Contra la censura en defensa de la libre expresión

La lucha que libramos los periodistas en defensa de la libre expresión es la acción más directa y una urgente necesidad para asegurar el respeto y la plena vigencia de las libertades individuales y los derechos fundamentales de los ciudadanos en un estado de derecho, porque la consolidación y desarrollo de la democracia depende de la existencia de libertad de expresión.

La libertad de expresión es el derecho que tiene cada ciudadano para expresar libremente sus opiniones y es la base fundamental para la libertad de prensa que permite que los periodistas a través de los medios de comunicación podamos expresar libremente pensamientos y emitir sin restricciones ni censura la información que interesa a la población que debe estar correcta y oportunamente informada.

Los legisladores tienen la obligación de revisar y analizar en la Asamblea Plurinacional la importancia que tiene la libertad de expresión para el desarrollo y protección de los derechos humanos, el papel fundamental que le asignan los organismos internacionales para la defensa de los derechos humanos como un instrumento fundamental para la protección de este derecho en todos los países del mundo, excepto donde hay regímenes totalitarios o se vulneran los derechos individuales y de la prensa.

Así la libertad de prensa resulta ser esencial para la realización del pleno y efectivo ejercicio de la libertad de expresión, constituyéndose en instrumento indispensable para el funcionamiento de la democracia representativa, mediante la cual los ciudadanos ejercen su derecho a recibir, difundir y buscar información, como única forma de expresar libremente sus ideas y opiniones.

En todas partes del mundo donde rige un estado de derecho libre y democrático, la libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas y se constituye en requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática.

No puede existir censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, audiovisual y electrónico porque restringir la circulación libre de ideas y opiniones, así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libre expresión.

De igual manera los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente, debiendo rechazar toda forma de presión directa o indirecta dirigidas a silenciar la labor informativa de los periodistas, porque esas actitudes son incompatibles con la libertad de expresión, derecho consagrado para la población y reconocido para los medios de comunicación.

Asimismo no se puede utilizar el poder del Estado y sus recursos económicos para condicionar o aprobar leyes que limiten el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, con el objetivo de presionar o castigar o premiar y privilegiar a ningún medio de comunicación en función de sus líneas informativas, en desmedro de otros que no se constituyen en voceros de la administración gubernamental, porque esas acciones atentan contra la libertad de expresión.

Los periodistas rechazamos los viejísimos y brutales métodos de persecución e intimidación que pueda convertirse incluso en una persecución estatal directa con la aprobación de una legislación inmoral y no renunciaremos al derecho consagrado que tiene el pueblo con la libre expresión.

Ojalá en Bolivia el derecho a buscar y recoger información de fuentes públicas no sea condicionado a la potestad que tiene el partido en función de gobierno, como fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado, como ocurre en un régimen totalitario socialista, lo que hará difícil ofrecer una información veraz e imparcial a la población, por lo que los periodistas estamos contra la censura en defensa de la libre expresión.

*Periodista