Las tensiones sociales se agudizan y los problemas económicos se multiplican en Bolivia. Nuevamente el país enfrenta una suerte de acumulación de sus contradicciones que “no son del todo volátiles” y, por el contrario, comienzan a consolidar nuevas corrientes de protesta, con mayor incidencia en los sectores sociales representados por los movimientos originario indígena campesino y gremiales. El fenómeno, de persistir en el tiempo, podría alcanzar el grado de crisis política o, lo que llaman los analistas, “un punto de inflexión en la tendencia” caracterizada por algunas políticas públicas que se arrastran desde el pasado mediato.
Se encuentran en el escenario de la protesta pública, los cocaleros de los yungas con un bloqueo de caminos que ha pasado el nivel aceptable en las tensiones sociales para imponer un control sin riesgo de provocar una confrontación violenta, así como, los gremialistas o “trabajadores por cuenta propia” que rechazan los reglamentos propuestos por el Poder Ejecutivo para la vigencia de la nueva Ley de Aduanas, en todo el territorio nacional. Con un plan concreto de bloqueos, buscan sensibilizar a los ministros del área.
La Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Tupac Katari, también en el Departamento de La Paz, organizan una masiva movilización de sus bases en demanda del cumplimiento de siete puntos concretos que hacen al desarrollo departamental, respeto a las instituciones originarias, presupuesto para proyectos agro industriales, la renuncia de cinco ministros del Gabinete del presidente Morales, además del latente tema que sacude a todas las esferas sociales de Bolivia: La libertad de expresión como basamento para la vigencia del sistema democrático, de las libertades ciudadanas y la institucionalización del país. Pero también se encuentran las federaciones de Juntas Vecinales, especialmente, de la ciudad de El Alto, exigiendo el cumplimiento de importantes ofrecimientos electorales del MAS, para solucionar sus más urgentes necesidades, como el núcleo social más pobre de Bolivia.
Los trabajadores mineros de Huanuni y las cooperativas tradicionales no están exentos del conflicto, puesto que la “demanda de ampliar la base productiva en la minería nacional”, no ha dado el paso inicial para la instalación de nuevas plantas de refinación de los argentíferos que, en los últimos días, alcanzaron el nivel más alto en sus cotizaciones internacionales, especialmente, la plata y el estaño. Se trata del proceso de adjudicación del proyecto, cuyas licitaciones desde principios de año, no captaron la atención de empresa internacional alguna que se interese por la provisión de esos complejos sistemas de lixiviación, debido a problemas legales y exigencias inaceptables en cuanto a garantías y boletas fiscales que traban cualquier voluntad privada.
Ha llamado la atención, sobre todo a nivel internacional, la Ley contra el racismo y la exclusión, cuyo espíritu no avanza hacia su erradicación como objetivo central del gobierno, sino que estimula los fenómenos que provocan divisiones ahora inexistentes entre “racistas y quienes luchan, hipotéticamente, contra esos males de lesa humanidad”. En medio del instrumento, se han introducido dos artículos que, explícita e implícitamente, imponen un régimen de censura previa contra los periodistas y los medios de comunicación en general. Lo implícito de la norma, es que liquida el derecho que tienen todos los ciudadanos a expresarse y comunicarse como personas y como seres políticos por excelencia, en el marco de un derecho natural ganado a través de la historia de la humanidad.
Estas tensiones sociales podrían derivar en una crisis sin precedentes, en el corto segundo mandato presidencial en vigencia, lo que implica el resultado de una simple reorientación o reacomodo de las políticas que hicieron aguas en octubre de 2003. Lo visible y que forma parte de las denuncias de los movimientos sociales en conflicto, es la indiferencia del gobierno y la ineficiencia de sus ministros para atender dichas demandas, vinculadas con el desarrollo regional y nacional, la producción y la constante elevación de precios en los productos alimenticios básicos.
La posición denunciada por el gobierno, de la existencia de “los antis” o “los contra el modelo político del cambio”, por otra parte, no tiene asidero en la lógica política, puesto que no existe “la fuerza necesaria” como para frenar la proposición gubernamental y convertirlo en un proceso deleznable; por el contrario, es el ejecutivo con toda su base política con “poder de mando”, que juega con sus decisiones y manipula el comportamiento social a través de contados dirigentes, “destruyendo las creencias colectivas”. De esa manera, se destruye el sentimiento de nacionalidad, la vigencia del sistema democrático y el ámbito de la unidad y la soberanía del pueblo. Lo más grave, es que se descuida sustituir lo que se ha destruido, es decir, la relación histórica de los hechos y el pasado de la comunidad.
Para mejor entender, vamos a reprisar un breve y muy sutil pensamiento de Don Carlos Montenegro, quien había interpretado allá en los años cuarenta, situaciones muy similares a las que vivimos actualmente: “En la raíz del proceso que en lo moral y en lo económico conduce a Bolivia por la ruta del envilecimiento, se halla a no dudar, la simiente del antibolivianismo, hijo de los complejos psíquicos originarios de la colonia y pupilo -agente muchas veces- de los intereses antinacionales”.
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