No hay factor más negativo que ejercer el poder para conculcar las libertades y amedrentar a la ciudadanía y segmentos especiales como los de la Prensa, o generales como los que corresponden a trabajadores de todo nivel, que junto a profesionales y dirigentes de otras capas sociales que puedan disentir con las políticas de Estado y que sólo por esa causa se convierten en víctimas.
El poder y la libertad son elementos antagónicos y por tanto la elección en el desempeño cotidiano debe ser de asumir intransigentemente los valores de la democracia y la libertad o ponerse tras esa línea y actuar en el sentido de hacer prevalecer el poder con fuerza, con intimidación, con total autoritarismo para imponer criterios, sin que valga la opinión del pueblo y de sus variados sectores.
Está visto que en cualquier escala de nuestro diario vivir se observa esa terrible contradicción de poder y libertad. Desde el hogar, el poder paternal puede afectar el derecho de esposa e hijos, eso no quiere decir que se pongan de lado valores morales o se tolere indisciplina, significa que un padre debe tener la suficiente capacidad para armonizar la convivencia pacífica en la familia respetando los valores morales que la rodean. Es casi lo mismo si en el proceso de educación, inclusive superior, se ejerce poder y se elimina el derecho de alumnos a intercambiar ideas, sugerir y opinar sobre los temas que atañen a su formación.
Pero es más serio el problema cuando se transfiere ese poder a la estructura política de cualquier nación, peor si es libre y soberana y por circunstancias de esos movimientos a veces alentados desde afuera se utilizan formas de poder que implican el uso de la fuerza, de la intolerancia, de autoritarismo y la presión para imponer políticas que no pueden estar por encima de los derechos civiles, las libertades, derechos humanos y lo que es más importante el cumplimiento de las leyes vigentes.
A propósito de esa referencia… cumplimiento de normas. La Constitución Política del Estado vigente señala claramente en su artículo 106 que I “El Estado garantiza el derecho a la comunicación y el derecho a la información” añade en su parágrafo II “El Estado garantiza a los bolivianos y las bolivianos, el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información, a la rectificación y a la réplica, y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión, sin censura previa”. Algo más el artículo 107 de la CPE remarca. “I Los medios de comunicación social deberán contribuir a la promoción de los valores éticos, morales y cívicos de las diferentes culturas del país, con la producción y difusión de programas educativos, plurilingües y en lenguaje alternativo para discapacitados”. El parágrafo II señala: “La información y las opiniones emitidas a través de los medios de comunicación social deben respetar los principios de veracidad y responsabilidad. Estos principios se ejercerán mediante las normas de ética y de autorregulación de las organizaciones de periodistas y medios de comunicación y su ley”.
De tales normas consiguientemente se desprende que no son posibles las transgresiones a la Carta Magna con una Ley que se la reconoce en su importancia de respetar los valores de las personas sin ser víctimas del racismo, pero tampoco en el otro extremo, de ser igualmente víctimas de la soberbia, la intolerancia y el autoritarismo propios de un sistema totalitario que puede afectar la democracia y las libertades.
Se comprueba que el poder y la democracia no son compatibles, hay antagonismo entre la fuerza y la libertad. Esto debería tomarse en cuenta para tratar leyes que normen las actividades de la sociedad en su conjunto.
Fuente: LA PATRIA
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