Por la vida y la familia

Del 1 al 2 de octubre se celebró en Cochabamba el III Encuentro por la Vida y la Familia, donde unas cien personas y representantes de instituciones, provenientes de los diferentes departamentos de Bolivia, nos reunimos para reflexionar sobre la problemática de la vida y la familia que afecta a toda América Latina, incluyendo nuestro país. Al final del encuentro se ha publicado la Declaración de Cochabamba a la que haremos referencia en este artículo.

Para conseguir ese objetivo poderosas organizaciones internacionales (entre ellas IPPF, Marie Stoppes, Ipas), con el apoyo del Fondo de Población y de otras organizaciones de Naciones Unidas y de países como Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea promueven la aprobación de normas legales y políticas públicas para imponer los llamados derechos sexuales y reproductivos. Estos derechos, a pesar de la contundencia con la que se les proclama, no están definidos ni aprobados en ninguna declaración universal de las Naciones Unidas. Más bien son presupuestos ideológicos, apoyados por intereses comerciales de empresas farmacológicas dedicadas a la fabricación de anticonceptivos.

En Bolivia con el masivo respaldo financiero de USAID, la organización no gubernamental CIES, miembro pleno de IPPF, la asociación transnacional antinatalista y abortista más grande del mundo, está “socializando” una propuesta de ley sobre los Derechos Sexuales y Reproductivos. Esta propuesta viene a ser una reedición aumentada de la fallida Ley Marco sobre derechos sexuales y reproductivos que en 2004 ya fue rechazada por muchas personas e instituciones de nuestro país y observada por el entonces presidente Carlos Mesa. Pretendía imponer derechos absolutos en materia de sexualidad contrarios a los valores culturales propios de las culturas autóctonas y criollas en nuestro país y en definitiva a la dignidad de la persona humana y de la familia.

La actual propuesta de ley pretende priorizar los derechos sexuales y reproductivos olvidando la lacerante realidad de nuestro país en el ámbito de la salud pública, con notorias deficiencias y carencias para hacer frente a las enfermedades pandémicas de nuestro país que afectan a gran parte de la población carente de recursos que termina muriendo en edades tempranas. Al mismo tiempo agravará la triste situación de la juventud, amenazada por la violencia sexual, la promiscuidad, la pornografía y la prostitución, el alcohol y la droga.

En los países donde se ha implantado la “perspectiva de género” y los “derechos sexuales y derechos reproductivos” ya se ha producido no sólo una alarmante caída de las tasas de natalidad por debajo de la tasa de reposición poblacional, sino también una grave decadencia moral. En efecto se ha multiplicado la transmisión de enfermedades sexuales, incluyendo el sida, los embarazos precoces, los divorcios y los abortos. Es absurdo promover campañas de anticoncepción y legalización del aborto, en un país con bajísima densidad poblacional y con varias culturas y lenguas amenazadas de desaparecer.

De aquí la conclusión de la Declaración de Cochabamba, rechazando la propuesta de ley sobre derechos sexuales y reproductivos como neocolonialismo ideológico, contrario a nuestros valores culturales, principios éticos y derechos fundamentales de las personas y de las familias. Más bien es preciso apoyar iniciativas de leyes que promuevan políticas para combatir la pobreza y la desocupación, la inseguridad ciudadana, el narcotráfico, el abandono de la niñez y de la adolescencia, la desestructuración familiar, entre otros grandes males que estamos enfrentando.

La Declaración hace un llamado a todas las fuerzas sociales de Bolivia para unirse en la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, la dignidad humana y los valores de la familia, basada en el matrimonio entre varón y mujer. Termina la Declaración con la palabra de Jesús en el evangelio: “Conoceréis la Verdad y la Verdad os hará libres” (Lc 8,32).