia que pregonan autoridades de gobierno, puesto que la recién promulgada Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, será el instrumento para atacar a los medios de comunicación y los periodistas, por así convenir al interés de los gobernantes.

Al ser una ley privativa del derecho ciudadano a la libre expresión, que es un derecho humano absoluto que no admite ser desconocido en ninguna situación, según reconoce en su artículo 12 la Declaración Universal de los Derechos Humanos que consagra además el derecho a la información estableciendo que: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión; este derecho incluye (…) el de investigar y recibir informaciones y opiniones y difundirlas (…)”, no puede ser instrumento político del actual partido de gobierno y de nadie.

Los artículos 16 y 23 de la ley antirracismo y antidiscriminación establecen que: “El medio de comunicación que autorizare y publicare ideas racistas y discriminatorias será pasible de sanciones económicas y de suspensión de licencia de funcionamiento, sujetos a reglamentación” en el primero y ratifica el segundo que: “La sanción será agravada de uno a cinco años de prisión cuando el hecho sea cometido por un trabajador de un medio o el propietario sin que pueda alegar inmunidad ni fuero alguno”, lo que pone al descubierto la intencionalidad de la nueva norma para obligar a la práctica de la Democracia del Silencio.

Con esa actitud la Administración de Gobierno pierde legitimidad, aunque haya obtenido una mayoría en la última elección, porque no respeta el derecho a disentir de los ciudadanos y ahora con la judicialización de la libertad de expresión, pone en duda la pluralidad amedrentando con el silenciamiento de los medios, en fiel demostración que el Poder Legislativo no goza de independencia y que más bien aplica directivas del Ejecutivo como en el caso presente.

No podemos olvidar que fue el propio presidente del Estado Plurinacional Juan Evo Morales Ayma, quien instruyó que “se apruebe la ley sin modificaciones”, quedando de esa forma nula la independencia de los poderes, poniendo al descubierto que la Asamblea Legislativa Plurinacional resulta ser un apéndice del Poder Ejecutivo y del gobierno de turno.

La nueva norma, propia de un Estado Autoritario, promulgada el pasado 8 de octubre por su contenido y alcances en los artículos 16 y 23 conlleva una clara y evidente violación a los derechos a la libertad de expresión, prensa e información, reconocidos en los artículos 21 numeral 5, 106 y 107 parágrafo II de la Constitución Política del Estado; artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Político; y artículo 13 numerales 1), 2) y 3) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Por ello los periodistas de Bolivia pedimos y exigimos la derogatoria del artículo 16 y la modificación del artículo 23 de la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación como única forma de preservar los derechos constitucionales y la democracia en el país, lo contrario significa vivir una etapa de autoritarismo y depender de un estado autoritario que quiere adueñarse del proceso de cambio, que es propiedad de todos los bolivianos.

No se debe olvidar tampoco que el proceso de cambio en el país se gestó desde las largas luchas contra los gobiernos autoritarios y de facto, siendo las valerosas mujeres mineras junto a los periodistas con una prolongada huelga de hambre, quienes consiguieron la convocatoria a elecciones para derrocar al gobierno del septenio Banzerista, lucha que continúo contra otros gobiernos autoritarios, donde los actuales gobernantes que usufructúan el poder a nombre de la democracia, nunca estuvieron presentes para defenderla y solamente son beneficiarios de este derecho que costó al pueblo sangre, dolor y lucha.

El proceso de cambio en la vida democrática del país se gestó desde la marcha indígena, desde las movilizaciones para conseguir los procesos autonómicos en el Oriente del país a partir de la movilización de Santa Cruz, Pando y Beni, sumándose Tarija, para recién incluir el gobierno al Occidente, cuando los referéndums aprobaron el nuevo modelo de estado para reemplazar al centralismo que todavía impone el Poder Central.

Este proceso de cambio no puede declararse democrático si analizamos desde la óptica del gobierno que para conseguir el poder total y absoluto incluso llegó a la suspensión de seis alcaldes de partidos políticos disidentes o de la “oposición” como califica la cúpula de la Administración Morales Ayma, demostrando que las interpretaciones políticas del actual régimen gobernante resultan ser imposiciones de la mayoría, sin respetar el derecho a disentir de las minorías. Por ello la libre expresión es la única forma de preservar la vida democrática y no llegar a la Democracia del Silencio.

(*) Periodista